Lo que ocurre es porque es posible que ocurra. La mancha de la corrupción va recorriéndose de las áreas más evidentes como la construcción de la obra pública a programas que implican fuerza intelectual de trabajo. Las universidades han modificado su vida interna para hacer posible que se les involucre en tratos de corrupción con las redes que vienen desde Gobierno Federal. Hay grupos de interés en las instituciones de educación superior que pueden operar con libertad o capacidad de maniobra y con entera impunidad. Por ejemplo, el manejo de claves que se requieren para solventar el trato con la Secretaría de Hacienda, implica que las autoridades que tienen la exclusividad del manejo de dichos instrumentos, como son los rectores, dan el permiso o autorización expresa para que otras personas hagan uso de las mismas. ¿Y a cambio de qué otorgan dichas autorizaciones? Pues la única posibilidad es que lo hacen a cambio de ganancias anunciadas. Así las cosas, es imposible que un rector no esté al tanto de los manejos de grupos que operan convenios con Gobierno Federal, porque para hacerlo requieren de autorizaciones que sólo los rectores tienen capacidad de manejar: la propia firma de los convenios y las claves para los trámites de Hacienda.
Así las cosas, una manera de contener la corrupción es que los rectores tengan candados para autorizar a terceras personas instrumentos de su exclusiva responsabilidad, y para ello es necesario que las universidades superen el déficit reglamentario que ahora padecen. Los rectores tienen una enorme capacidad de maniobra y decisión por donde operan estas redes de corrupción. Se deben imponer formas de rendición de cuentas y formatos especiales en la construcción de presupuestos y la aprobación de los mismos, sobre todo en los renglones de ingresos propios. Ante la ausencia de obligaciones de los rectores de este tipo, tienen la posibilidad de hacer negocio con operadores que trabajan con las redes que bajan desde Gobierno Federal: lo que es posible que ocurra, va a ocurrir. Eso es por el lado de las universidades.
Por el lado de Gobierno Federal la solución más factible es la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en cuanto inicia la implementación del mismo, observamos que el PRI opera para que la fiscalía general ‘autónoma’ sea comandada por el actual procurador (Cervantes): ¿la autonomía colonizada por el presidente? Eso significa que la voluntad política para construir un sistema anticorrupción genuino y auténtico no deja de ser simulación. El control de los programas federales es imposible sin contrapesos reales en su vigilancia y monitoreo. Esto es, sin autonomía de la fiscalía, la corrupción continuará igual que ahora. Con la propuesta de que el actual procurador tenga pase automático a la nueva Fiscalía es una garantía de que la iniciativa contra la corrupción ha sido tirada a la basura por parte del PRI. En suma, los controles institucionales no son cosa fácil, pasan las pruebas del fuego de la ordalía.
