No hay plazo que no se cumpla, refiere el antiguo refrán, en acatamiento del cual estamos a punto de ser (meros) espectadores del “destape”, advenimiento capital de la picaresca, más que política propiamente dicha, padecida por los mexicanos desde la extinción del virreinato, consistente en el nombramiento, por el dueño provisional del país, de quien habrá de sucederlo en el usufructo, fenómeno cuya cabal restauración intenta, por los medios a su alcance, la actual administración.
Salvo las excepciones de rigor, los presidentes de los siglos veinte y veintiuno mexicanos han podido dejar en su lugar alguien dispuesto, así fuera sólo por no sentar precedentes, a cuidar sus espaldas, y evitar así responder por los infinitos excesos incurridos; si bien ninguno tan necesitado de ello como el actual.
Las circunstancias sin embargo, donde lo que seguía no era ya sino una entrega gradual del poder, no son acaso ya las vigentes, y no sólo por el filo mellado de muchas de las mejores armas del anciane regime sino por la erosión, en extremo avanzada, de la legitimidad del mismo.
Lo anterior no implica no disponga, el actual presidente, de formidables instrumentos para imponer un sucesor, algunos de los cuales resultan indudables: dineros público y privado en cantidades masivas; fuerzas armadas formales e informales; autoridades electorales omisas y parciales; oposición fragmentada, etcétera.
Las cosas así una sociedad profundamente indignada, un presidente menesteroso de impunidad, una economía en jaque y una desbordada violencia criminal garantizan la sucesión en puerta no será, en absoluto aburrida.
