A propósito de lo que pasa en la UAZ

A propósito de lo que pasa en la UAZ

Con la única intensión de aportar elementos de reflexión que contribuyan a la discusión en la búsqueda de alternativas de solución a los recurrentes problemas de falta de recursos que han sumido en una crisis de proporciones impensables hasta hace algunos años, e insostenible en el presente, a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Para dar solución a largo plazo y no solo paliativos temporales a la problemática financiera por la que atraviesa año con año la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo primero que se debe hacer es reconocer la responsabilidad que cada actor tiene dentro de esta problemática, comenzando por las instituciones del estado mexicano responsables de brindar el servicio educativo a su población, que en este caso corresponde al Congreso de la Unión, como a las Secretarias de Hacienda, y Educación Publica por parte de la federación, al H. Congreso del Estado, Secretarías de Finanzas y Educación y Cultura por parte del Estado de Zacatecas  encabezadas por el Ejecutivo, y por supuesto que también al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a todos y cada uno de los actores universitarios involucrados en este conflicto.

Con base en lo antes mencionado, revisemos el papel y la responsabilidad que a cada quien le corresponde y en consecuencia podemos estar en condiciones de emitir un juicio sobre el cumplimiento o no de su papel de cada actor dentro del presente conflicto de crisis estructural que vive la institución.

El Articulo 73, en su fracción XXV, mandata al H. Congreso de la unión, a dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad (UNAM, 2015), cabe mencionar que dicha obligatoriedad, abarca sin restricciones, todos los niveles y modalidades educativas (escuelas rurales elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la Nación).

En cumplimiento a este mandato Constitucional, el H. Congreso de la Unión, tiene la ineludible obligación de garantizar los recursos presupuestales necesarios para que las dependencias responsables de dar cumplimiento operativo a lo establecido por el Artículo Tercero Constitucional, de brindar educación a toda la población, sin menoscabo de las diferentes modalidades y niveles educativos.

Por su parte, el Artículo Tercero Constitucional (UNAM, 2015), en sus Fracciones IV y V mandata: “Toda educación que el estado imparta será gratuita”y “El estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – Incluyendo la educación media superior y superior, apoyará la investigación científica y tecnológica; y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura” respectivamente.

Para cumplir el mandato anterior, el Gobierno federal, mediante la Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Educación Pública, deberá aportar los recursos necesarios que le den sustento en el convenio de apoyo financiero, a todas y cada una de las plazas docentes contratadas y ejercidas, así como de los gastos que por la gestión administrativa se requieran por la Universidad Autónoma de Zacatecas, para que ésta a su vez, esté en condiciones y posibilidades de cumplir la noble misión de proporcionar cobertura educativa para toda la sociedad zacatecana que así lo demande.

Por su parte, el Gobierno del Estado, conforme al mandato plasmado en la  Ley de Educación del Estado de Zacatecas, en su Sección Segunda, apartado correspondiente a El Estado y los Servicios Educativos, y particularmente en el Artículo 5, donde establece que “Es obligación del Estado prestar servicios educativos a través de las instituciones públicas en el marco del federalismo concurrente” (Zacatecas, 2009).

Para efectuar esta disposición legal, el Gobierno del Estado de Zacatecas, debe incremente el subsidio hasta llegar a la misma proporción que los hacen otros Estados con sus Universidades (30 % del presupuesto estatal) y para eso incorporar dicho incremento a la propuesta de presupuesto estatal con la finalidad de que los integrantes del H. Congreso del estado, también cumplan con su responsabilidad.

Mientras tanto la administración Universitaria, encabezada por el Rector, y conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, en su Artículo 9 correspondiente a las atribuciones de la Universidad y particularmente en su fracción XVII referente a la obligación de Administrar su patrimonio con criterios institucionales de honestidad y eficiencia (Zacatecas U. A., 2001) se le propone lo siguiente:

Dada la falta de recursos a la que se ve sometida la institución, y atendiendo a que el equipo administrativo no realiza una actividad sustantiva para la universidad, se propone la reducción del número de funcionarios al menos en un 60%, y en el caso de quienes permanezcan, apelando a su sensibilidad y espíritu de servicio, que se ajusten al salario máximo que recibe un Profesos Investigador Titular C, más una compensación de 5,000.00 pesos mensuales mientras duren en el cargo.

Teniendo como base los mismos criterios legales, convertir a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en un modelo de honestidad y transparencia en el manejo y  aplicación de ingresos presupuestales y propios que recibe la Institución mediante los diferentes afluentes, donde la opacidad y manejo discrecional de los recursos, pase a ser parte de la historia.

Conforme a lo que establece el mismo artículo de la Ley Orgánica en sus Fracciones XII y XIII, se transparente y acrecienten los ingresos propios, mediante el incremento oficial de las cuotas de inscripción y colegiatura, y en consecuencia desaparezcan las cuotas semestrales que cada unidad cobra de manera discrecional, transparentando con ello el recurso y terminando con el uso discrecional e indiscriminado por parte de los Directores, de los ingresos que se reciben en las unidades académicas.

De igual forma, y conforme al Artículo 4, fracciones I, II, III y IV, fortalecer, fomentar y acrecentar las actividades sustantivas Institucionales, alejándose de la tentación de solamente atender el aspecto de la docencia, dado que el mandato de ley es atender todas sin menoscabo de una o de otra.

Como personal académico, nuestro compromiso debe ser cumplir responsablemente con la actividad sustantiva para la cual fuimos contratados, y con ello estar en condiciones de exigir la retribución que a cambio de nuestra actividad la Institución comprometió en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

Como resultado del análisis anterior, se desprende la conclusión de que ninguno de los actores involucrados en la crisis financiera por la que atraviesa nuestra Universidad, están y/o estamos cumpliendo con tal responsabilidad, de ahí surge la inmediata necesidad de que en el marco legal que le da sustento y fundamenta el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas, todos y cada uno de los actores que tienen y tenemos responsabilidad(Federación, Estado y Universidad) con la Institución, la asumamos como tal,  en lugar de solo repartir culpas.

Solo así la Universidad Autónoma de Zacatecas, tendrá la posibilidad de cumplir con la noble misión de entregar a la sociedad profesionistas que coadyuven al desarrollo del Estado y de la Nación.

 

*Docente Investigador de la UAZ

 

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