Los contratos que tienen los gobiernos con los medios de comunicación responden a la necesidad de hacer posible la libertad de expresión y el derecho a la información y, en última instancia, la propia democracia. Los recursos públicos que se destinan a los medios por vía de los contratos sirven, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar un derecho fundamental: la distribución de la información desde la pluralidad de líneas y proyectos editoriales. De hecho, esta casa editorial ha propuesto que se debe crear la Ley de Medios, donde, entre otras cosas, se regulen los contratos con los diversos medios de comunicación, la cual debe contener criterios objetivos y transparentes en la distribución de los recursos públicos destinados al tema que nos referimos. Se avanzó en la discusión con unos lineamientos administrativos, pero aún es necesaria y urgente la ley.
Creemos que, igualmente, los proyectos donde los recursos públicos confluyen con inversiones privadas deben normarse. Se deben emitir criterios y procedimientos. En condiciones en las que el Estado en su conjunto es insuficiente para cumplir con sus compromisos financieros, es insensato oponerse a la cooperación público-privada. Sin embargo, eso no significa que esa relación pueda ser de cualquier manera y con toda la arbitrariedad posible. Por el contrario, deben definirse prioridades y formas de gestionar esa relación. Por ejemplo, si hay asociaciones privadas con proyectos de educación infantil o rehabilitación juvenil, y otras propuestas destinadas al entretenimiento, y ambas quieren hacer un trato de trabajo con el gobierno, deberán priorizarse los temas. Nadie niega la importancia de la recreación,
al entretenimiento por la vía del deporte espectáculo y mucho menos frente al clima de violencia que se vive; ni la afirmación de que es algo bueno y deseable apoyar al deporte profesional; lo que debemos elaborar es una priorización transparente de temas ante la finitud de los recursos pues la controversia surge ante la limitación de los mismos. Y son preguntas que se hace la ciudadanía, no es sólo una ocurrencia de esta casa editorial. Los medios no creamos los problemas, los hacemos visibles. El cartero no produce las noticias que lleva.
En suma, la polémica por el recurso público destinado al equipo de futbol Mineros, la ampliación del estadio Francisco Villa y las declaraciones del gobernador sobre el trato con La Jornada, dan una lección: hay un déficit de normatividad en el estado de Zacatecas. La solución a estos asuntos es la elaboración de leyes que fijen criterios de gasto, procedimientos y garantías de transparencia en las Asociaciones Público-Privadas y una Ley de Medios de Comunicación. Además, es importante que se entienda que un periódico que intenta trabajar con ética y calidad, debe hacer las preguntas que los ciudadanos quieren que se respondan, aun cuando eso, en algunas ocasiones, pueda incomodar al poder. Porque los medios que intentan guiarse por la ética, se posicionan del lado de la sociedad, y desde ahí hacen las preguntas y opinan sobre los actos de los servidores públicos. Los medios que sirven primero al poder y desde ahí hablan a la sociedad han invertido las prioridades, y eso les permite la sonrisa de los políticos, pero al costo de perder la brújula de su misión. En La Jornada tenemos dos obsesiones: la libertad y la prioridad de formar una sociedad informada y participativa.
