Del viejo “se matan entre ellos” que promulgaba Felipe Calderón, a las aseveraciones que aseguran que el 89% u 83% de quienes mueren en situaciones de violencia lo hacen porque “andan en malos pasos” o estaban vinculados con la delincuencia organizada, no hay mucho camino andado.
En cualquiera de estas formas de decirlo, lo que se trasluce es el deseo casi fascista de eliminar lo que no sirve, de deshacerse de lo que ensucia o lo que daña.
No hay mucha diferencia entre este discurso y el que excluye a los migrantes o a quienes pertenecen a una raza minoritaria. A todos ellos se les ve como producto defectuoso sin arreglo, pero capaz de echar a perder el resto.
Este discurso de criminalización a quienes son víctimas de la violencia, se sostiene hasta que en una situación de ese tipo muere alguien con la cantidad o calidad suficiente de conocidos capaces de poner en duda las declaraciones oficiales incriminadoras y generalizadoras. En esos casos la comunicación gubernamental se vuelve respetuosa, y se hace lo posible para resolver el asunto con eficiencia.
Pero cada uno de estos casos, no importa su número, son vistos como excepciones en medio de tanta muerte considerada casi merecida. Un daño colateral que aleatoriamente paga la “gente de bien” en una situación de violencia cotidiana.
Fue el caso de don Antonio Frausto, propietario de una carnicería cuya muerte fue captada en vídeo, siendo éste la mejor herramienta para provocar la empatía y la indignación social que por momentos parecen agotados luego de 472 muertos en Zacatecas sólo en lo que va del 2017.
En el caso de don Toño, el enojo social, fue de tal magnitud, que apenas un par de días después ya se tenía detenido a uno de sus homicidas (probable, en términos legales), y a algunos de sus cómplices.
Da la impresión de que la eficacia con la que se acerca la resolución de este caso parece tan excepcional, que amerita una conferencia de prensa, un boletín de prensa y hasta la elaboración de una infografía, en algo que tendría que ser vida cotidiana.
Ansiosos quizá de dar una buena noticia al respecto, ahora merece un comunicado decir que los servicios periciales que se realizan para que la Procuraduría General de Justicia del Estado pueda hacer de su trabajo, son gratuitos; como si debiéramos estar agradecidos de que las necropsias de ley no tuvieran costo en un país como este donde el ciudadano promedio deja el 30% de sus ingresos en impuestos.
La urgencia de algo que documente su optimismo es comprensible. Hasta ahora no hay decomiso, detención u operativo suficiente que regrese la paz social que los zacatecanos perdimos hace casi diez años, ni que devuelva la confianza en el actuar de las autoridades por más esfuerzos que se han hecho hasta ahora.
Esto se debe a que sin importar el número de elementos policiacos, nada ha quitado la sensación de vulnerabilidad que invade a cualquiera que en cada nota roja siente que pudo estar ahí, en el lugar de los hechos, por tratarse de sitios frecuentados por cualquiera en la vida cotidiana.
Esta sensación de vulnerabilidad llega incluso a desatar rumores de que la violencia alcanzó a tal o cual familia, como sucedió la semana pasada con el supuesto secuestro de un familiar de los directivos de este medio, o con la desaparición del maestro Ramón Márquez. Afortunadamente ninguna de las dos cosas sucedió, pero los rumores dan cuenta de que el miedo está en el aire.
En ese contexto, algunos ciudadanos han hecho ya manifestaciones por el alto a la violencia, y otros han lanzado la convocatoria por una Marcha por la paz a realizarse el próximo jueves por la tarde. Paralelamente el mandatario estatal se ha unido a estos reclamos como si se tratara de un ciudadano cualquiera, y a través de su cuenta de twitter dijo “Son unos pocos los que con su violencia nos quieren arrebatar a todos la tranquilidad. Unidos, no lo permitamos. #Zacatecasquierepaz”.
Admitiendo que la tranquilidad de todos está en riesgo (aunque diríamos que más bien ya se perdió) parece aceptarse la derrota del “se matan entre ellos” que había significado hasta ahora la mejor forma de lavarse las manos.
Hasta ahí, vamos bien, ahora sólo falta que como autoridad se entienda que no se puede hablar como ciudadano y culpar a unos cuántos de la situación que vivimos, pues esto nos hace pensar que mal anda la cosa cuando y esos “pocos” son capaces de estar por encima del guardián del orden.
