Desde su fundación, en el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari, el Partido del Trabajo se ha envuelto en claroscuros, ya que nació como organización política con el beneplácito presidencial y la intervención directa del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari.
Su dirigente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez, ha mantenido el timón de este partido por más de 20 años utilizando componendas de todo tipo y usufructuando los dineros que le tocan como prerrogativas, más aquellos que el Gobierno Federal le entrega a través de la Secretaria de Desarrollo Social para la operación de Centros de Desarrollo Infantil, generalmente administrados por este y otros dirigentes a través de sus esposas u otras representantes.
En Zacatecas no debemos olvidar que la operación de un buen número de Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), la controla José Narro Céspedes quien consiguió este y otros beneficios como dirigente del PT en la entidad y gracias a su relación con Alberto Anaya, con quien rompió lanzas como consecuencia de los acuerdos de éste dirigente y Ricardo Monreal Ávila, que derivaron en su salida del PT para dejarlo en manos del grupo Monrealista.
En la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado está la información de los millones de pesos que José Narro y su esposa reciben para la operación de dichos Centros de Desarrollo Infantil, mientras la historia zacatecana registra las presiones de este líder, que regularmente hace para que le entreguen sin contratiempos esos recursos, y otros más que mucho ayudan en tareas políticas.
La corrupción del PT puede destaparse al grado de que arroje mucho más lodo del que ahora su dirigente nacional Alberto Anaya, dice que le está arrojando desde el Gobierno Federal, como una persecución política y una intensa y agresiva campaña que es consecuencia de su firme y decidida determinación de ir con Morena y Andrés Manuel López Obrador para el 2018.
Mientras Anaya se defiende señalando que “el verdadero origen del problema es la molestia del Gobierno Federal que está presionando al PT para que renuncie a su alianza con el proyecto de López Obrador, pero no nos vamos a rajar”, el pasado lunes por la tarde fue detenido en Aguascalientes el dirigente estatal de este partido, Héctor Quiroz García, acusado por el supuesto desvío de 100 millones de pesos.
Trasladado directo a la Ciudad de México y presentado ante un juez de control que lo requirió, el presunto infractor quedó libre al día siguiente porque el delito del que se le acusa no amerita prisión oficiosa, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, el juez Gerardo Moreno García otorgó tres medidas cautelares en libertad, ya que el acusado tendrá que presentarse todos los lunes a firmar en el Reclusorio Norte o en algún penal de Aguascalientes y deberá entregar pasaporte y visas, para que no pueda salir del país y depositar una garantía de 600 mil pesos en los próximos cinco días.
En la audiencia inicial, que duró más de cinco horas, la fiscalía señaló que el inculpado debe responder por el desvío de 100 millones de pesos realizado entre los años 2012 y 2017, los cuales habrían sido destinados a Centros de Desarrollo Infantil, de los cuales dos de ellos están en Aguascalientes, uno en San José de Gracia y otro en Calvillo.
Según las indagatorias el Gobierno del Estado de Nuevo León habría entregado 100 millones de pesos para la operación de 17 CENDIS de la Asociación Civil Tierra y Libertad de esa entidad, registrada desde julio del 2010 en la ciudad de Monterrey bajo el folio 2934850.
El Ministerio Público Federal presentó pruebas al juez de control Gerardo Moreno García, de que la esposa de Alberto Anaya, María Guadalupe Rodríguez Martínez transfirió 12 millones 899 mil 909 pesos al dirigente del PT en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, quien a su vez realizó 57 retiros de ese depósito por un monto de 11 millones 8 mil 592 pesos, entre el 2 de febrero y 12 de junio de este año.
La carpeta de investigación correspondiente revela que desde 2012 el exdiputado local, Quiroz García recibió depósitos por 67 millones 883 mil 961 pesos, de los cuales ha retirado 40 millones.
Durante la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México surgieron los nombres de María Cristina Martínez, a quien María Guadalupe Rodríguez le transfirió 6 millones de pesos y María Mayra Paredes Díaz, quien recibió en su cuenta 9 millones de pesos.
La Procuraduría General de la República también denunció que el inculpado Héctor Quiroz García no declaró a las autoridades fiscales ninguno de los depósitos que recibió de la esposa de Alberto Anaya, quien ante los hechos, este martes denunció en conferencia de prensa que se trataba de una persecución política de parte del Gobierno Federal.
Mientras tanto en Zacatecas la Diputada local, Geovanna Bañuelos, hizo el papel de caja de resonancia a las declaraciones de Alberto Anaya. Claro, como era de esperarse. Pero mientras las autoridades judiciales determinan si hay o no culpabilidad en los actores e imputados en esta demanda, la suspicacia y los comentarios de que ya era tiempo de destapar las irregularidades en la operación de estos recursos destinados a los CENDIS que administran dirigentes políticos, también hablan de una evidente corrupción.
Total, que ya no hayamos para donde hacernos, la izquierda denuncia corrupción de la derecha y la derecha acusa a los partidos de centro y, la conclusión es que el cáncer está haciendo metástasis en todos los partidos políticos y las acusaciones de uno y otro serán inevitables en las campañas del 2018.
