El próximo 13 de septiembre, el Gobierno del Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, con el Programa Federal PAIMEF 2017, comenzará un nuevo proyecto en la entidad: la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.
Este trabajo, que se realizará durante dos meses y medio (con ocho módulos y 16 sesiones), conjuntará los esfuerzos de instituciones públicas, academia, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en litigio estratégico. La finalidad de esta Clínica será abrir un espacio de formación de abogadas y abogados que acompañarán y/o darán continuidad a casos de mujeres en condición de violencia de género; especialmente, se impulsará una eficaz protección de los derechos humanos y se promoverá su plena exigibilidad para el acceso a la justicia.
La labor que se realizará con este proyecto será el litigio estratégico; el cual, es una nueva herramienta que se utiliza en varios países -México no es la excepción- para la salvaguarda de los derechos humanos, a través del uso del sistema judicial y de los mecanismos internacionales de protección a los mismos. En el caso de la defensa de los derechos de las mujeres, en nuestro país se han llevado a cabo tres clínicas desde OSC, una desde la UNAM y, ahora, en Zacatecas desde las instituciones.
Estos proyectos tienen como propósito, a partir de casos concretos, de una litis específica, buscar no sólo la solución de la controversia sino de proponer la transformación de una ley y de su aplicación, así como de la política pública de atención y sanción de la violencia, de manera que impacte de manera positiva en la sociedad.
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha definido el litigio estratégico como “una herramienta jurídica en la cual se analiza y revisa la judicialización de un caso emblemático de vulneración de los derechos humanos, con la finalidad de impulsar la implementación de soluciones tanto para las personas directamente afectadas como para un colectivo en situación de vulnerabilidad”. De tal manera que se acompaña un asunto concreto y se proponen cambios en la política pública; se impulsa la armonización legislativa y se posicionan nuevas agendas en la materia.
Las clínicas jurídicas especializadas en derechos humanos y perspectiva de género a nivel nacional, cuyo éxito radica en la sinergia que se logra para coadyuvar en la garantía del derecho de las mujeres al acceso a la justicia en condiciones de igualdad, han tenido excelentes resultados. Por un lado, se conforman equipos fuertes para el litigio estratégico y, por el otro, se regresa a la sociedad un servicio social y humano que tanta falta nos hace hoy en día.
Se trata, entonces, “de promover y garantizar los derechos humanos, en el marco del propio sistema jurídico, sin sustituir al(a) legislador(a), ni asumir atribuciones propias de las autoridades, sino de proponer cambios a partir de los instrumentos con los que ya contamos en nuestro país”.
Los principales compromisos que adquieren las personas que cursan las clínicas jurídicas implican promover los derechos humanos, que en muchas ocasiones no son garantizados por alguna deficiencia en la protección efectiva de los mismos; analizar los temas ausentes en la agenda de la procuración e impartición de justicia; e incidir, de manera constructiva, en la definición tradicional de la acción legal para proponer y llevar a cabo vías procesales o herramientas judiciales inexploradas para la protección de los derechos humanos.
En la Secretaría de las Mujeres del Estado de Zacatecas tenemos el compromiso de trabajar y servir. Si bien, una de las responsabilidades (la atribución central es institucionalizar la política de igualdad entre mujeres y hombres) que tiene esta Dependencia es el de brindar atención integral de primer contacto a las mujeres víctimas de violencia, es decir, de detección y acompañamiento de casos de violencia de género; estamos convencidas de que a través de estos proyectos, podemos regresar a la ciudadanía la confianza que nos han brindado; pues no se trata solamente de una serie de capacitaciones o conferencias, sino de acompañar casos jurídicos y de dar resultados; pero además, de generar comunicaciones eficaces entre víctimas, instituciones, abogados y organizaciones de la sociedad civil, a través de acciones concretas. De eso se trata el trabajo humano a favor de la defensa de los derechos de las mujeres.
En nuestra entidad, comenzaremos con 70 personas convencidas de que un programa integral de prevención, atención y sanción de la violencia de género se construye con base en acciones coordinadas entre el Estado y la sociedad. Más que un espacio de críticas y señalamientos, será una oportunidad para que a través de propuestas, asesorías y redes se acompañe a mujeres en situación de violencia y, específicamente, a aquellas en situación de reclusión.
Los principales trabajos que se realizarán serán la detección de lagunas jurídicas, omisiones y contradicciones de ley que obstaculizaron el acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad. El análisis del lenguaje de las normas jurídicas y revisión de procesos legales específicos para el acceso a la justicia con base en los derechos humanos y bajo los principios pro persona y de convencionalidad. De tal manera que se consolide un equipo para el litigio estratégico en Zacatecas; de ofrecer alternativas, fortalecer capacidades legales, abrir nuevas vías de participación social e institucional, hacer efectiva la normativa internacional, nacional y local en materia de derechos humanos, etcétera.
Promover el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, la revisión de casos de mujeres en situación de reclusión, acompañar jurídicamente y liberar (si es su caso) a las mujeres que no tuvieron oportunidad de ser defendidas legalmente y la armonización legislativa en la materia serán nuestros principales objetivos.
El análisis de experiencias concretas de litigio nos permitirá vincular los reclamos sociales con respecto al actuar del Estado en materia de atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres. Requerimos propuestas concretas y articulación para establecer la eficacia de una acción legal. Esa es la propuesta, usar al derecho -y sus propios instrumentos- como un factor de cambio social. ■
