Mucho del actual debate en torno a las coaliciones de gobierno, más allá de las electorales, pasan por obviar la naturaleza misma de la teoría de la división de poderes, o de la división del poder. La lógica de los gobiernos de coalición, pareciera obedecer al fracaso gubernamental que conoció el primer Poder Ejecutivo de la alternancia, y la última mitad del gobierno de Ernesto Zedillo, algo que en la academia se conoce como Gobierno dividido: es decir, la diferencia entre la mayoría parlamentaria y la filiación partidista de quién encabeza la Presidencia de la República. En términos de María Amparo Casar e Ignacio Marván: El concepto “gobiernos divididos” se refiere a la situación en que el titular del Ejecutivo pertenece a un partido y la mayoría del Congreso a otro. De manera similar, “gobierno sin mayoría”, alude a la circunstancia en que ningún partido controla por sí solo cincuenta por ciento más uno de los asientos del Congreso o de alguna de las cámaras. (Gobernar sin mayoría, México 1867-1997. Editorial Taurus. 2002).
Si partimos de que esta “división”, por cierto, idónea en la teoría de la división de poderes, complica de manera sustancial el proceso de reformas e implementación de políticas públicas, partamos de un ejemplo que nos permita negar tal afirmación. La reforma constitucional es en nuestro sistema jurídico rígido, la más compleja, pues requiere de mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y de la mitad más uno de la aprobación de las Legislaturas estatales.
Tanto el sexenio encabezado por Zedillo, como los que han encabezado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, han logrado pasar por el constituyente permanente, un número sin precedente de reformas, colocándose como los que, en promedio, más reformas de esta naturaleza han logrado.
Según el estudio “Rarezas constitucionales”, de Viridiana Ríos, publicado en la revista Nexos, en el mes de febrero de 2014, hasta ese momento, Felipe Calderón era el Presidente con más reformas a la Constitución a unos años del centenario de la misma con 110 reformas; pues bien, un reciente estudio de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, el Presidente Enrique Peña Nieto superó, con 147 reformas, hasta febrero de 2017, al ex presidente panista. Luego de ambos, sigue Ernesto Zedillo, con 77 reformas firmadas.
Las reformas constitucionales, por los requisitos que mencionábamos antes, requiere de un alto nivel de consenso, y son, sin duda alguna, políticas y visión de Estado, con un alcance inigualable en nuestro sistema jurídico y político, luego entonces ¿para qué se requieren gobiernos de coalición, si pareciera que hay altos grados de coincidencia a la hora de tomar decisiones conjuntas entre los Poderes de la Unión, principalmente el Ejecutivo y el Legislativo? La brújula debe apuntar a otra parte.
Si de legitimidad se trata, nuestra clase política sigue por el camino equivocado. La ciudadanía no requiere hoy porcentajes para sentirse representado. Entiende la democracia electoral y la lleva a la práctica, cada día con más astucia. No ha sido la división del poder la que ha fallado, sino quiénes ocupan el poder, los que no han sabido cumplir a cabalidad y con profesionalismo sus facultades y compromisos.
Basta un rasgo para argumentar lo dicho: una de las tareas más importantes que cumple el Poder Legislativo, en todo régimen presidencialista, es el de la aprobación del presupuesto y el control del gasto. En su libro ¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de Egresos ficticio, Leonardo Núñez, desmenuza como las Legislaturas plurales de nuestra transición democrática han fallado con su elemental deber. Para ejemplo un botón: desde el 2000, nueve Cuentas Públicas, es decir el instrumento por el cual se rinde cuentas de la ejecución del gasto, más allá de su planeación, no han sido dictaminadas por el Congreso (“autoplagio” de la participación editorial: Notas del contexto: una recomendación, con fecha del 3 de agosto de 2017, en este mismo medio).
A su vez, en otro texto Luis Carlos Ugalde, demuestra como una mayor pluralidad no parece haber acabado con la corrupción, sino apenas haberla democratizado. (¿Porqué más democracia significa más corrupción? Nexos, Febrero de 2015). Triste ironía.
Es el ejercicio del poder y la conducta de quiénes lo ejercen y nos representan lo que dotará de legitimidad a los gobiernos, más allá de mayorías electorales hechizas y coyunturales. Luego entonces, a mí me persigue aún la duda: Gobiernos de coalición ¿Para qué?
@CarlosETorres_
