En los meses de octubre, noviembre y primeras semanas de diciembre, los debates en torno a las asignaciones presupuestales son álgidas. Los grupos sociales desfilan, primero en las secretarías de Gobierno Federal, luego en San Lázaro, y después en el estado, para ser contemplados en el presupuesto del año siguiente. Sobre todo las dependencias e instituciones que tienen emergencias financieras graves por el incumplimiento de responsabilidades laborales, como es el caso de las universidades y municipios. La presión y puja de instituciones y grupos sociales para incidir en las decisiones presupuestales queda desdibujada cuando se observa la enorme diferencia que existe entre lo planteado en el presupuesto y la distribución de gasto que aparece en las cuentas públicas. Con dicha diferencia surge la pregunta: ¿por qué tanto apuro en el presupuesto si después, en el transcurso del ejercicio, las partidas se modifican en cantidad y en asignación?
Ante este escenario cabe la pregunta: ¿cómo es que se modifican tanto los presupuestos si se supone que tienen carácter de Ley? En los resultados de las cuentas públicas debe llamarse a cuenta a los (ex)gobernantes para que justifiquen tan arteras violaciones de la Ley. Sin embargo, la práctica es que sin análisis técnico y legal, los encargados de hacer leyes aprueban sin discusión las cuentas públicas. El poder legislativo debe ser vigilante de los procesos que aprueba, como es el caso de los presupuestos. En otras palabras, el legislativo aprueba un esquema presupuestal y, tiempo después, revisa a través de la llamada Cuenta Pública cómo se ejerció lo que antes aprobó. Y la sorpresa es que encuentran que nada se parece y no piden explicación o fincan responsabilidades, sino sólo votan para avalar al gobernante en cuestión.
Ahora podemos comentar y analizar las implicaciones de la aprobación de la cuenta pública 2015, y las acumuladas, que significó el respaldo de enormes modificaciones en las cantidades aprobadas y los rubros ejercidos en los presupuestos. Lo mínimo que esperaríamos en un espíritu republicano sería llamar a cuentas (sobre las Cuentas) al responsable del Poder Ejecutivo de ese momento. Pero no: se levanta la mano y se aprueba. Lo cual revela una suerte de contradicción: una legislatura sin espíritu republicano.
Ahora bien, la ventaja de acceder a las cuentas públicas es que los ciudadanos podemos revisar (aun cuando sea de manera general) los ejercicios del gasto. Y constatar que estos resultados ponen de manifiesto una serie de falacias: la promoción de que hay presupuestos por resultados. Falso. No hay tal cosa. Ni siquiera tenemos revisiones presupuestales por congruencia programática, menos de acuerdo a resultados. Estamos llenos de mentiras y fantasmas. Y ocurre en todos los niveles de gobierno. Otra cosa que se pone de manifiesto es la ausencia de real planeación. Se hacen presupuestos meramente inerciales, y luego se gasta en forma estrictamente circunstancial. Y eso define nuestro modelo presupuestal: circunstancial. ¿A cuáles circunstancias? A las del grupo en el gobierno y sus contingencias políticas. Estamos a la deriva con presupuestos fantasmas en medio de la bruma.
