El lamentable asesinato de Mara Castilla ha incrementado el miedo que las personas sienten al solicitar servicios de Uber y Cabify. Antes de estas aplicaciones, en México, la única opción similar eran los taxis. Había de dos, de sitio y de la calle. Los de sitio son extremadamente caros y los de la calle extremadamente peligrosos.
En estos últimos la única identificación de tu conductor o conductora es un tarjetón que puede ser fácilmente falsificado y que difícilmente puedes analizar. Es casi imposible saber si el taxi es pirata. La única manera en que tus amigos y familiares puedan rastrear tu viaje es ir hablando con ellos durante todo el trayecto.
La tecnología nos trajo a Uber, Cabfy y similares. Cuando llegaron a México, estos servicios representaron una opción más segura que tomar un taxi en la calle. El problema está en que en un país donde el crimen y la violencia se han vuelto endémicos, no existe blindaje que nos proteja.
Muchos han criticado los filtros de la empresa. Es cierto, Cabify es responsable de seleccionar a su personal. Pero ¿qué pasa con todos los crímenes que se comenten en el transporte público y en los taxis convencionales? ¿Por qué no nos sorprenden igual? Hasta el día de hoy, no le hemos exigido a los concesionarios de otros sistemas de transporte que mejoren sus filtros de seguridad, que ofrezcan un mejor servicio. ¿Por qué?
Tal vez sea por la facilidad de encontrar un posible responsable. Cuando tomas un taxi o usas el transporte público y algo malo pasa los gobiernos locales culpan a los concesionarios y los concesionarios a los gobiernos locales.
Este no había sido el caso para servicios como Cabify. Ahí está bastante claro quién tiene la responsabilidad de seleccionar al conductor y de brindar un buen servicio. El problema empieza cuando la inseguridad afecta el contrato entre dos particulares.
Después del homicidio de Mara, la ciudadanía y las autoridades poblanas empezaron a exigir a Cabify que hicieran algo. Cabify aseguró que la empresa recibió una carta de no antecedentes penales por parte del acusado. Además, señaló a Uber por no hacer público el despido de este individuo por conductas extrañas.
Lo interesante es que, al ser un servicio de más alto costo, enfocado a una clase media que casi no participa, cualquier disfuncionalidad resulta en una indignación de este sector. No es que los crímenes en otros medios de transporte no importen, lo que pasa es que no les afectan tanto a quienes hoy protestan.
Si fuéramos congruentes, entonces protestaríamos con la misma fuerza ante cada caso de agresión en el transporte público. No solamente nos quejaríamos de las cláusulas de las empresas sino de las paupérrimas condiciones del resto de los sistemas de movilidad. Le exigiríamos a los concesionarios que mejoraran sus servicios, exigiríamos al gobierno que retirara a quienes no responden y pediríamos que tengan un padrón público y fácilmente accesible de taxis autorizados y de sus conductores.
A Cabify y a Uber hoy se les reclama tener clausulas donde no se garantiza nuestra seguridad. Sin embargo, el problema es mucho más complejo. El problema está en que en México nadie puede garantizar nuestra seguridad. Creímos, por algún tiempo, que la tecnología por si sola podría brindarnos tranquilidad, hoy nos damos cuenta que no es así. Todas las bondades de la tecnología se pueden venir abajo si no existe el contexto adecuado para explotarlas.
Finalmente, si el terrible asesinato de Mara hubiera pasado en un taxi convencional, la investigación hubiera sido mucho más difícil. Hoy en día, el control sobre los conductores de taxi, así como el control y seguimiento de sus viajes es casi nulo. Muy probablemente las autoridades hubieran tardado mucho más en dar con el acusado y además no se hubiera retirado ninguna concesión a las mafias que las sostienen.
El gobierno de Puebla ha decidido vetar a Cabify, algo que me parece una mala decisión. Bajo esta lógica, el gobierno poblano también tendría que diseñar un plan para garantizar la seguridad de los usuarios de transporte público en el estado, innovar en los sistemas de seguridad de los taxis y demás servicios, y garantizar que a nadie le pasará nada mientras los usen. Esto no va a pasar. Lo único que generará la salida de Cabify es que un sector de la población use servicios aún más inseguros y que aumente la demanda de Uber en el estado.
De esta manera, cada vez se vuelve más difícil sentirse seguro en México. Es inevitable darnos cuenta que solamente un sector con un poder adquisitivo muy alto puede hacer esfuerzos para disminuir las probabilidades de ser víctima de la violencia. Aquellos que pueden contratar choferes, escoltas y carros blindados. Los demás somos víctimas cautivas de la delincuencia.
