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No “politizar”

No “politizar”

El fenómeno de violencia e inseguridad en Zacatecas ha rebasado los límites de credulidad pública. El desafío, para cualquier gobierno, resulta monumental, no sólo por el ritmo en que el tejido público parece desgarrarse, sino por la ferocidad con la que el crimen organizado impone sus leyes, a base de la fuerza y la intimidación, en la vida cotidiana de la gente.

La indignación no se hace esperar en la ciudadanía. La población utiliza los canales convencionales para mostrar su desconcierto, desaliento y rabia. Vivimos en una democracia donde estas expresiones son legítimas y, además, comunes.

Por el otro lado, el gobierno, en una espiral de conmoción -igual de legítima que la de la ciudadanía- se ha dado a la tarea de abrir diálogo con las víctimas y la comunidad enlutada. La excitación de esos momentos de irritación ha generado algunas declaraciones imprudentes, cierto, sin embargo, la institucionalidad se mantiene en pie, y esa es la pieza fundamental de la relación entre gobierno y sociedad.

Entramos a un modelo “ciudadano” de gobernar, como lo advirtió el contador Tello en su campaña. Hay un enfoque menos políticamente correcto, donde el ritualismo obcecado y celoso de los políticos –viejos y jóvenes- fascinados por el antiguo régimen, ha quedado fuera. De ahí que los “errores” o las “malas interpretaciones” cuando habla un ciudadano y no un político, tengan una connotación menos obsesiva.
Y es totalmente válido, aunque al gobernador le han costado, continuamente, la respuesta iracunda en la opinión pública. Como consecuencia, decidirse por dejar en manos de su equipo de trabajo el dar la cara en cada uno de los temas de la agenda pública ha sido un movimiento que incluso la misma oposición le ha reconocido. Estas reconfiguraciones en su gobierno son necesarias, y seguramente ya ha podido rescatar elementos valiosos de las mismas.

En esta misma lógica de renovaciones, el contador Tello bien podría clausurar el persistente llamado de sus asesores a “no politizar” las diversas manifestaciones ciudadanas. Con una visión partidista, casi electoral, quienes intentan convencer al mandatario que la ciudadanía no debería “politizar” los problemas públicos, equivocan la tarea de las instituciones.

La politización es parte irrenunciable de cualquier democracia, por el simple hecho de que se ejercen derechos inalienables (irrenunciables), que la Constitución garantiza a toda la ciudadanía: derecho a la libre expresión, a la reunión y manifestación pacíficas, a la libertad intelectual, etcétera. No es en esa batalla donde el gobierno va a mostrar cordura y madurez. Por el contrario, el gobierno está obligado a garantizar este libre ejercicio político de los distintos intereses.

Es en el desarrollo de información de inteligencia para conocer de qué forma se politiza cada manifestación pública, y con qué fines se politiza, con que el gobierno podrá tener herramientas para incidir como árbitro de los intereses políticos, o como jugador así sea el caso. Aquí habría que diferenciar entre “incidir” y “descalificar” -en los medios de comunicación- la “politización” de lo político. ¿Cuál es el interés superior del gobierno?

Ahora bien, una desviación natural de la “politización” es la “partidización” de las agendas, y según la historia mexicana, la partidización siempre ha jugado en detrimento de la legítima manifestación ciudadana. ¿Por qué? Porque los partidos intentan ajustar a sus idearios y principios la lucha que nació fuera de sus cotos de poder. ¿Cómo conquistan esas agendas entonces? Incluyéndolas en sus sistemas de prebendas. Es, en buena medida, la historia del sindicalismo mexicano del Siglo 20, por ejemplo.

La aptitud del gobierno debería más bien circunscribirse a la institucionalidad (pese a que su staff de comunicación se empecine en hacer política y de paso confundirla con trivialidades). Pedir que la ciudadanía no ejerza sus derechos irrenunciables, es una batalla que, en principio, el gobierno ni siquiera debería elegir. Se juega su legitimidad como articulador de consensos.

Es ahí donde el contador Tello bien podría reconfigurar los esfuerzos de quienes elaboran información para la toma de decisiones. La diversidad de intereses no debería de entenderse como diversidad de oposiciones. No se trata de privilegiar los consensos de suma cero, donde o se gana o se pierde todo. Los asesores, quienes quiera que sean, están mirando y tasando los fenómenos públicos como conflictos de campaña: hacer todo lo posible por detener el avance del contrincante.

El día de ayer, El Diario NTR retomó el proyecto del docente del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo de la UAZ, Marco Antonio Torres Inguanzo -programa que surge precisamente del consenso entre la academia y el gobierno- con el que se busca “intervenir” (incidir) institucional y metodológicamente en los polígonos de mayor riesgo de penetración del crimen organizado en la población joven.

Por cierto, los departamentos de comunicación de ambas instituciones (metidos en politiquerías y convenios) no entendieron, mucho menos difundieron, la joya que tenían enfrente.

Twitter: @GabrielConV

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