La ética podría definirse como el arte de actuar conforme a lo más benéfico para la mayoría. Así, hablar de ética no solamente es “hablar”, sino actuar de acuerdo a principios de sana convivencia. Si quien habla de ética es un representante popular o un servidor público, el actuar ético se transforma en un ideal mayor, cuya fuerza debe dirigir todos los actos que en su función realice.
La tarea se vuelve difícil, porque entonces quien ocupa el puesto público debe de cuidar, por ejemplo, de no beneficiar con sus actos en el servicio a amigos o familiares, de no crear redes de clientelismo y, por supuesto, de no beneficiarse a sí mismo ya sea electoral o económicamente.
Viene esto a colación debido a que nos enteramos de los procederes de algunos funcionarios públicos que, aprovechando su posición indudablemente privilegiada, han puesto en marcha la maquinaria estatal, en los tres niveles de gobierno, para “bajar” recursos públicos y emprender así, como el Pepe y el Toño de la propaganda del gobierno federal, negocios millonarios bajo la complacencia de las autoridades y, muchas de las veces, de la población en general.
Es así que, aprovechando puestos de dirección en dependencias como SECAMPO, SINFRA, Partidos Políticos (incluyendo al que ocupa actualmente el Gobierno) y Presidencias Municipales varias (la de la Capital del Estado no es la excepción), sin dejar de lado a las representaciones populares como lo son las Senadurías y las Diputaciones locales y federales, personajes que incluso dicen militar en las izquierdas, han tejido una red de corrupciones (siempre legales, cacarean) que en la actualidad les beneficia económicamente y les permite conservar puestos públicos y posiciones importantes en el sector privado.
Obteniendo fondos de programas como el FICREA o el FORDECYT, o de instituciones como el INADEM, aprovechando observaciones de la COFEPRIS o partidas presupuestarias aprobadas por la legislatura estatal, los beneficiarios y ahora nueva generación de exitosos empresarios, han construido o modernizado instalaciones, han desplegado campañas publicitarias y han cautivado un mercado con las posibilidades que sus influencias les han dado para especular con el precio del chile, del ajo o de la cebolla, darle valor agregado a la uva, introducirse en el jugoso negocio de la industria cárnica y hasta apropiarse del espacio físico idóneo para la venta de éstos productos: el mercado de abastos de la Capital (con los despojos que para esto se requiere).
Estos actos de rapiña no sólo corresponden a la ambición desmedida de quienes los cometen, sino que encuentran fundamento y legitimidad en las teorías del incuestionable desarrollo económico, de la competencia y del libre mercado. Es decir que, además de saber que su modesto “sacrificio” les dejará ganancias millonarias, los integrantes de ésta red de corrupciones dicen creerse realizadores de la historia del orden y del progreso, sin sospechar, siquiera, que su discurso lentamente, pero a paso seguro, va perdiendo legitimidad; ya nadie creemos que la avalancha neoliberal nos lleve a encontrar el bienestar social deseado, sino todo lo contrario: el beneficio de unos pocos a costa de tantos.
Esta generación de malvivientes, abusivos y demagogos, ha comenzado a ser juzgada por la historia y ni la rancia alta sociedad en el estado podrá cubrir las espaldas de tan ambiciosos personajes.
Desde éste momento nos comprometemos a denunciar y a descubrir, con sus nombres y apellidos, a quienes pretenden llevar a cabo y a quienes ya practican estas conductas. Desde aquí hacemos un llamado a l@s periodistas independientes, a la sociedad civil, a los militantes de movimientos e instituciones, a la organización popular, a l@s universitarios, a personalidades varias y a la iniciativa privada verdaderamente decente, a denunciar éstas acciones y a crear un frente de resistencia.
Acabar con la corrupción es tarea de todos y todas y aterrizar ésta ética es el paso necesario para heredar un mundo mejor a las próximas generaciones. ■
