Las ecuaciones que desde el pasado viernes 20 se propalan a partir del cese del hoy exfiscal Santiago Nieto Castillo y lo que lo motivó, suelen dejar fuera del análisis la posibilidad de que, por una conducta inapropiada, facilitara la impunidad en algún caso.
El mismo día que se conoció la destitución y creció el escándalo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió su postura a través de un comunicado y de la cuenta de Twitter de Alberto Elías Beltrán, el titular en funciones, con una insistencia: impedir que se viole el debido proceso, que luego amplió en entrevistas al explicar que hubo violación de la secrecía de averiguaciones previas en curso.
El uso selectivo de la protección al debido proceso y la secrecía de una investigación (tan frecuente en las instancias de procuración de justicia que tienen la filtración como política comunicacional, pese a lo cual no anulan lo que la ley mandata), además de un cierto desaseo en el procedimiento y la opacidad que a estos asuntos les es inherente, obligan a sospechar motivación política en el cese.
Una lectura inmediata fue que lo corrieron por una entrevista con el diario Reforma, en la que Nieto Castillo refirió presiones e intimidaciones de Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de una carta en la que había pedido informarle si estaba sujeto a investigación y una disculpa.
Lozoya Austin es, hasta ahora, el protagonista en México de una de las investigaciones de corrupción internacional de más alto impacto, el caso Odebrecht, una enorme maraña de relaciones e intereses trasnacionales, que aquí tiene una particular importancia, pues por lo revelado hace dos meses por el proyecto periodístico Quinto Elemento Lab y justo hoy por el emprendimiento Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, afectaría y tendría consecuencias de derecho respecto a la forma en que Enrique Peña Nieto alcanzó la Presidencia de la República y sobre la legalidad de los contratos conseguidos por la empresa brasileña en lo que va del sexenio. Mucho poder, mucho dinero.
El problema es que, hasta el momento de escribir estas líneas, ni la PGR ni Nieto Castillo han admitido que el cese se relacione con ese asunto; no han dicho –si en realidad hubo– cuál fue la conducta inapropiada, ilegal o delictiva concreta.
Del supuesto a lo que hay: Nieto Castillo dijo que era presionado por Lozoya, quien a través de una carta quería ganar impunidad. Lo cesaron. Lozoya hizo pública una carta en la que no se observa nada de presión, y aunque el exfiscal en aquella entrevista expuso que el exdirector de Pemex ofrecía numerosos datos personales, como decir “soy figura pública” y “la autoridad se tiene que disculpar”, lo que se conoce –a menos que haya más– no es suficiente para acreditarlo y parece más próximo a una agenda política del exfiscal.
Y es que en la carta que en respuesta hizo pública Lozoya, en efecto ofrece más generales de lo que es habitual a la solemnidad jurídica, empero, en muchos casos también es común que se proporcionen detalles en un intento de acreditar nombre, trato y fama, ante una autoridad o un juez. Los fiscales, que en este país de amenazas saben, reirían si esa carta es la que Nieto Castillo consideró intimidatoria.
Círculo vicioso éste que deja en la opacidad un tema complejo de cara a la elección de 2018: la PGR no puede revelar detalles del cese, porque hacerlo implicaría a su vez violar la reserva legal de un expediente, justo lo que en las especulaciones-filtraciones se atribuye como conducta indebida de Nieto Castillo, quien por su parte, si la imputación es cierta, puso en riesgo una o varias investigaciones que podrían quedar impunes.
El problema, por ley y por maniobra, es que nada está claro, como sucede siempre con las luchas en el poder en las que nadie es hermana de la caridad y ninguno es del todo inocente… Ni siquiera Nieto Castillo, ahora que, defenestrado, hay muchos interesados en hacerlo un héroe. ■
