■ Evaden la discusión y votación de “La Estafa Maestra”, que involucra a entes públicos
■ Observaciones resarcitorias que realizó la ASE al ejercicio del presupuesto estatal en 2015 ascienden a 221 millones 600 mil 140.68 pesos
■ Comprende los recursos utilizados por seis dependencias estatales y por la UAZ
Tan sólo faltaba la lectura de un dictamen para que se abriera, después, la discusión de la Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado de Zacatecas, cuando fue suspendida la sesión en la 62 Legislatura local. La razón: falta de quorum propiciada, principalmente, por la ausencia de la mayoría del grupo oficialista conformado por el PRI, el PVEM y el Panal.
Fueron muchas las ocasiones en las que se detuvo la sesión para hacer un recuento de los legisladores presentes hasta que, justo en la lectura del dictamen previo al debate en torno a la cuenta pública 2015, no se alcanzó el número mínimo de diputados que se requería para poder continuar con los trabajos legislativos.
De las fracciones parlamentarias del PRI, del PVEM y del Panal, únicamente quedaron cuatro integrantes: Adolfo Zamarripa, Guadalupe Flores Escobedo, Carlos Peña Badillo y Norma Castorena.
La Cuenta Pública, que debido a la falta de quorum se discutirá y votará el próximo martes, incluye casos como la contratación de empresas fachada con recursos públicos y la participación de instituciones estatales en la denominada “Estafa Maestra”. En ambos casos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) concluye que se deben presentar denuncias de hechos en contra de los responsables.
La observaciones resarcitorias que realizó la ASE al ejercicio del presupuesto estatal en 2015 ascienden a 221 millones 600 mil 140.68 pesos y comprende los recursos utilizados por seis dependencias estatales y por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
La UAZ y los convenios federales
En el caso de la Máxima Casa de Estudios del estado, la auditoría hace señalamientos por irregularidades en la aplicación de 82 millones 522 mil 769 pesos y la mayoría de ellos, 70 millones 476 mil 798.69 pesos, se derivan de convenios firmados por la Universidad con dependencias federal, es decir, son los que están involucrados en el esquema de desvío de recursos que ha sido llamado por medios nacionales como “La Estafa Maestra”.
El monto de casi 70.5 millones de pesos se divide en dos partes en el informe de la auditoría, pero ambas tienen como principales responsables a Armando Silva Cháirez como rector en ese momento de la UAZ y a Edmundo Guerrero Sifuentes, quien era director de la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACyA), además de “responsable del cumplimiento y ejecución de los Convenios de Colaboración”, según puntualiza la auditoría.
El primer monto observado es de 55 millones 777 mil 512.58 pesos por “pagos injustificados de Honorarios Asimilables a Salarios” a 285 personas que fueron contratadas para realizar las acciones convenidas por la UAZ a través de la UACyA con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Entre las actividades que debieron haberse realizado está el seguimiento, análisis e investigación de proyectos dentro del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Sin embargo, la ASE observa este recurso porque “no hay evidencia documental de los trabajos realizados motivo de contratación del personal”.
El segundo monto es el de 14 millones 699 mil 286.11 pesos por erogaciones en diferentes ámbitos como el acceso al financiamiento, el fortalecimiento de la cadena productiva y la productividad agroalimentaria, entre otros. Respecto a estos gastos también se asegura que no fue comprobada su aplicación y no se acreditó que los bienes y servicios que se contrataron fueron recibidos.
En los dos casos la auditoría estaría interponiendo, en caso de que se apruebe el dictamen por parte de los diputados, denuncias de hechos ante las autoridades competentes “por la presunta comisión de uno o varios delitos en el manejo de los recursos públicos”.
Empresa fechada contratada por diputado local
De igual manera, la ASE plantea una tercera denuncia de hechos que tiene que ver con la contratación de una empresa fachada, que específicamente ha sido señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que expide comprobantes “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados por tales comprobantes”.
Se trata de Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.A. de C.V., que fue incluida en el supuesto contemplado en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y la cual fue notificada por la autoridad, sin poder solventar las acusaciones. Por ello, la ASE señala concluye que las facturas emitidas por esta empresa se refieren a “actos simulados”.
Uno de los dos responsables que se apuntan en esta observación es el actual diputado por el Partido del Trabajo, Samuel Reveles Carrillo, quien al momento de la auditoría fungía como presidente de la Asociación Unión de Colonos Solicitantes de Vivienda “la Pimienta” A.C. la cual, dice la auditoría, entregó como solventación de la observación comprobantes “por concepto de Paquetes Alimenticios en Apoyo a la Educación” expedidos por Productos y Servicios Comercializados Gaudino S.A. de C.V.
Esta no es la única vez que con recursos públicos se ha contratado a esta empresa, ya que es una de las compañías que fue requerida por la pasada Legislatura local y la cual emitió facturas al Congreso del estado por una cantidad cercana al millón y medio de pesos por bienes y servicios cuya entrega o realización nunca fue comprobada.
Las facturas que obtuvo vía transparencia La Jornada Zacatecas respecto a este caso abarcaban 2014 y el primer trimestre de 2015. Sin embargo, la ASE no hizo señalamientos en este sentido en contra del Poder Legislativo en la Cuenta Pública 2014 y tampoco existen observaciones en la de 2015 que está próxima a discutirse.
La Legislatura local contrató a la empresa para que brindara servicios de asesorías fiscales y legislativas, mientras que en el caso reciente señalado por la auditoría estatal la compañía facturó por “paquetes alimenticios” un total de un millón 888 mil pesos. Aparte de Reveles Carrillo, se menciona también como responsable al presidente de Zacatecanos en Lucha A.C., Jesús Ruiz Cortes.
Sin comprobar, la procedencia de 20 mdp
Otra de las dependencias de gobierno que presenta un monto mayor de observaciones resarcitorias es la Secretaría de Economía (Sezac) y en las irregularidades detectadas por el organismo de fiscalización estatal resultan responsables, entre otros funcionarios, los tres titulares que tuvo esta instancia en la pasada administración gubernamental.
Éstos son Patricia Salinas Alatorre, Adolfo Bonilla Gómez, actual secretario del Campo, y Federico Borrego Iturbe, quien se desempeña en estos momentos como presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).
Uno de los señalamientos hace referencia a que la Sezac no comprobó con la documentación adecuada la procedencia de 20 millones 918 mil 368.43 pesos que fueron aplicados en proyectos del Fideicomiso de Impuesto Sobre la Nómina.
La ASE señala que esta cantidad de recursos fue erogada “sin soporte documental, con documentación comprobatoria incompleta, sin justificación del gasto, sin comprobante fiscal o con aclaraciones pendientes”.
Por ello, concluye que se informará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre este hecho, para que la dependencia federal resuelva si esta situación deriva en “hechos que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, tal y como lo refiere el artículo 15 del Reglamento Interior de la SHCP.
