- El objetivo, reformar y adicionar los artículos 35, 36, 40, 73 y 115 de la Constitución general
Luego de señalar que “un resquicio jurídico” fue utilizado para “evadir la regulación del tema de la revocación de mandato en el ámbito estatal”, Geovanna Bañuelos de la Torre propuso a la 62 Legislatura del estado enviar al Congreso de la Unión un proyecto de decreto, que pidió se considerara “de urgente y obvia resolución” para reformar y adicionar los artículos 35, 36, 40, 73 y 115 de la Constitución general.
La diputada petista expuso como “un imperativo” implementar “el procedimiento que permita al pueblo participar de manera continua en el ejercicio directo del poder de decisión”, ya que en “mecanismos de control” como el juicio político, la declaración de procedencia y el fincamiento de responsabilidades administrativas expuestos en días pasados por sus pares como suficientes para vigilar y evaluar el actuar de los funcionarios públicos electos, “los ciudadanos no participan de manera directa”.
Refirió que la figura jurídica de revocación de mandato se encuentra inserta en la Constitución general del país “de manera genérica” para que pueda normarse en los estados, pero es aplicable sólo a casos de carácter administrativo, penal o civil, por lo que no constituye un medio de evaluación “del buen ejercicio del cargo” respecto del cumplimiento de promesas de campaña o implementación de políticas públicas.
En ese sentido, los argumentos de Bañuelos de la Torre cuestionaron el modelo actual de democracia representativa calificándolo de rebasado, por lo que las reformas y adiciones propuestas en su iniciativa involucran expresamente el concepto de “participación ciudadana” y como derechos de la ciudadanía, los de evaluar la planeación y ejecución de las políticas públicas mediante la revocación de mandato.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En otro momento de la sesión de ayer, el diputado priísta, Carlos Peña Badillo, propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del estado y a los presidentes de los 58 municipios de Zacatecas a incluir en sus proyectos de presupuesto de egresos para el 2018 “recursos suficientes y necesarios” para la operación del Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y su correspondientes municipales.
Tras citar los sustentos legales de orden internacional, nacional y estatal que definen a este sector de la población como sujeto de derechos y la obligatoriedad de destinar recursos para la consecución de los mismos, Peña Badillo consideró a los alrededor de 5 millones de pesos que se dirigieron a este propósito el 2017 como “un monto innecesario para la operatividad y debido funcionamiento” del
sistema”.
No expuso, sin embargo, datos o estadísticas a modo de acercamiento a un presupuesto con “recursos suficientes y necesarios” para este mecanismo transversal.
En entrevista posterior a su intervención, al ser interrogado acerca de si el Sistema Estatal para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes tendría para el próximo año un incremento sustancial de recursos correspondiente a la proporción de la población que representa el sector, alrededor de un tercio del total, Carlos Peña dijo que “más allá” de esta dimensión, se pretende destinar recursos específicos para la implementación y operación de este mecanismo transversal.
Sobre el derecho de supervivencia al que acudió para sustentar su propuesta, y la observación acerca del incremento de víctimas de asesinatos dolosos dentro de la población de 0 a 18 años en la entidad, agregó que “sin duda es un tema que tenemos que atender” para “buscar acompañarles, darles condiciones de vida, de desarrollo”.
Reiteró no obstante que “tendremos que ver cómo viene el proyecto de presupuesto –para este sector- “desde el Ejecutivo del estado, mismo que aseguró, buscará “fortalecer en la medida de lo posible”.
Comentó asimismo que ya se ha reunido con la presidenta de la Comisión Ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de los NNA en la entidad, Lorena Lamas Arroyo, con quien celebró un acuerdo para establecer una mesa de diálogo permanente donde se expongan las necesidades del mecanismo, del que también dijo, el año anterior tuvo como piso base de recursos los citados 5 millones de pesos por no contar con una partida presupuestal debido al arranque de su implementación.
Por ello no descartó que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pudiera emitirse un proyecto de decreto donde a partir del 2018 se establezca un “piso mínimo económico” del cual partir en lo sucesivo.
Los diputados a la 62 Legislatura del estado también aprobaron entre otros temas, una iniciativa con proyecto de decreto impulsada por la legisladora Isadora Santiváñez, para adicionar el Código Familiar del Estado de Zacatecas a fin de evitar que se registren menores con nombres “peyorativos”.
