Se aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior. Con la abierta oposición de personalidades, decenas de organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos, la mayoría de esas organizaciones tienen prestigio no sólo en México, sino en el mundo. Oposición de los académicos que son expertos en el tema, como el caso de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y hasta del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual anunció la posibilidad de emprender un recurso por inconstitucionalidad de dicha Ley. Académicos, organizaciones y personalidades pedían se realizara una moratoria de esta iniciativa hasta en tanto no hubiera una propuesta que generara mayor consenso y corrigiera los rasgos más preocupantes de la iniciativa. La oposición se funda sobre todo en la posibilidad de llevar a cabo una estructural violación de los derechos humanos en el país por permitir que las fuerzas armadas llevan legalmente tareas de seguridad civil en México. Y a través del tema de seguridad los militares toman un papel social y de impacto político que puede ser muy peligroso en el futuro cercano. Las supuestas ‘defensas’ de los derechos humanos en el cuerpo de la ley son menciones sin impacto alguno debido a su ambigüedad y dispersión de sus fraseos.
Llama poderosamente la atención la forma en cómo se aprobó: proceso exprés y con votaciones presionadas: el dictamen sale un poco antes de pasar al pleno, lo cual es una absoluta irregularidad. Desoyó todas las recomendaciones de expertos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La votación ocurrió y se aprobó por menos de 50 por ciento de los diputados: 248 votos a favor (de 500). El PRI encabezó la votación a favor, donde todos sus legisladores la avalaron con la tradicional disciplina con el ejecutivo. Y Morena con Movimiento Ciudadano dieron la pelea en contra. El PRD y el PAN se dividieron. Sobre todo este último resultó prácticamente pulverizado: de sus 109 legisladores, 78 se hicieron a un lado, entre abstencionistas y ausentes; sólo 17 la votaron en contra. En un tema tan delicado y relevante, con la presencia de una multitud de organizaciones protestando por su aprobación y la nación con la mirada encima de la cámara, Acción Nacional se ausenta o abstiene. Pésimo mensaje. La imposición de una votación de una ley que evidentemente tiene enorme repudio por las implicaciones represivas que contiene en vísperas de un proceso electoral que promete ser álgido, no es buena señal. La negra experiencia en América Latina relativa al papel del ejército en tareas civiles previene a los mexicanos sobe los efectos que esta ley puede traer sobre el país. Ya la iniciativa de la guerra contra el narco de Calderón trajo sangre y sufrimiento, y esta ley es la continuidad de esa misma lógica de acción, pero ahora a cargo del PRI. ¿Más sufrimientos, lágrimas y zozobra para los mexicanos? Los defensores de derechos humanos no ven en esa ley más que amenaza. Otra siniestra mancha de la misma sombra del calderonismo sobre la humanidad de los mexicanos, pero ahora con la marca y uso político del PRI.
