■ Los inconformes afirmaron que el proyecto no se aprobó en el cabildo capitalino
■ Opinan que Sinfra lanzó la licitación para demoler el inmueble y construir en su lugar un estacionamiento, sin seguir procedimiento
■ Advierten que aumentará la matanza clandestina, por el aumento en los costos
Sin aprobación del cabildo y sin que los afectados directos de la obra conozcan el proyecto, la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) lanzó la licitación para demoler el rastro municipal de Zacatecas y construir, en su lugar, un estacionamiento.
Esta fue la denuncia que hicieron este viernes, ante las oficinas de la dependencia estatal, varios usuarios y trabajadores del rastro de la capital.
Uno de ellos, Roberto Reyes Acevedo, sostuvo que en el mes de julio la alcaldesa de la capital, Judit Guerrero, se comprometió a frenar este proyecto si había problemas con su realización. No obstante, tras la puesta en marcha de la licitación, expuso que “nomás nos da atole con el dedo, no ha retirado nada”.
Como el resto de los manifestantes, Reyes Acevedo apuntó que no están en contra de cambiarse de ubicación, pero insistió en que es inviable que trabajen en el rastro de Fresnillo debido a que los costos para ellos y, por ende, para los consumidores, se incrementarían hasta en 30 por ciento.
Parte del aumento en los precios de la producción y la venta de carne en la capital, indicó que se estaría fomentando la matanza clandestina.
“Si nos quitan el rastro, sacrificaremos en la presidencia o no sabremos dónde. Si voy a matar un cerdito hasta Fresnillo, me sale más caro el combustible que el cerdo, y mejor lo mataríamos en lugares clandestinos, corrales, patios”, expuso y advirtió que “todos salimos perjudicados”.
Descartaron, por tanto, la opción de Fresnillo y precisaron que tampoco pueden trasladarse a los rastros de otros municipios cercanos como Guadalupe o Morelos, porque no tienen la capacidad suficiente. En el municipio conurbado, dijo, las instalaciones del rastro “las iban a modificar pero no han hecho nada ni en el de Morelos”.
Reyes Acevedo señaló que son 80 trabajadores directos entre carniceros, sus empleados, introductores y matanceros; sin embargo, sumando los empleos indirectos y las familias que viven de este espacio, dijo que son unas 500 las personas que dependen del rastro que buscan cerrar sin una alternativa viable.
Este manifestante sostuvo que la presidencia ya tenía un avance considerable en la construcción del nuevo rastro para el municipio de la capital, pero “lo desmantelaron y metieron a la policía municipal”. En una zona cercana a este lugar, agregó, actualmente el ayuntamiento tiene otro terreno con la razón social del rastro, pero “no sé por qué no hayan hecho movimiento”.
Por su parte, Francisco González Romo, quien es integrante de las organizaciones sociales que están respaldando estas demandas, informó que también se está siguiendo una vía legal en el caso, que consiste en haber interpuesto un amparo.
“En este amparo lo que se está peleando es precisamente la obligación constitucional del municipio de brindar el servicio de rastro. Uno de los artículos violados también sería el del derecho a la salud, porque en el momento en que aumente el clandestinaje pueden surgir brotes de brucelosis, de tuberculosis”.
