La encuesta de Latinobarómetro 2017 refleja el desencanto con la democracia que se vive en América Latina, particularmente la grave situación que vive México, donde únicamente 38% de los entrevistados manifestó que la democracia era preferible a cualquier otro de los sistemas de gobierno, muy por debajo del 63% que la apoyaba en 2002, cuando todavía se vivía la ilusión democrática, a dos años de la primera alternancia en el Ejecutivo federal.
El porcentaje de mexicanos que apoyan la democracia también contrasta con 53% de latinoamericanos que lo hace, en el promedio de los 18 países de la región. Debajo de México únicamente se encuentran Honduras, con 34%; El Salvador, con 35%; y Guatemala, con 36%.
En cuanto a la satisfacción con la forma en que funciona la democracia, México también es de los más bajos, con sólo 18% que se dice satisfecho con su funcionamiento, 12 puntos por debajo del promedio latinoamericano y casi a 40 del 67% de los uruguayos satisfechos con la misma. En la escala de desarrollo democrático, donde uno es no democrático y 10, totalmente democrático, México evaluó con 4.7, únicamente por encima de El Salvador y Brasil, que se ubicaron en 4.4 y 2.2 puntos, por debajo de los 6.9 que obtuvo Uruguay.
Una posible explicación a estos resultados es que 90% de los mexicanos considera que se gobierna para beneficio de unos cuantos grupos poderosos, ocupando el segundo lugar entre los 18 países, sólo por debajo de Brasil, que llegó a 97%. Nada más 8% de los mexicanos respondió que se gobierna para el bien de todo el pueblo; Paraguay, con 7%, y Brasil, con 3%, fueron los que se ubicaron debajo de México.
La encuesta fue levantada entre los pasados 22 de julio y 28 de agosto, apenas unos días después de las elecciones para gobernador de Coahuila y del Estado de México, plagadas de irregularidades. Y en las preguntas relativas a los temas electorales, el único resultado relativamente favorable es que 33% de los mexicanos confía en las instituciones electorales. Si bien es un porcentaje muy bajo, no es tan malo en comparación con el resto de América Latina, pues es de las pocas preguntas en las que el porcentaje de respuestas favorables está encima del promedio –29%– y únicamente por debajo de 51% de Uruguay, 46% de Costa Rica y 36% de Perú.
Sin embargo, respecto a la confianza en los partidos políticos, apenas 9% de los mexicanos tiene mucha o algo de confianza, debajo del promedio latinoamericano –15%– y sólo por arriba de 8% de salvadoreños y 7% de brasileños.
Pero todavía más preocupante de cara a las elecciones presidenciales del próximo año es que únicamente 48% de los mexicanos considera que el voto es secreto; muy por debajo del 64% de promedio latinoamericano y sólo encima de Venezuela, donde el porcentaje es de apenas 45%. El mismo porcentaje de mexicanos (48%) señaló que vio a candidatos y personas de los partidos políticos repartiendo regalos o favores en sus barrios, por encima de 33% del promedio y debajo de Perú (51%), Guatemala (52%) y República Dominicana (53%).
Esta combinación es fatal, pues permite que en México opere la compra y coacción del voto, pues el mismo porcentaje de la población que es víctima de algún tipo de acción clientelar o de soborno es el que cree que los partidos o el gobierno pueden saber por quién votó, por lo cual cumple fielmente con las instrucciones que recibió y no se atreve a sufragar libremente, por temor a las represalias.
Y aunque la confianza en las instituciones electorales es alta, en relación con el resto de América Latina, no lo es para dar garantías y certeza de elecciones limpias, justas, legítimas y legales, pues por cada mexicano que sí confía hay otros dos que no.
La mezcla es devastadora para la incipiente democracia electoral mexicana, porque abre la puerta para la aplicación de todo tipo de prácticas ilegales de manipulación de la voluntad electoral, con la certeza de que las mismas serán exitosas, dado que las percepciones ciudadanas (ausencia de secrecía en el voto y tolerancia a la compra y coacción) y la inoperancia institucional (impunidad administrativa y penal de los delitos y las irregularidades electorales) potencian sus impactos.
Aunque las prácticas delictivas e ilegales no son privativas del PRI, es una realidad que por su posición de partido gobernante a escala federal es el que mejores condiciones tiene para hacerlo: acceso a los recursos públicos, implementación de los programas sociales –los más sensibles para la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad– y suficiente control de las autoridades electorales para garantizar que pueden actuar con absoluta impunidad.
En este escenario, los comicios del próximo año se vuelven cruciales para la democracia electoral mexicana, pues las dos opciones más viables son: que se imponga la maquinaria electoral priista y no sólo retenga la Presidencia, sino que logre la mayoría en ambas cámaras –lo que le permitiría nuevamente someter al control del Ejecutivo a los poderes Legislativo y Judicial–; o que uno de los candidatos opositores logre contrarrestar dichas argucias, haya una nueva alternancia en el Ejecutivo y se abra otra oportunidad para intentar la construcción de un régimen democrático.
El triunfo de un candidato opositor no es garantía de que ahora sí la alternancia de partido en el Ejecutivo se traduzca en una transición a la democracia; pero al menos permite restaurar la esperanza de que en la segunda oportunidad se obtengan mejores resultados.
