Ahora mismo tenemos un sistema de representación y gobierno que no hace posible que las diferentes minorías políticas puedan constituir una mayoría, y una vez ocurrido eso, se exprese en decisiones que afecten a la orientación del gobierno. Ahora un partido político gana la conducción del Ejecutivo y tiene todo el gobierno para ese instituto, y con la mayoría simple en la Legislatura, tiene todo para gobernar sin resistencias o contrapesos: ¡cuántos vicios son hijos de la ausencia de contrapesos! Y esa mayoría, con los partidos que son satélites del PRI, permite bloquear toda iniciativa que pueda cuestionar su actuar en el ejercicio del poder público. El ejemplo más próximo fue la negativa a promover legislación para implementar la revocación de mandato, a lo cual ya se habían comprometido en campaña. Con el uso de esa mayoría rechazan todo ese tipo de iniciativas aduciendo argumentos jurídicamente falaces. ¿Cómo obligar a cumplir a los candidatos sus compromisos de campaña si no hay posibilidades de cuestionar su permanencia en el poder? Sólo si ven que pueden ser expulsados de su puesto es que se tendría una presión suficiente para hacer que den curso práctico a sus compromisos. ¿Qué pasa cuando un político no cumple sus pactos y responsabilidades? Ahora no pasa nada. Por ello, se atreven a realizar las promesas más aventuradas, finalmente llegado el día se disculpan de alguna forma, como responsabilizar a la suprema corte, a “las condiciones” o cualquier cosa. O de plano el silencio, como la promesa del presupuesto participativo.
En el actual sistema es muy difícil implementar la revocación de mandato. Primero, el problema de acordar los causales, después expresar esos motivos en indicadores objetivos que no den lugar a razones de mera apreciación; luego el mecanismo para operarlo, como una consulta o votación universal: quién organiza, en qué momento, etcétera. Eso es así porque la revocación depende del mismo mecanismo por el que fueron designados: voto directo de los electores. En cambio, si no son puestos por el voto directo de la ciudadanía, sino por algún mecanismo del congreso, entonces su revocación sería por esa misma vía: un acuerdo mayoritario de la cámara. Luego entonces, la forma y mecanismo de realizar la revocación del mandato sería asequible, práctica y viable. Pero significaría nada menos que pasar de la forma de estado presidencial a la parlamentaria, en la cual, los ciudadanos votan por la integración proporcional del parlamento, y éste se encarga de formar gobierno a partir de mayorías absolutas, sean de un solo partido o, en su caso, de coaliciones entre partidos más o menos afines. De esta manera, la integración de los gabinetes estaría regulado por medio de discernimientos públicos y no sólo la privada decisión del presidente. El monitoreo de la gestión del gobierno por parte del parlamento sería de otro tipo, no la comedia actual.
En México hemos llegado a un tiempo de extrema necesidad de reformar el régimen político para resolver los problemas reales que ahora tenemos. Se trata de discutir con seriedad, no ocurrencias donde sale peor el remedio que la enfermedad que se pretende curar, como la eliminación de la representación proporcional y el subsidio público a los partidos.
