La corrupción es la madre de todos los vicios en México, y la impunidad de más de 90 % es su consecuencia más terrible. En México, las autoridades no cumplen ni hacen cumplir las leyes y por ello nada funciona como debiera. Ni siquiera la alternancia en el Poder Ejecutivo federal de 2000 implicó cambio alguno en esta materia. El gobierno de Fox no castigó a ningún pez gordo y la llegada de un nuevo equipo de gobierno sólo incrementó la cantidad de mecanismos utilizados para privatizar el erario. Corrupción e impunidad son la causa de fondo de la inseguridad y violencia que ya afecta a millones de mexicanos, y su presencia es uno de los factores que explica la inefectividad de la estrategia de guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón Hinojoza y continuada por Enrique Peña Nieto. La fiebre de la práctica de los moches inició con Calderón y se mantiene bien aceitada con EPN.
La Estafa Maestra, investigación periodística publicada recientemente reveló un esquema de corrupción usado por el gobierno mexicano para desviar fondos públicos a través de distintas universidades del país y de una red de empresas ilegales. El trabajo realizado por periodistas de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, estudió las cuentas públicas de los años 2013 y 2014, en las que detectaron el establecimiento de contratos ilegales por un monto de 7mil 670 millones de pesos. “El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades sólo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados”, explica un fragmento del reportaje ampliamente difundido. Una investigación similar realizada por periodistas de La Jornada Zacatecas reveló la utilización de un mecanismo similar por funcionarios del Gobierno Federal y de varias universidades locales por un monto mayor a mil millones de pesos. Aunque la auditoría ya ha presentado denuncias penales ante la Procuraduría, simplemente no avanzan: no hay ningún caso resuelto y luego de analizar toda la información no queda duda de que es un fraude enorme contra el país.
La gravedad del problema de la corrupción en México condujo al gobierno de Estados Unidos a plantear la inclusión de un capítulo sobre ese tema en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que refuerza la convicción de expertos mexicanos e internacionales de que no podremos disminuir drásticamente la corrupción en México sin apoyo internacional. Ello podría llegar de la ONU, de la OCDE, o de otras organizaciones multilaterales, pero también se podría originar en la renegociación en marcha del TLCAN, e incluir algún mecanismo similar al utilizado en Guatemala, donde ya han dado golpes ejemplares contra la corrupción, procesando al propio ex presidente de ese país.
Otro de los factores que explica la gravedad de nuestra situación es que el equipo neoliberal que conduce la política económica y financiera de México ha impuesto un modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones, que no genera crecimiento, que ha destruido cadenas productivas y debilitado la economía doméstica. El TLCAN, por falta de políticas compensatorias, ha beneficiado solamente a los estados del norte y del bajío, y perjudicado al resto, especialmente a los campesinos. Tenemos un país que se desindustrializa, una estructura industrial desconectada entre grandes empresas prósperas y “changarros” de baja productividad. La política de ciencia y tecnología es un fracaso por el monto que se invierte (0.4% del PIB) y la escasa generación de patentes. Los resultados sociales son lamentables: una mitad en pobreza, una quinta parte en pobreza extrema, sin grandes cambios. Uno de cada cinco jóvenes ni estudia ni trabaja. Desde los años ochenta los salarios reales crecen en menor medida que la productividad. Como porcentaje del PIB, los salarios representaban el 40% en 1982 y ahora sólo 28%. El capital, 72%. En los países industriales es al revés, los salarios son 65%. Somos de los países más desiguales, el 20% más rico detenta el 60%; el 20% más pobre, el 4%. Hay un proceso de destrucción institucional y pérdida de control territorial.
Me parece evidente que la corrupción y la impunidad, la violencia y la inseguridad, y el modelo económico neoliberal son factores que se retroalimentan, y que no desaparecerán por arte de magia. Se requiere la destrucción de la red de poder sostenida y comandada desde la presidencia de la república, que ha infectado todas las esferas de la vida nacional. Los últimos seis mandatarios, sus cómplices y partidos son los responsables de la catástrofe que vivimos, y en 2018 el pueblo mexicano tendrá la oportunidad de quitarles de las manos, con votos, las riendas del poder que México requiere para que brille de nuevo la soberanía popular conquistada hace 207 años. Tal vez sea nuestra última oportunidad.
