Los sismos de los pasados 7 y 19 de Septiembre que dañaron a Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, dejaron más de 115 mil viviendas dañadas, así como cientos de escuelas, caminos, espacios públicos e iglesias también con graves afectaciones. Algunos cálculos hablan de que el proceso de reconstrucción, que inició a partir del censo y que incluye las demoliciones y retiro de escombro, así como la reconstrucción de vivienda, costará a nuestro País cerca de 50 mil millones de pesos.
El escenario económico y presupuestal del próximo año resulta complejo, porque ya veníamos de un escenario económico contraído, con un crecimiento menor a los 3 puntos porcentuales en promedio, un tipo de cambio cercano a los 20 pesos y una tasa de inflación sostenida con alfileres, y ahora se debe agregar este compromiso ineludible, necesario y justo del Estado de apoyar a las miles de familias damnificadas.
El presupuesto de egresos 2018 que acaba de ser aprobado el pasado 9 de noviembre considera un gasto 5.2 billones de pesos, una variación real de 3.3% respecto al Proyecto de Presupuesto de 2017, algunos de los sectores más favorecidos serán el hídrico con una asignación de más de 27 mil millones, en Educación se incrementó la inversión en cerca del 5% respecto al PEF 20017, para el desarrollo social se asignarán más de 2,600 millones, y consideran 28 mil millones para las acciones de reconstrucción. Los gobiernos Estatales, los Municipios, las Universidades, las organizaciones sociales e incluso los proyectos federales que estaban en proceso, ya forman parte de los damnificados y el temor que corre en los pasillos del congreso es que los recursos serán muy escasos en un contexto además políticamente delicado por el periodo electoral.
Si bien existe un margen de recursos aun cubriendo el costo de la atención del sismo no debemos perder de vista que por ser un cierre sexenal y electoral existirán otros gastos que deberán ser atendidos, será un año de la obligatoria conjunción y cumplimiento de los compromisos presidenciales que están en proceso, un año donde por primera vez existe la posibilidad de la reelección, lo que significa la necesidad de los presidentes por consolidar acciones y resultados, así como un año donde tendrá definición la renegociación del tratado de libre comercio (TLC), lo que puede significar la necesidad de recursos para fortalecer sectores económicos clave.
En este contexto, particularmente Estados y Municipios deben poner manos a la obra para generar medidas que nos permitan obtener finanzas sanas el próximo año:
- Es fundamental que los municipios aceleren y fortalezcan su proceso de actualización y modernización catastral, ya que no debemos perder de vista que esta acción tiene un impacto directo en la mejora de la recaudación del impuesto predial, lo que a su vez genera también efectos positivos en los recursos que recibe el municipio por concepto de participaciones.
- Los Estados y los Municipios deben tener desde ahora su banco de proyectos con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de gestión y la generación de “paripassus” que se presentará a partir de las próximas semanas. Estos niveles de gobierno deberán incluso plantearse como una regla que ningún proyecto se apruebe sino se obtiene al menos una coinversión de 50-50 con alguno de los otros niveles de Gobierno.
- El tema del sismo nos ha dado un claro ejemplo de que la solidaridad entre los mexicanos existe y que tanto la sociedad civil organizada como el sector empresarial tienen la disposición de apoyar, en la medida de sus posibilidades, por ello no debemos dejar pasar este momento para involucrar a estos sectores en otros proyectos que sean estratégicos para el desarrollo de las comunidades.
En general, el 2018 será un año complejo pero también podemos verlo como un año de oportunidades para aquellas administraciones que son eficientes y proactivas. La competencia por los recursos entre proyectos será dura, pero es en estos momentos en los que se demuestra la capacidad y preparación de los funcionarios públicos. Zacatecas tiene obras y acciones urgentes que realizar y no podrá hacerlo de forma aislada o sin apoyo de los otros niveles, el caso de la UAZ es un claro ejemplo de la necesidad de conjuntar esfuerzos desde luego dejando claro que sin un compromiso de la administración y personal académico y de apoyo de la propia institución, de generar un esfuerzo de austeridad presupuestal, ningún apoyo será suficiente. También están en entre las urgencias proyectos de infraestructura, como presas y autopistas, fundamentales para el crecimiento del Estado en los próximos años.
Aprovecho el espacio para externar mi solidaridad con toda la sociedad zacatecana por estos difíciles momentos por los que atraviesa en materia de seguridad, ya que de por si cualquier acto de violencia es en sí doloroso, el daño se magnifica cuando los sufren jóvenes y mujeres. Cada quien debe asumir su responsabilidad, pero eso no significa que cada uno de nosotros pierda la obligación de contribuir desde su trinchera para detener este flajelo, solo unidos y coordinados vamos a salir adelante.
