En el gobierno de Amalia García se propuso la idea de moda: transitar hacia un presupuesto por resultados. Lo cual significaba crear un mecanismo para que los presupuestos no fueran meramente inerciales e inertes; sino que estuvieran decididos en función de lo que fueran logrando. De tal manera que si un programa no obtiene lo esperado, pudiera ser eliminado y los programas exitosos, fueran estimulados. Esta medida de Gerencia Pública implica que se cuenta con sistemas de monitoreo y evaluación de la acción de dichos presupuestos, los que se convierten en el instrumento para valorar las partidas. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Pasaron años y años y no se crearon los sistemas de evaluación y monitoreo de las asignaciones presupuestales. Hasta hace unos días esta administración creó el Sistema Estatal de Evaluación (que está bien) pero que tendrá frutos iniciales en un año. Las dos últimas administraciones pasaron en la penumbra de la simulación. Aún más la última.
Sin embargo, si no se avanzó (realmente) al presupuesto por resultados, se esperaría que al menos se vigilara lo presupuestado inercialmente. Y la instancia de vigilancia es la Auditoría Superior del Estado (ASE). Pero es conocido que el anterior gobernador designó para ese puesto a uno de sus empleados desde la campaña electoral. La nula autonomía impedía que pudiera hacer algo. Ya no sólo en la muy controvertida obra pública y deuda, sino en el rubro de Servicios Personales, las irregularidades fueron mayúsculas. Los ingresos de los funcionarios los dividen en salarios e ingresos no-salariales. Y resulta que los segundos son de montos tan cuantiosos que se convierte en una irregularidad. Estipendios que no están bajo algún tipo de reglamentación y que por lo mismo son muy arbitrarios. La Auditoría debía exigir la regularización de dichos ingresos y señalarlos como aberraciones. Pero nada de esto ocurrió.
Son dos problemas mayores que tenemos en este tópico: uno, es lo que la Auditoria omite; y dos, lo que denuncia y queda perdonado por la legislatura o congelado por la instancia que conoce de delitos (la Procuraduría). Por todos lados el sistema de vigilancia del gasto de los recursos públicos hace agua. Hay cosas que no aparecen en las cuentas públicas, y casos que aun apareciendo en ellas, no tienen efectos. Al final del día, todas las irregularidades han quedado impunes.
La combinación de un sistema de evaluación y monitoreo, con el sistema de auditoria y vigilancia, deberían constituir la certeza a los ciudadanos de que los recursos de todos nosotros se invierten en cosas útiles al desarrollo del estado, y además se hace de forma honesta. Esto es, los ciudadanos tenemos años exigiendo un sistema presupuestal que sea efectivo y sin corrupción, pero no lo hemos logrado. Lo que tenemos actualmente es un monstruo ineficaz, obscuro y abusivo. Un teatro de la simulación.
