La denuncia pública de presuntos actos corruptos es indispensable

La denuncia pública de presuntos actos corruptos es indispensable

Una vez más, el equipo de investigación de nuestro periódico presenta un nuevo caso en el que autoridades de una institución educativa se ven involucradas en presuntas conductas irregulares o, de plano corruptas, en el manejo de cantidades significativas de recursos públicos. El caso de la Universidad Politécnica de Zacatecas es uno más de las decenas de ellos denunciados por el Auditor Superior de la Federación en los últimos años, sin que hasta la fecha se conozca de algún servidor público sancionado penalmente. Esa impunidad evidente, el similar modus operandi, así como la cantidad de casos denunciados por el Auditor Superior, deben tomarse como indicios de la existencia de una amplia red dedicada a privatizar recursos del erario, que sería coordinada por servidores públicos de primer nivel. Son indicios de que estamos en presencia de crimen organizado y la autoridad debe actuar en consecuencia.

Una pieza del modus operandi de esta red y de otras muchas denunciadas por todo el país, es la participación de empresas inventadas sólo para emitir facturas por la prestación de ciertos servicios o la venta de bienes al ente gubernamental de que se trate. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación establece que “se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas” en las facturas emitidas por una empresa cuando ésta no cuente con los activos como personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, cuestión que obligaría a la Secretaría de Hacienda a investigar a fondo y, en consecuencia, fincar responsabilidades a quienes aparezcan al frente de esas operaciones y de las empresas fantasma.

La publicación del resultado de esta nueva investigación no tiene sólo como propósito llamar la atención de las autoridades responsables de la procuración de justicia, que no se distinguen por su atingencia en el cumplimiento de su deber en este tipo de casos, sino insistir en la necesidad de que la sociedad en su conjunto afiance su convicción sobre los daños que la corrupción y la impunidad provocan en la convivencia social, y en los cimientos de toda la estructura del Estado mexicano, y provocar un incremento permanente de la atención que todos debemos tener sobre la actuación de las autoridades responsables de sancionar las conductas referidas.

Pero el cambio de conducta más importante que todos debemos tener ante la corrupción desbocada, es de naturaleza política. La mayoría de los mexicanos no asociamos los graves problemas a que hoy nos enfrentamos, con la orientación que hemos dado a nuestro sufragio, ni hemos aprendido a utilizar el voto para castigar o premiar a los partidos y políticos en función de su desempeño. Y lo que es peor, al recibir dinero o prebendas a cambio de su voto, muchas personas premian a los verdaderos responsables de la situación que padecemos. Un paso inicial que todos podemos dar para combatir la corrupción es la denuncia de conductas ilegales; no podemos darnos el lujo de paralizarnos por miedo ni por desesperanza. Son tiempos para actuar con decisión.

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