El escándalo Monex, las tarjetas Soriana, y el elevadísimo gasto de campaña, quitan todo tinte de exageración cuando se dice que Enrique Peña Nieto compró la presidencia de la República.
No es algo nuevo, la comisión legislativa que investigó el asunto cuyo informe final se presentó hace tres años, dio a conocer que el Peña Nieto superó once veces el tope de gasto máximo en campaña (336 millones 111 mil 84 pesos) que la autoridad electoral había impuesto.
Peña Nieto gastó 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos en su campaña. ¿De dónde salieron?, ¿A quiénes, a cuántos, les sobra tanto dinero (el triple del presupuesto de la UAZ) como para poder invertirlo en una campaña?
Cinco años después, algunas piezas del rompecabezas empiezan a unirse. Gracias a investigaciones periodísticas, hoy sabemos que la empresa Odebrecht, hizo sospechosos y millonarios depósitos de marzo a junio de 2012 a Emilio Lozoya, quien entonces era el encargado de vinculación internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto.
En honor a la verdad, es que la posibilidad de que la empresa brasileña haya financiado la campaña presidencial con el afán de ser correspondido luego con obra pública no es novedad. Varios países de América Latina han sido sacudidos por los escándalos de corrupción que obedecían a ese modus operandi.
De acuerdo a lo publicado por Alejandra Xanic e Ignacio Reyna, a tres semanas de haber comenzado campañas en 2012, de la empresa Odebrecht salieron recursos que llegaron a una cuenta bancaria relacionada con Emilio Lozoya.
Inicialmente fueron 250 mil dólares; luego otros dos depósitos, uno por 495 mil y otro por 505 mil dólares. En tan sólo una semana un millón 250 mil dólares, equivalentes a 16 millones de pesos al tipo de cambio de entonces estaban en la cuenta de Lozoya, y se presume, pudieran haber sido utilizados para la campaña.
Posteriormente, el 23 de mayo, y el 31 del mismo mes otro millón de dólares llegó a la cuenta. La historia se repitió en junio, hasta antes de la elección.
La investigación de Quinto Elemento Lab y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nos lleva al otro lado de la madeja. Sabíamos hasta ahora que 4 mil 500 millones de pesos habían entrado a la campaña de Peña Nieto y no sabíamos su origen. Hoy sabemos que Odebrecht entregó varios millones de pesos a un elemento clave en la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo que sucedió en medio de estos dos hechos es fácil de inferir, aunque difícil de probar.
Tontos no son. No en vano fueron capaces de hacer los cálculos contables necesarios para dividir ese tremendo gasto de campaña presidencial en las de senadores y diputados, de tal manera que no fuera Peña Nieto quien tuviera que cargar con ese “muertito” en sus cuentas.
Habrá quien se alegre quizá de que ese dinero viniera de bolsillos privados en lugar de salir del erario, sin embargo, esto no consuela nada, porque en pocas ocasiones –que las hay- el dinero que aportan particulares a campañas tiene una explicación ideológica. En casos como este, es altamente probable que dichas aportaciones sean un pago por adelanto de lo que esperan saquear una vez que el candidato patrocinado llegue al poder.
A Odebrecht le salió la apuesta, porque junto con ICA Four les fue otorgada la obra para hacer la refinería en Tula para lo cual se invertirían mil 200 millones de dólares.
También le salió a la empresa OHL, cuyo dueño puso a disposición de Enrique Peña Nieto un avión privado para hacer los viajes en campaña, y luego fue bien pagado asignándosele la obra de ampliación del hangar presidencial (para el avión que “no tiene ni Obama”) con un costo de mil millones de pesos.
Es innegable que tienen experiencia en construcción, hicieron la Casa Blanca cuya supuesta dueña es Angélica Rivera.
Nada de esto significa que en esos 4 mil 500 millones de pesos que hicieron posible el triunfo de Peña Nieto no hubiera también dinero público. En enero de 2012, en el aeropuerto de Toluca, le fueron incautados 25 millones de pesos al tesorero de Veracruz, quien aseguró se trataba del pago a una empresa de pirotecnia contratada para la Cumbre Tajín. Porque claro, lo más común es que esos tratos se hagan en efectivo, y sobre todo que la Secretaría de Hacienda no diga nada al respecto.
En ese mismo estado, en Veracruz, hoy sabemos que había niños con cáncer que recibían agua destilada en lugar de quimioterapias.
A cinco años de gobierno peñista todos estos temas no pueden ser subestimados. El rebase a los gastos de campaña no son solamente una deslealtad en la competencia, son el primer indicio de la corrupción que se viene para poder pagar con obra pública y adquisiciones a los patrocinadores.
Por eso, el tema, tiene que preocuparle no sólo a los simpatizantes del candidato derrotado, sino incluso a aquellos que simpatizan con la opción que ante la imposibilidad de ganar votos, tiene que comprarlos.
