Ciudad de México. El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), desaparecida el viernes 8 de septiembre pasado en Cholula, Puebla, y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer en una barranca en San Miguel Xonacatepec, en los límites con el estado de Tlaxcala, “es el resultado de la omisión, dilación y colusión de las autoridades”, aseveró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Expuso que en Puebla y Tlaxcala -en donde se encuentra el principal corredor de trata de personas en México- fomenta la prevalencia de la violencia contra las mujeres, el incremento de las desapariciones y los feminicidios.
El caso de Mara Castillo, puntualizó en un comunicado, se suma a los 82 feminicidios documentados por organizaciones civiles en lo que va de 2017, y a los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Puebla. Expuso que de acuerdo con los registros a partir del seguimiento hemerográfico, de 2012 a 2015, han desaparecido en esta entidad 780 mujeres, de entre 15 y 29 años de edad.
En ese contexto, agregó, este hecho “no puede ser reducido a un caso de abuso sexual, sino que se tiene que dimensionar el problema estructural que prevalece en ambos estados, en los cuales se ha solicitado la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin que en ninguno de los dos se haya decretado”.
El OCNF añadió que en el Informe del Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud AVGM/08/2016 de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el estado de Tlaxcala, emitido en octubre de 2016, las expertas señalaron que en esta entidad “existen redes consolidadas de trata que operan tanto a nivel nacional como trasnacional. Esto constituye un foco rojo de violencia feminicida, en tanto que es un lugar central de captación de víctimas, de explotación de las mismas y de origen de los líderes de bandas de explotación sexual”.
Asimismo, señalaron que “la desaparición de mujeres en la entidad indudablemente es el preámbulo al delito de trata de personas con fines de explotación sexual y al feminicidio, que se agrava por una situación de impunidad”.
En ese sentido, indicó, la falta de la articulación interestatal en una región donde la violencia hacia las mujeres es sumamente grave, es imposible que prevalezca la incapacidad de indagar y de investigaciones prontas y efectivas; así como la omisión para implementar protocolos de búsqueda para las mujeres de todas las edades, pues si bien existe la alerta amber para niñas y adolescentes, ésta no es operada de manera inmediata ni efectiva.
El Observatorio exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, y demás autoridades estatales que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, tomando en cuenta el contexto de trata de personas que prevalece en el estado Puebla y Tlaxcala.
Se investigue el patrón sistemático y modus operandi de los grupos delincuenciales en Puebla y su relación con los grupos delincuenciales en Tlaxcala, “cuyo actuar concibe a las mujeres como objetos y cuyos cuerpos violentan y asesinan”.
“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”.
