Ante impunidad, arrecian ataques a los periodistas

Ante impunidad, arrecian ataques a los periodistas
En Guerrero, comunicadores protestaron ante instalaciones de la PGR por agresiones contra periodistas en los municipios de Tlapa, Taxco, Iguala y Chilpancingo. Foto La Jornada
Sábado 26 de agosto de 2017. La carpeta de investigación del asesinato del corresponsal de La Jornada Javier Valdez Cárdenas –cometido el 15 de mayo pasado en Culiacán, Sinaloa– no se relaciona con violaciones graves a los derechos humanos, respondió la Procuraduría General de la República (PGR) a una solicitud de información que le hizo el diario para el cual trabajaba el también escritor, por lo que la dependencia negó la petición.

El 18 de mayo –tres días después del crimen– David Kaye y Edison Lanza, expertos en libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitieron el comunicado conjunto R64/17, en el que señalan que el asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México.

Han pasado más de 100 días del asesinato y las autoridades siguen sin dar a conocer avances de la investigación. No hay personas detenidas y ni siquiera se han revelado versiones públicas.

Ante este panorama, La Jornada solicitó en julio pasado, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, las versiones públicas del grave ataque contra la libertad de expresión que significa la muerte del comunicador. La PGR rechazó satisfacer la petición y respondió con el folio 0001700206817: Usted refiere que la información de su interés es considerada como violación grave a derechos humanos; lo cierto es que es menester informar que el hecho por el cual se inició la carpeta de investigación de su interés no se relaciona con delitos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, sino por delito diverso que se encuentra expresamente tipificado en el Código Penal Federal, es decir, no resulta aplicable la excepción de reserva prevista en los artículos 8, 112, fracción I de la LFTAIP, máxime que no existe pronunciamiento alguno por parte de alguna autoridad que sea facultada para determinar la circunstancia.

En tanto, en Guerrero medio centenar de periodistas protestaron ante las instalaciones de la PGR por las agresiones que desde el domingo pasado sufrieron reporteros de esta entidad en los municipios de Tlapa, Taxco, Iguala y Chilpancingo.

En un pronunciamiento leído por Alina Fernández se destacó que “ocurrieron dos agresiones graves contra nuestros compañeros Antonia Ramírez y Alejandro Guerrero, corresponsales de El Sur en las regiones Montaña y Norte, respectivamente. El 20 de agosto, Antonia Ramírez fue agredida por escoltas del gobernador Héctor Astudillo Flores, a su vista, con impunidad innegable.

Apenas ayer (jueves), Alejandro fue atropellado (intencionalmente) por desconocidos. Se encuentra internado en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

A estas agresiones “se suma la de los compañeros Claudio Viveros, corresponsal de El Sur, y Raymundo Ruiz, de La Jornada Guerrero, ambos radicados en Taxco, quienes fueron (ayer) hostigados y agredidos verbalmente por policías federales del sector Caminos, de la patrulla 12565, mientras cubrían el bloqueo a la carretera federal Iguala-Taxco, en el crucero del Cerro Gordo”.

(Con información de Sergio Ocampo Arista, corresponsal)

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