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La palabra política en México parece sinónimo de lo sucio Debemos reivindicar la limpia lucha ciudadana política

La palabra política en México parece sinónimo de lo sucio Debemos reivindicar la limpia lucha ciudadana política

Las fuerzas del poder, no obstante que operan en todas direcciones, permanecen en la oscuridad. Uno debería saber dónde se oculta aquello que causa tanto daño.
Cuadernos de Juan Rulfo. 1997. Ed. Era

Se suele creer que todo lo que venga del ámbito político es mentira o corrupto, algo peyorativo. Hay profesionistas que se autodefinen apolíticos para sentirse ajenos a lo degradado. También es común que se confunda el término apolítico con apartidista que son diferentes. Quizá todo ello debido a que la política nacional ha sido tan degradada por los últimos gobiernos, que los ciudadanos la ven como sinónimo de sucio.

Pero no es así, la palabra política designa una acción humana relativa a los gobiernos de un estado, a una acción humana vinculada o relativa al poder o aquellos que lo ejercen, que ya pueden ser buenos, malos o mediocres, pero no es inherente a la política esa cualidad buena, mala, mediocre o excelente.

La Constitución es política por su naturaleza, trata del poder y de la división de poderes y las facultades de cada uno de ellos: ejecutivo, legislativo y judicial como corresponde a una ley suprema. Y su cumplimiento o incumplimiento no la hace mejor o peor, toca a los que la ejercen ser responsables de su aplicación y cumplimiento ejecutivo, legislativo o judicial. No es la Constitución la sucia, sino aquellos que la incumplen o ensucian.

Para el filósofo griego Aristóteles, la política ejercida libremente por una o varias personas expresa una sociedad democrática, porque es propio del ser humano discurrir, elegir o discernir sobre lo justo o injusto, lo conveniente o inconveniente, lo bueno y lo malo. Decía: los humanos son el único animal que tiene palabra (logos). Lenguaje y capacidad de discernir a través de la palabra y el diálogo.

Recordemos que la religión es un dogma inamovible, se cree o no en Dios, pero no se pone en tela de juicio su existencia ni se discute, por eso se les negó la manzana a Adán y Eva, para que no tuvieran capacidad de discernir entre el bien y el mal, para ser guiados solo por Dios, a través de las iglesias.

La lucha política ciudadana debe ser para conocer el poder y cómo se ejerce, para hacer libremente la crítica a quienes lo ejercen, para discernir con libertad entre lo conveniente e inconveniente, para elegir las mejores opciones, para someter la propaganda y publicidad oficial a la prueba de la verdad; para evitar mentiras, simulaciones y que manipulen de la opinión pública, para hacer política limpia y ciudadana y oponernos a la política sucia.

En definitiva la lucha política es también ideológica, los medios de comunicación modernos son decisivos en la vida política y pública. Hoy como nunca los medios adquieren fuerza y poder, por la capacidad de influir en la sociedad, en la mayoría.

El V informe presidencial ya no es de gobierno, ni es dirigido al Congreso de la Unión, menos al pueblo. Fue una reunión solo para los identificados con el Presidente, los 1200 invitados de Palacio Nacional. ¿Y cuál fue el contenido del Informe? Dos aspectos centrales: Nuestro país en casi todas las áreas está mejor que nunca, se lleva para convertirlo en una “potencia mundial”. Y, de no seguir por esa ruta, se retrocedería a un modelo que ya fracasó, afirmó.

Para Peña Nieto no hay más ruta que la neoliberal. Cualquier cambio sería llevar al país al fracaso. Por supuesto se refiere a Andrés Manuel López Obrador, el innombrable. Desde aquella presentación de Peña Nieto en la ONU del 28 de septiembre de 2014, hizo a AMLO su enemigo principal, y pretende que lo sea de todo México. Sigue la guerra sucia, ¿qué nos espera para 2018?

¿La verdad histórica puede ser una mentira política?

El problema de la política es saber qué tanto se acercan a la verdad o a la mentira aquellos que ejercen el poder. Ayotzinapa es un caso clave en la vida nacional, porque días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, el 26 y 27 de septiembre de 2014, el procurador de la nación, el secretario de Gobernación y la presidencia misma, afirmaron que el problema era exclusivo del estado de Guerrero, no federal.

Tuvo que precisar la ONU que “la desaparición forzada” era responsabilidad del Estado, hasta entonces asumieron la Procuraduría General de la República, la secretaría de Gobernación y el Jefe del Estado, la responsabilidad del caso. ¿No lo sabían? En cualquier caso quedan mal ante el país y la ONU.

Luego, hicieron más caso a la versión de los delincuentes de la incineración de los estudiantes, al declarar Murillo Karam la verdad histórica del 7 de diciembre de 2014 y la definitiva el 8 de abril de 2016, que desmienten la UNAM, la Universidad de Innsbruck y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de modo tan contundentemente, que se volvió la mentira histórica del gobierno. No obstante un funcionario de la PGR el 31 de agosto de 2017, vuelva insistir: “la verdad histórica no cambiará.” Revelando así la postura real del gobierno y adelantándose a lo que será el final del actual sexenio: sostener la mentira histórica.

Los derechos internacionales son iguales a los constitucionales

México ha dejado de ser una nación solo interna, también es internacional sin dejar de ser nacional, así nos obligan los tratados internacionales que suscribe el Estado mexicano, más allá de los gobiernos sexenales. Sobre todo así lo confirma el nuevo artículo primero de la Constitución desde el 11 de junio de 2011, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA obligó a México a introducir las derechos humanos en su Constitución y darles el más alto rango legal, de hacer obligatorios los tratados y las jurisprudencias internacionales y de cambiar los principios de la Ley Suprema. Hoy somos obreros internacionales o no somos obreros, hoy somos ciudadanos internacionales o lo somos a medias, igual cabe decir de los sindicatos, tribunales, abogados y de todo México.

No como ocurrió en 1992 con la iniciativa de simulación que promovió Salinas de Gortari, con la figura de los ombudsman y las comisiones estatales de derechos humanos, que no pueden obligar a su cumplimiento, solo a “recomendar” a las autoridades. Además, la iniciativa de Salinas de Gortari excluía los derechos del trabajo y los electorales-políticos, casualmente los derechos que destrozó al iniciar su gobierno con el fraude electoral de 1988 por el que subió a la ilegal presidencia, avalada por un tribunal electoral que dependía -ni más ni menos- de la secretaría de Gobernación y que, a los 40 días de iniciar su mandato, con el ejército tomó las instalaciones de Pemex, el sindicato petrolero, la casa de la Quina y la CTM, virtualmente fue una suspensión de garantías para el gremio obrero y quien osare defenderlo, como lo intentó Fidel Velázquez el 10 de enero de 1989. El gobierno de Salinas contó con el apoyo desmedido de los medios de comunicación masiva, para repetir la mentira hasta el cansancio y volverla verdad, como hiciera el nazismo. Los derechos humanos de 1992 sirvieron para la firma del TLCAN de 1994, para los negocios de la oligarquía. Ese gobierno y el PRI ya eran contrarios a la Revolución del 10, la Constitución del 17 y al cardenismo de 1934-40.

Nos hemos detenido en ese sexenio porque el actual es su clara continuación, con el apoyo del PAN de antes y hoy, pero ahora compartiendo el poder de una sola derecha, la identificada con la política neoliberal.

A los ciudadanos nos rige el derecho internacional y el nacional, de nosotros depende ser internacionalistas y ejercer nuestros derechos, como lo afirma la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, recordando a Benito Juárez: los derechos se defienden ejerciéndolos. Se reclaman en los tribunales, foros, comisiones e instancias internacionales, con la guía y principios señalados en el artículo primero Constitucional, sin excluir ningún derecho humano.

Igualmente, corresponde a la ciudadanía consciente y organizada libremente participar y limpiar la política pública nacional e internacional. ■

 

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