Los recientes eventos fatídicos en nuestro país, conmovieron y despertaron a una sociedad que, muy a menudo, se muestra indiferente o francamente dividida ante su realidad, donde a pesar de la difusión constante de escándalos de corrupción, así como de los cuestionamientos a las políticas públicas y decisiones que nos afectan como colectividad, priva una suerte de individualismo aletargador.
Sin embargo, el choque emocional que supone la devastación material y la pérdida de vidas humanas en nuestro entorno inmediato, toca fibras sensibles y genera una profunda empatía hacia la desgracia del otro, permitiéndonos atestiguar preciosos actos de solidaridad, unidos en las faenas, donaciones y colectas, para sanar las heridas. Produciendo además, un estado de comunión, donde el interés superior de la nación se eleva por encima de colores, filias y fobias, aunque sea brevemente.
En ese contexto, no debe perderse de vista que según datos de Latinobarómetro al 2013, solo el 27% de la población mexicana se encuentra satisfecha con la democracia, 91% no confía en partidos políticos y 83% no confía en legisladores, indicadores de una frágil cultura democrática y una crisis de representación —así como una invitación directa al totalitarismo—. Por tanto, es natural que una sociedad que entrega lo que no le sobra, exija de sus representantes un gesto de igual desprendimiento, de ahí que en recientes días se viralizara la petición de que los partidos donaren parte de sus prerrogativas para atender la problemática derivada de los sismos. La citada propuesta acarreó posturas encontradas. Mientras algunos legisladores manifestaron una negativa rotunda a la posibilidad de donar parte de dichos recursos, de manera muy afortunada, los dirigentes nacionales del PRI, PVEM, PAN, MC, PRD, PT y MORENA, externaron la posibilidad de buscar los cauces legales que permitiesen su redireccionamiento, cada uno con matices diferentes.
La cuestión no es tan sencilla, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Federal, el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos proviene de una fórmula rígida, insoslayable e irrenunciable, consistente en multiplicar el padrón electoral (87,317,602) por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización ($75.49) —alrededor de 4.2 mil millones de pesos—. Disponiéndose además, porcentajes adicionales para financiar la obtención del voto y actividades de investigación, lo que arroja un financiamiento federal por el orden de los 6 mil 778 millones de pesos, aunados a aproximadamente 5 mil 130 millones más que serán repartidos por los institutos electorales locales. Cifras ciertamente onerosas para una sociedad que demanda frugalidad en el gasto público, aspiración que sin embargo, debe ponderarse con la exigencia de que en materia electoral el financiamiento público prevalezca sobre el privado, pues no hacerlo así conduce a la mercantilización de la democracia y a su debilitamiento.
Así, la modificación de dicho precepto requeriría una reforma constitucional exprés, que se antoja improbable, dada la lentitud del sistema “rígido” que para tales modificaciones prevé el artículo 135 constitucional —votación calificada del Congreso de la Unión y voto mayoritario de las legislaturas estatales—, aunado a que el artículo 105 constitucional dispone que durante el proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Por otra parte, es cierto que si los partidos destinasen sus prerrogativas a la realización de donaciones, dicha conducta constituiría un desvío de recursos, pues como ya se dijo, tienen un objeto de gasto constitucionalmente delimitado, y quien actuara de tal modo sería sujeto a responsabilidades resarcitorias —así lo ha resuelto el TEPJF—. Sin embargo, existe una vía absolutamente legal para usar dichas prerrogativas en la reconstrucción de las zonas afectadas.
En efecto, todo desvío de recursos supone un daño patrimonial a la hacienda pública, por eso se castiga. Empero, lo que los partidos pueden hacer es que, una vez recibidas sus ministraciones financieras mensuales, transfieran parte de ellas a la Tesorería de la Federación, con lo que dichos reintegros constituirían economías presupuestarias —excedentes— que válidamente podrían reclasificarse en el gasto público y ser destinadas a robustecer el FONDEN, o incluso, a crear un rubro de gasto específico para atender la contingencia, cuyas reglas de operación podrían involucrar en su operación y fiscalización a la ciudadanía. Coincido en que dicha acción no sería una panacea, pero sí sería un gesto solidario valioso para una clase política que necesita reconquistar la legitimidad popular. Confío plenamente en que así será y en que, como dice Juan Villoro, continuaremos con el puño en alto.
* Secretario de Acuerdos de la Sala
Regional del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa en Zacatecas.
