Una de las vertientes menos abordadas de nuestra modernización política, tiene que ver con el de la transformación de nuestro Estado, de uno que se inscribía en la lógica legalista, a uno en el orden de la democracia constitucional. En este segundo plano, nuestra Constitución pasa de ser un referente para convertirse en una Ley Suprema imperante, presente en cada decisión y acto del Estado, de tal forma que sus principios y artículos son observados con rigor argumentativo y jurídico. De tal fin se encarga el Tribunal Constitucional, que en nuestro caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con distintas reformas, nuestro Poder Judicial ha vivido también una modernización que lo pone hoy en la misma ruta que los tribunales más importantes del mundo.
Todo lo anterior tuvo una extraordinaria muestra el pasado quince de noviembre, con el proyecto aprobado en la Primera Sala, del ministro Arturo Zaldívar. El amparo promovido por la Asociación Internacional, capítulo México, Artículo 19, contra la omisión del Poder Legislativo Federal, al cumplir con la obligación que se autoimpuso en el artículo tercero transitorio, de la Reforma en materia política-electoral de 2014, por la cual debía expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, tuvo una resolución positiva para sus promoventes, pues se resolvió que les asistía la razón, y que la omisión del Congreso de la Unión, sí afectaba su derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, esta histórica decisión de nuestro máximo tribunal tiene su importancia más allá de este caso. Hemos asistido a la primera llamada de atención (que ciertamente es más que eso) a la falta de formalidad y cumplimiento de uno del poder más holgazán que tenemos hasta hoy: nuestro Poder Legislativo. Acostumbrado al sometimiento en tiempos del hegemonismo, nuestro sistema parlamentario asumió, primero, un papel de oficialía de partes y trámite; luego, en la etapa de la pluralidad política, en una mala interpretación de la división de poderes, vivió su propia hegemonía, en la que se impuso a un Ejecutivo débil y faltante de oficio político, nuestros legisladores han gozado (y abusado) del paradigma legalista de nuestro Estado pos-revolucionario. Tan era así que estaban más que ciertos que lo que hicieran (o dejaran de hacer) gozaba de toda legalidad solo por cumplir con los requisitos mínimos de su procedimiento legislativo. Hoy el Poder que durante décadas había permanecido ajeno a la agenda pública y política, rezagado al trámite judicial y que ha resurgido con nuestra transición política, les ha dicho que ese reinado cómodo y contrario al equilibrio de poderes, ha terminado.
Que la Primera Sala se haya pronunciado contra la omisión legislativa y haya sentado el precedente de amparar a un particular (en este caso una persona moral) por la omisión legislativa, es un hecho histórico para todos los ámbitos de nuestra vida pública: el político, pues dota de instrumentos para el ejercicio de derechos a la ciudadanía y también a actores políticos; judicial pues abre una nueva etapa de relación del Poder Judicial frente a los otros dos (e incluso a los órganos autónomos), y también democrático: México continúa su camino firme para consolidarse como una democracia constitucional con el vigor de las más firmes del mundo.
Este precedente debe quedar claro, igual para operadores del derecho en todos los ámbitos: tanto el judicial, como el político y administrativo. Ya no hay ley, procedimiento, código o costumbre procesal que esté sobre el espíritu y principios de la Constitución, hemos abandonado (por fin) al Estado legalista y sus formas y alcanzamos, luego de mucha retórica, en los hechos la Democracia Constitucional.
@CarlosETorres_
www.deliberemos.blogspot.mx
