Pide Fiscalía española prisión para 4 diputados catalanes

Pide Fiscalía española prisión para 4 diputados catalanes
Manifestantes bloquean una carretera durante una huelga general en Borrassa, cerca de Girona, España, el 8 de noviembre. Foto Ap

Madrid. La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó como medida cautelar la prisión incondicional para cuatro de los seis diputados catalanes que comparecieron hoy, entre ellos la que era presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quien en la sesión del pasado 27 de octubre leyó la declaración unilateral de independencia.

El fiscal solicitó a su vez prisión eludible bajo fianza para la diputada Ramona Barrutet y libertad con medidas cautelares para Joan Josep Nuet, el único de los comparecientes que votó en contra la secesión unilateral de Cataluña.

Después de más de diez horas de interrogatorios y una vez concluida esa fase del proceso, la Fiscalía dio a conocer sus peticiones antes de que el juez instructor, Pablo Llarena, decida finalmente su resolución en cuanto a las medidas cautelares mientras se instruye el proceso y se abre el juicio oral. Los diputados catalanes comparecieron ante la justicia tras ser acusados por los delitos de rebelión, sedición, malversación y cohecho, basándose en su actuación durante la legislatura anterior y en concreto en el pleno del pasado 27 de octubre, con los que pretendían declaración de independencia unilateral.

Además de Forcadell, están acusados Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó, para los que se solicita la prisión.

Tanto Forcadell como el resto de los diputados catalanes cambiaron la estrategia que habían seguido los miembros del gobierno de la Generalitat que comparecieron la semana pasado y accedieron a responder a las preguntas del fiscal, con el objetivo de que el juez valore en positivo su voluntad de colaborar con el proceso.

Durante el interrogatorio, los diputados reconocieron que la declaración de independencia que decretaron fue “simbólica” y “acataron el artículo 155 de la Constitución”, con el que el gobierno español, del derechista Mariano Rajoy, cesó el gobierno de Carles Puigdemont en pleno, disolvió las Cortes y convocó a elecciones para el próximo 21 de diciembre.

El fiscal recoge el papel nuclear de la Mesa, que ha admitido a trámite y sometido a votación leyes “inconstitucionales”, como la ley de transitoriedad, la ley del referendo y la propia declaración unilateral de independencia, votada el pasado viernes 27 de octubre.

“De nuevo, Carme Forcadell, en su calidad de presidenta del Parlament, haciendo tabla rasa de los derechos de los diputados disidentes, posibilitó, en una arbitraria interpretación del Reglamento, la aprobación de dicho texto en un solo día, sin posibilidad de debate, de discusión efectiva de enmiendas o de elevación al Consejo de Garantías Estatutarias, facilitando dar una falsa apariencia de legalidad a este proceso ‘de facto’ de demolición del ordenamiento constitucional”, dice la querella.

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