Ciudad de México. En el operativo para desalojar un bloqueo carretero que se realizó en Nochixtlán y otras comunidades de Oaxaca, el 19 de junio de 2016, policías federales y estatales cometieron violaciones graves a los derechos humanos contra la población, que inclusive afectaron a terceros que no participaban activamente en las acciones, entre ellos menores de edad, mujeres y adultos mayores.
Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación por estos hechos, en la que demostró que elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, incurrieron en el uso excesivo de la fuerza, lo que incluyó disparos contra los civiles que causaron la muerte de al menos cuatro de las siete personas que fallecieron por impactos de armas de fuego.
En los sucesos los uniformados vulneraron entre otros los derechos a la vida (fueron asesinados siete civiles); a la libertad, la integridad y a la seguridad personal; al principio del interés superior de la niñez; a una vida libre de violencia; al acceso a la justicia, a la verdad y a un recurso jurídico efectivo.
Esto se dio como consecuencia “de un operativo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en el que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas, antes de emplear la fuerza contra la población”.
El operativo, se detalla en la recomendación, fue solicitado por el gobierno de Oaxaca a fin de liberar el bloqueo carretero, pero fue coordinado por la Policía Federal. Sin embargo, estuvo indebidamente coordinado y no se siguieron protocolos de actuación respecto al uso de fuerza
Al presentar ante medios de comunicación esta recomendación dirigida a autoridades estatales y federales, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que por un periodo aproximado de 12 horas se efectuó un operativo “que bien podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales de esta índole», en las poblaciones de Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera.
Advirtió que existió mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes y una inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones.
Además, faltó un análisis de inteligencia en el que se considerara el día que se iba a llevar a cabo el operativo, los posibles escenarios de respuesta de los pobladores, las posibles afectaciones a terceros ajenos a los hechos, así como la ubicación de instalaciones hospitalarias y escolares, entre otros aspectos.
La CNDH indicó que sólo pudo establecer de manera indiciaria que cuatro civiles fallecieron por disparos hechos por policías de Oaxaca. Pero uno de los calíbres encontrados en el cuerpo de una de las víctimas mortales también coincide con las armas que portaban elementos de la Policía Federal.
Agregó que también se pudo confirmar que algunos de los manifestantes portaban armas de fuego y que se usaron cohetones contra los uniformados, quienes también tuvieron bajas y lesionados.
González Pérez enfatizó que la investigación del organismo a su cargo –que se prolongó por casi 16 meses— estuvo marcada por la falta de cooperación real y efectiva por parte de las autoridades involucradas y las encargadas de la investigación penal de los hechos. Esto, lamentó, “representa la falta de voluntad para que se sepa la verdad y se finquen responsabilidades”.
En este operativo, en el que participaron más de mil elementos policiacos, se registraron tres enfrentamientos entre civiles y policías, los cuales dejaron siete personas muertas, 453 civiles con lesiones físicas (45 de ellos por arma de fuego) y 106 uniformados heridos (cuatro de ellos por disparos).
González Pérez demandó que la Procuraduría General de la República, que atrajó las investigaciones por el caso Nochixtlán, finque responsabilidades a todos los funcionarios implicados, pues el operativo se coordinó desde un hotel en la capital de Oaxcaca donde se conformó un grupo de coordinación integrado por representantes de las dependencias involucradas. Entre los funcionarios que deben ser investigados, subrayó, se debe incluir a Enrique Galindo, quien entonces era el comisionado nacional de la Policía Federal.
