Madrid. El choque de trenes definitivo entre España y Cataluña inició hoy, con el anuncio del presidente del gobierno español, el derechista Mariano Rajoy, que en los próximos días, previa autorización en el Senado, destituirá a todo el gobierno catalán, convocará elecciones en un plazo máximo de seis meses y se activará una comisión para controlar las iniciativas en el Parlamento catalán.
Según Madrid se trata de unas medidas que pretenden “restituir la legalidad”, mientras que los independentistas reaccionaron con indignación ante lo que calificaron como un “golpe de Estado”.
Rajoy inició el histórico Consejo de Ministros extraordinario alrededor de las diez la mañana. La reunión se prolongó más de lo previsto y no compareció ante los medios de comunicación hasta la una de la tarde, sólo veinte minutos después de que se firmaron las iniciativas propuestas para resolver el conflicto abierto con Cataluña.
Tal y como se había anunciado, Rajoy activó por primera vez desde la restauración de la democracia en España el artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención o suspensión de cualquier autonomía -España está dividida en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas- en caso de que se haya producido una vulneración flagrante de la ley.
Se ha llegado a este punto de no retorno a raíz de una serie de desencuentros y encontronazos de alto voltaje entre las autoridades catalanas y el gobierno español.
Si bien este conflicto es de carácter histórico, su discurrir más reciente se remonta al año 2006, cuando se aprobó un estatuto de Autonomía por parte del Parlamento catalán que fue impugnado por el derechista Partido Popular (PP) ante el Tribunal Constitucional (TC). El órgano judicial emitió su veredicto cuatro años después, en 2010, y decidió modificar una buena parte del articulado, sobre todo el apartado en el que se reconocía a Cataluña su condición de “nación”.
A partir de ahí inició un cada vez más amplío y beligerante movimiento secesionista que ha evolucionado en los últimos años de una forma extraordinaria. En menos de cinco años se ha pasado de que la independencia la apoyaran menos de un 10 por ciento de la población catalana a las cifras actuales, que ronda el 50 por ciento, en gran parte motivado por el desencuentro cada vez más hostil con el gobierno central de Mariano Rajoy.
Sin embargo, la actual situación de suspensión de la autonomía se derivó de las iniciativas planteadas en el Parlamento catalán en los plenos de los días 20 y 21 de septiembre, en los que la mayoría independentista aprobó dos leyes cruciales para su proyecto secesionista: la ley del referendo, con la que daban cobertura jurídica y legal a la consulta ciudadana que estaba programada para el pasado 1 de octubre y en la que preguntaron a la sociedad catalana si querían que Cataluña se convirtiera en una república independiente; y, la segunda, que era la ley de “transitoriedad” o de “desconexión”, que establecía los mecanismos, los plazos y la metodología para desvincular de forma paulatina a las instituciones catalanas de las españolas en caso de que haya sido mayoritaria la opción por la independencia en la consulta.
El diferendo legal llegó con la propia aprobación de esas dos leyes, que fueron de inmediato impugnadas por el aparato jurídico del Estado español, que decidieron presentar sendos recursos ante el TC, que a su vez acordó la suspensión temporal hasta que resolviera el fondo de la cuestión.
Con las dos leyes suspendidas y, por tanto en un limbo legal, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, decidió seguir adelante con la consulta y sacar las urnas a los colegios electorales a pesar de la prohibición y de la amenaza expresa del gobierno español, que movilizó más de 13 mil agentes policiales para intentar evitar la votación.
El día de la jornada electoral se registraron diversos operativos represivos, que dieron la vuelta al mundo por su violencia y porque dejaron un saldo de alrededor de 900 personas atendidas por los servicios sanitarios.
Pese al despliegue policial, la consulta se celebró y votaron algo más de dos millones 300 mil personas, que representa algo menos del 45 por ciento del electorado, y de los cuales un 90 por ciento votó a favor de la secesión. Los partidarios de mantener el actual estado de vinculación al Estado español no hicieron campaña electoral e hicieron un llamamiento a sus simpatizantes y militantes para no participar de la consulta, al considerar que estaba fuera de la legalidad.
Las autoridades catalanas anunciaron el día posterior a la votación, el pasado 2 de octubre, que cumplirían el mandato ciudadano y anunciaron la inminente declaración unilateral de independencia y que lo haría según lo establecido en la ley del referendo, que proponía que el pronunciamiento de independencia se proclamara en la sede parlamentaria y después de una votación del pleno.
Así ocurrió en la sesión del pasado 10 de octubre, en el que Puigdemont declaró la independencia, pero ocho segundos después anunció su “suspensión” para iniciar una fase de diálogo con el gobierno español para acordar el calendario de la secesión.
A partir de ahí, Madrid y Barcelona iniciaron un intercambio epistolar en el que el gobierno español le dio dos requerimientos al catalán para que respondiera con un “sí” o un “no” si en la sesión parlamentaria había declarado la independencia. Las respuestas de Puigdemont fueron ambiguas, lo que desató la aplicación del artículo 155, que se concretó a raíz del Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.
Rajoy, consciente del carácter extraordinario de la medida, logró el apoyo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de Ciudadanos, que entre los tres representan algo más del 75 por ciento del Congreso de los Diputados. Y el respaldo casi total de los países de la Unión Europea (UE) y de las principales instituciones europeas, que anunciaron su rechazo frontal a la independencia de Cataluña de forma unilateral y respondieron con un no rotundo a la propuesta de las fuerzas independentistas de que hicieran de intermediarios en el conflicto.
El plazo que se abre ahora es vital para ambas partes. Una vez que este semana será crucial: este lunes se celebrará un pleno del Parlamento catalán, en el que si se cumplen las advertencias de las fuerzas soberanistas se podría declarar la secesión unilateral, lo que tensaría aún más el conflicto.
En Madrid, en el Senado, se presentarán las propuestas del gobierno de Rajoy y, si se cumplen los plazos previstos por la ley, se podría votar el próximo viernes, con lo que después de su aprobación entrarían en vigor a partir del próximo sábado.
Ese día se haría realidad tanto la destitución de los miembros del gobierno catalán como la creación de una comisión en el Senado que controlará las actividades del Parlamento catalán, que estaría atado de manos para proponer iniciativas en el sentido de la secesión.
El Gobierno pedirá en concreto autorización al Senado para proceder al cese del presidente, del vicepresidente y de los consejeros del gobierno catalán. El ejercicio de sus funciones lo asumirán los ministerios correspondientes durante el tiempo que dure esta situación excepcional, con lo que la Generalitat continuará funcionando y seguirá siendo la administración ordinaria de la Comunidad Autónoma. Con el gobierno y el parlamento catalanes bajo control, entonces el plan de Rajoy es convocar a elecciones anticipados en un plazo máximo de seis meses.
En la rueda de prensa posterior al anuncio, Rajoy explicó que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno, sino que se cesa a las personas que han puesto a esas organizaciones fuera de la ley y del Estatuto.” Y advirtió que “si Cataluña se independizara, Cataluña abandonaría la UE y la Organización Mundial de Comercio”.
Desde las formaciones separatistas se calificó la medida como un “golpe de Estado inadmisible” y se anunciaron una serie de medidas. La primera es una gran manifestación convocada para hoy por la tarde, a la que acudirá el presidente Puigdemont, quien además anunció una declaración institucional para este noche desde el Palacio de la Generalitat.
