Comparece Fabiola Torres Rodríguez ante diputados de la 62 Legislatura

Comparece Fabiola Torres Rodríguez ante diputados de la 62 Legislatura
La secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, compareció ante el pleno n fotos: andrés sánchez
  • Asevera que “se procederá con la investigación y acataremos los resultados”
  • Anuncia que se indemnizará a Martha Leticia, por la demolición de su casa
  • Habitantes de Salaverna demandan destitución de la secretaria de Gobierno

Este martes en la comparecencia de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, en la 62 Legislatura local, donde se abordó el tema del desalojo en la comunidad de Salaverna, la funcionaria llamó a que se investigue si hubo abuso de autoridad y la falsificación de documentos oficiales.

En la intervención en la que dio respuesta a las preguntas de los diputados, Torres Rodríguez sostuvo que “si como funcionarios cometimos un abuso de autoridad, alguna falta administrativa o alguna irresponsabilidad, como servidores públicos estamos obligados a responder, resarcir y cumplir con la sociedad” y concluyó aseverando que “se procederá con la investigación y acataremos los resultados”.

En este caso, la funcionaria se refería a la intervención que debe haber por parte de la Secretaría de la Función Pública para advertir cualquier irregularidad en la actuación de los funcionarios de gobierno en el operativo de desalojo que se llevó a cabo el 23 de diciembre en la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil.

Por otra parte, hizo referencia a raíz de uno de los cuestionamientos de los legisladores al caso de falsificación de documentos oficiales que se reveló en el expediente de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos humanos del Estado (CDHEZ), en concreto, del parte policial elaborado por el comandante que encabezó a los agentes de la Policía Estatal Preventiva que acudieron a la comunidad en el mes de diciembre.

En ese sentido, aseguró que desconoce si hubo modificaciones o no en este escrito, pero hizo el llamado para que “se investigué y se proceda contra quien haya alterado el documento”. El propio comandante señaló como responsable de este hecho a la coordinadora de asesores de la Secretaría General de Gobierno, Raquel Ortiz.

 

Cambia postura; acepta

partes de la recomendación

En su primera intervención, en la que enumeró los argumentos de la secretaría para rechazar la recomendación hecha por la CDHEZ, apuntó que hubo cambios respecto a la postura inicial mostrada por la dependencia estatal ante los señalamientos del organismo defensor de los derechos humanos.

En un primer momento, el rechazo fue categórico y en su totalidad a las ocho recomendaciones emitidas por la Comisión; sin embargo, advirtió que en estos momentos sí acatarán varios de los requerimientos.

Se trata de las recomendaciones en cuanto a capacitación de los elementos de Protección Civil estatal en materia de derechos humanos y en el ámbito jurídico.

Asimismo en torno a la primera de las recomendaciones, que se refiere a la inclusión en el Registro Estatal de Víctimas de siete habitantes de la comunidad de Salaverna para la indemnización por los daños causados, su aceptación es parcial.

De los pobladores que se enumeran, dijo la secretaria, únicamente se procederá a la indemnización de uno de ellos que será Martha Leticia, a quien se le demolió su vivienda el 23 de diciembre del año pasado.

Al resto de los habitantes consideró que no se les tiene que dar indemnización porque no sufrieron daños en sus pertenencias o propiedades.

En cuanto al resto de recomendaciones que continuaron rechazándose, la funcionaria señaló como argumentos principales la existencia ya de estudios sobre el riesgo que prevalece en Salaverna de hundimientos y colapsos en las viviendas debido a una falla geológica, así como la negación de que haya existido un desplazamiento forzado en esta comunidad.

 

Deslinda a la secretaría

de abusos de autoridad

Con relación a una de las investigaciones que tendrá que realizarse, la de la Secretaría de la Función Pública, Torres Rodríguez expuso que ya se reconoció que hubo un abuso de autoridad al bloquear los accesos a la comunidad de Salaverna, pero recalcó que esto fue por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, y de la PGJEZ, con la Policía Ministerial que acudió al lugar el 23 de diciembre.

No mencionó, en este punto, que haya habido responsabilidad de la secretaría que encabeza. Sin embargo, cabe recordar que tanto en los videos que se grabaron ese día como en el expediente de la recomendación y las declaraciones del comandante que encabezó a los agentes estatales en Mazapil, se advierte que la orden de cerrar las vías de comunicación provino de la Secretaría General de Gobierno, a través de la coordinadora de asesores Raquel Ortiz.

 

A la fecha, desconoce

origen de maquinaria

Otro de los cuestionamientos que hicieron los diputados fue acerca de la maquinaria que se utilizó para las demoliciones de la vivienda de una de las afectadas, así como de la iglesia y la escuela de la localidad.

Tras más de ocho meses de estos hechos y después de haber tenido que elaborar un informe detallado de la actuación gubernamental, la secretaria respondió: “Desconozco quién llevó la maquinaria. Es importante recordar que la zona es minera y como tal existe la presencia de varias máquinas en el terreno. Lo que sí le puedo asegurar es que la Secretaría General de Gobierno no la contrató”.

 

No se violaron

los derechos humanos

La funcionaria rechazó las acusaciones que se han hecho hacia el gobierno señalando que operó en favor de la empresa minera que explota el subsuelo de Salaverna, la compañía Frisco Tayahua.

“No admito que digan que estoy ayudando a las empresas mineras porque la prevención y el cuidado de las personas es el valor primordial de este gobierno. (…) No acepto que digan que hay interés político, que hay interés personal por protagonizar. No es el caso. El interés fue y sigue siendo la protección y la vida de las personas que están en Salaverna”, señaló.

Al responder a la pregunta de si considera, de manera particular, que en este operativo de desalojo se violaron los derechos humanos concluyó que “no se violaron. Le puedo decir que no actuamos con violencia hacia las personas”.

Los representantes de Salaverna que acudieron este martes al Congreso del estado, antes de la comparecencia de la secretaria, demandaron al Gobierno del Estado que asuma su responsabilidad en los hechos que tuvieron lugar el pasado 23 de diciembre y exigieron la destitución de Torres Rodríguez, precisamente, por ser quien ordenó el operativo de desalojo.

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