■ Habitantes de Mesa de Palmira y funcionarios afectados son intimidados: Gonzalo Tapia
■ Afirma que los responsables están vinculados y son protegidos por José Narro Céspedes
Los presuntos agresores que el pasado 4 de octubre dispararon armas de fuego para evitar la perforación de un pozo de agua, dejando heridos a un funcionario de la Secampo y un habitante de la ranchería de Mesa de Palmira, ubicada en el municipio de Tlaltenango, siguen libres e intimidan a los testigos de los hechos, dijo Gonzalo Tapia.
Al respecto el administrador de Amigos de Agua de Mesa de Palmira Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, organización que obtuvo el permiso por parte de la Conagua para la perforación de un pozo de uso agrícola, señaló la colusión entre el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, José Narro Céspedes, líder de la CNPA y el grupo de agresores, y la omisión de la atención del asunto tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El pasado 11 de octubre los afectados hablaron con Jesús Manuel Valerio Pérez, subprocurador de investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
“Le dijimos, ¿cómo puede ser posible que el día 4 dispararon y ellos siguen como Juan por su casa sin ningún temor? En lugar de estar temerosos por la acción de la justicia están intimidando a los que vivimos ahí”.
Dijo que no hay muestras “de que haya autoridad” y mucho menos de que se haya abierto una carpeta de investigación por estos hechos.
Su intento de interponer una denuncia ante la PGR también resultó infructuoso, “les dijimos de los hechos y de la manera tan sistemática en que actúa el señor Narro junto con el presidente y los rijosos, de esos nos dolíamos”.
La respuesta de las autoridades fue que los quejosos no tenían pruebas de que los agresores hubieran usado armas y por tanto no se podía iniciar una investigación.
“Nosotros diferimos, por lo sonoro del ruido que echaron –las armas de fuego- son de uso exclusivo del Ejército”, pero además hubo lesionados.
“No tenemos las armas porque ¿cómo le íbamos a decir al que nos disparó?, oye préstamela para denunciarte para que sepan el calibre. No espérate, hay lesionados” y está la máquina perforadora de la Secampo “completamente balaceada por todos los extremos”, dijo.
“Hemos hablado a las dos instancias tanto con la –del fuero- común como con la federal. Nosotros le seguimos insistiendo que andan ahí”, y temen además de agresiones personales, que destruyan la máquina.
Dijo que detrás del episodio del pasado 4 de octubre está originalmente un conflicto por tierras que ahora se manifiesta como una disputa por el agua, pero también por el reclamo de una de las partes de obtener recursos económicos.
Desde el año 2000 en que se introdujo la red de agua potable en esa zona el suministro del líquido fue insuficiente para las necesidades de los pobladores.
Si antes tenían que obtenerlo acarreándolo con mancuernas desde un manantial ubicado en La Mesa de Palmira, ranchería de la comunidad de Tlaltenango, Tocatic y Cicacalco, al momento disponen de él apenas por media hora cada tercer día para almacenarlo.
“En media hora pues no agarras nada, primero porque no se tiene la infraestructura (…) entonces todos andamos acarreando donde hay –agua-”, además contaminada con heces fecales según les fue informado por personal de la Secretaría de Salud en el año 2015.
Sus intentos por obtener el agua mediante la perforación de un pozo profundo ya transitó por tres administraciones municipales distintas, y dos estatales.
El primer intento se realizó entre el 2011 y 2012, se obtuvieron recursos del Ramo 33 por casi un millón de pesos, que en el relevo entre administraciones municipales, la del panista Marco López, y la siguiente de Mauricio del Real del Río, del PRI, se desviaron por este último.
Los habitantes de Mesa de Palmira acudieron el año 2015 con el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, quien por medio de la SAMA los integró a un programa al que se destinaron en proporción de los habitantes del lugar, entonces según el Inegi alrededor de 400, dos millones de pesos para perforar el pozo.
Esto detonó la primera agresión por parte de las mismas personas que habrían disparado el pasado 4 de octubre y que dice, están vinculadas y son protegidas por José Narro Céspedes, quienes hicieron presencia en el lugar y exigían el pago de 300 mil pesos por permitir la perforación, alegando que la obra afectaría manantiales de los que ellos se abastecen.
