Al momento de debatir sobre los candidatos a la Presidencia de la República se comete el error de hacer alegatos personalistas: si fulano es honrado, si lleva una religión o si tiene preparación académica determinada. Y se insiste en calificar de ‘buen candidato’ al personaje que reúne mayores credenciales en su curriculum vitae. Sí es preferible que nos gobierne una persona ilustrada que una iletrada, sin embargo, eso no es lo determinante en el tipo de decisiones estratégicas que se toman en un sexenio. ¿Las decisiones son determinadas por la calidad moral del candidato o por su credencialización académica? Eso es poco menos que ingenuo. Lázaro Cárdenas apenas tenía cuarto de primaria y ha sido el mejor presidente del país. Por ello, las discusiones basadas en los perfiles personales de los candidatos es debate bizantino (con la salvedad de los mínimos morales). ¿Entonces cuáles deben ser los criterios relevantes?
El Estado es un conjunto de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades reguladas socialmente, y generadas alrededor de decisiones vinculantes para toda una población. Y esas decisiones son la expresión de un poder, el cual es una condensación de un juego o equilibrio de fuerzas que operan dentro del Estado. Por ello, la pregunta relevante es a qué fuerza o hegemonía responde dicho candidato. Dos personas (personalmente) honorables y académicamente brillantes pueden responder a intereses sociales contrarios. Por ello, no es un problema de currículos, sino de intereses sociales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo clasificar o distinguir los intereses que cada candidato defiende? Porque eso de ‘intereses’ es muy complejo: los hay desde económicos, hasta de género, pasando por visiones sobre el tipo de educación que se quiera. Sin embargo, por tratarse de ejecutivo del gobierno, lo que más interesa a la población es la política del bienestar. Por ello, se sabe a quién representa sabiendo qué régimen de crecimiento económico y el modo social de regulación, es decir, el tipo de Estado que quieren construir aquellos a los que representa (directamente) dicho candidato.
El caso de Meade es claro que representa la radicalización del modelo de crecimiento que ha venido teniendo lugar en el país desde hace tres décadas. La cosa es que esas políticas han hecho crecer la desigualdad y han empobrecido a la mayoría de la población, al mismo tiempo que los recursos naturales han resultado saqueados, desde la minería, bosques, aguas y energéticos. Y la financiarización de la economía es otro rasgo definidor de Meade, que operó el rescate bancario, y se negó a rescatar a las universidades estatales antes de salir de la Secretaría de Hacienda. Es un signo claro y ominoso. Esos sí son criterios serios y representativos, no si sonríe o va a misa o era un chico aplicado. Meade representa al neoliberalismo extremo, y por ello, no podemos esperar que haga una hacienda pública progresiva, o rescate el petróleo o regule a la minería a favor de los intereses nacionales. Los temas graves seguirían por el mismo rumbo. Tal vez sin prácticas personales de corrupción o con mayor brillantez que Peña, lo cual significa que es un candidato que mejorará el estilo de gobernar del actual presidente, lo cual no será muy difícil, pero el rumbo del país continuará por donde mismo. Y requerimos que el camino sea otro. Muy otro.
