Advierte CDHEZ sobre los riesgos de la Ley de Seguridad Interior

Advierte CDHEZ sobre los riesgos de la Ley de Seguridad Interior
Amenazas graves de la Ley de Seguridad Interior, difundida en redes sociales n foto: La Jornada Zacatecas
  • Ley de Seguridad Interior agrava la crisis en derechos humanos que vive el país
  • Artículo 19, Centro Prodh, Comisión Mexicana de Defensa, entre organizaciones denunciantes

La militarización de la seguridad pública, la falta de controles para garantizar el respeto a los derechos humanos y la intervención del Ejército en contra de protestas sociales que no sean pacíficas son tan sólo algunas de las advertencias que están haciendo organizaciones sociales y agrupaciones de familiares de víctimas en torno a la Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada este jueves por los diputados federales.

En la Cámara de Diputados le dieron luz verde a la iniciativa, sin tener en cuenta el rechazo que hacia ésta tienen un gran número de asociaciones civiles y ciudadanos, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los del Verde Ecologista de México (PVEM), una parte de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), nueve del Partido Nueva Alianza (Panal) y otros nueve de Encuentro Social (PES).

A la ley se opusieron los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los de Movimiento Ciudadano (MC), una parte de la bancada del PAN y la mayoría de los del PRD, así como un independiente.

Asimismo, se presentaron 101 reservas con 44 oradores en la discusión del dictamen en lo particular; sin embargo, ninguna fue avalada por lo que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada, sin ninguna modificación, por 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, por lo que en estos momentos se encuentra ya en manos de los senadores.

#SeguridadSinGuerra es el hashtag que se ha viralizado para oponerse a este nuevo ordenamiento legal y que, además, lleva el nombre de un colectivo que aglutina a más de 250 organizaciones y 200 ciudadanos.

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), Artículo 19, la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), son sólo tres de las agrupaciones que conforman esta red ciudadana y las cuales se suman a activistas y ciudadanos en general, entre ellos los familiares de víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte de las autoridades, en concreto, por integrantes del Ejército Mexicano.

En una imagen compartida en redes sociales, el colectivo hace una enumeración de 10 “amenazas graves” que conllevaría la aprobación definitiva por parte del Senado de la Ley de Seguridad Interior.

La primera refiere que esta legislación “da a las fuerzas armadas facultades de policía, como permitirles acciones preventivas a su criterio”. En segundo lugar expone que “no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, sólo menciona que ‘se respetarán’”.

También menciona que “permite a las fuerzas federales – incluyendo a las militares – intervenir contra protestas sociales si consideran que no son pacíficas”; sin embargo, los señalamientos de estas organizaciones advierten que no se establecen los criterios por los que considerarán que las manifestaciones no están desarrollándose pacíficamente.

Asimismo, que hay una “mala regulación del uso de la fuerza” ya que se remite a protocolos “deficientes y no supervisados”; además de que resalta que “ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial”.

“No impone límites de tiempo a las afectaciones de seguridad interior”, “no obliga a que las autoridades estatales y municipales fortalezcan a sus policías civiles en tiempos y conforme a metas concretas” y “fomenta la intervención militar en el área de inteligencia civil” son otras de las advertencias que realiza el colectivo.

Los dos últimos señalamientos tienen que ver con el hecho de que la Ley de Seguridad Interior “no establece controles ni contrapesos; únicamente habla de que el Secretario de Gobernación remita un informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión” e indica que “las definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior”.

Ley de Seguridad Interior podría desembocar en una
restricción de los derechos y libertades: CDHEZ

La Ley de Seguridad Interior “puede contribuir a la militarización del país, que es un asunto sumamente grave que podría desembocar en violaciones a los derechos humanos y en una restricción de los derechos y las libertades” de los ciudadanos, advirtió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos.

Compartió la postura emitida por la comisión nacional (CNDH) y por la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, en la que se hace un llamado “respetuoso” al Senado de la República “para que revalore el contenido de la ley”.

Este exhorto se realiza, dijo, debido a que existe una gran preocupación de que este documento pueda finalmente salir adelante en los términos actuales que otorgan mayores facultades al Ejército Mexicano y, por otra parte, dejan de lado la profesionalización de las corporaciones policiacas civiles.

Agregó, en el primero de los casos, que las fuerzas armadas con esta ley podrán participar en investigaciones y acciones de prevención, lo que “pudiera generar violaciones a los derechos humanos en el futuro”.

Además, Domínguez Campos expuso que la historia de América Latina ha demostrado las consecuencias fatales que tiene el dar mayor poder a las fuerzas militares ya que esto ha desembocado en varias naciones en dictaduras militares como en el caso de Nicaragua y Chile.

Por tanto, aseveró que “si ya observamos detenciones ilegales y arbitrarias por parte de policía y de elementos castrenses, con esta ley de seguridad el ciudadano observa una restricción en sus derechos porque cualquier militar va a poder detener a los ciudadanos aludiendo que está investigando algún hecho de delincuencial”.

La ombudsman zacatecana recalcó, pues, que de concretarse esta nueva norma podría haber un “uso discrecional de las fuerzas armadas” y además supondría un abandono aún mayor de los cuerpos de policía.

Esta legislación sostuvo que no atiende a “la urgencia” de emprender acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para robustecer a los cuerpos de policía que, a final de cuentas, son las instancias que deben encargarse de la seguridad pública y la prevención del delito.

“De otra manera, va a haber un tanto de confusión, de ambigüedad, respecto de hasta dónde va a actuar el Ejército y hasta dónde van a actuar los cuerpos civiles”, puntualizó.

Domínguez Campos reiteró, en ese tenor, que los esfuerzos de las autoridades en cuanto a recursos, equipamiento y capacitación, entre otros rubros, deben enfocarse a las policías porque en la actualidad los municipios han dejado de cumplir con su responsabilidad en este ámbito; “lo que hace esta ley es canalizar, fortalecer y ampliar las facultades del Ejército y la Marina y dejar de voltear o fortalecer los cuerpos policiacos”.

Por tanto, el llamado que realizó y que es compartido con el de las organizaciones de la sociedad que han advertido de los peligros de esta ley es el de reconsiderar el contenido de la misma y abrir nuevamente su discusión para poder realizar foros en los que  los legisladores federales escuchen tanto a los especialistas en el tema de derechos humanos como a las asociaciones civiles.

Esto es indispensable porque, si aprueban esta ley, “a los problemas de violencia se le puede agregar un problema más que será el de las violaciones a los derechos humanos”.

Tras recordar casos de violaciones de los derechos humanos en los que ha estado involucrado el ejército como los de Tlatlaya y el ocurrido en Calera, Zacatecas, Domínguez Campos concluyó que la legislación que se propone debe redirigirse a fortalecer a los cuerpos civiles y a regresar a los militares a los cuarteles.

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