Tratan de ocultar el hecho ilegal y violatorio de derechos humanos que se dio en Salaverna: ombudsman

Tratan de ocultar el hecho ilegal y violatorio de derechos humanos que se dio en Salaverna: ombudsman
Raquel Ortiz Sifuentes, coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno (sentada sobre los restos de una construcción), escucha los reclamos de una pobladora de Salaverna, durante el operativo del 23 de diciembre de 2016

■ La investigación, “exhaustiva, objetiva, imparcial, apegada a la legalidad”, afirma

■ “Quedó plenamente demostrado” que quien encabezó el operativo de desalojo fue la coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, Raquel Ortiz, señala

■ Dice que con la falsificación de documentos, revelada por el comandante que dirigió la actuación de la Policía Estatal, se comprueba “que hubo falta de probidad” de la funcionaria

Respecto a la información que se ha difundido en contra de la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) hizo sobre el caso de Salaverna, la presidenta del organismo, María de la Luz Domínguez Campos, aseguró que se está intentando ocultar los hechos en los que el Gobierno del Estado actuó ilegalmente y violando los derechos humanos de los habitantes de la localidad.

En este sentido, expuso que “son argucias irrisorias para tratar de ocultar un hecho a todas luces ilegal, arbitrario y sobre todo violatorio de derechos humanos por parte de personal adscrito a la Secretaría General de Gobierno, que ha quedado plenamente demostrado y es público y notorio”.

Sostuvo que en la investigación “exhaustiva, objetiva, imparcial, apegada a la legalidad” que se realizó, se acreditaron estas violaciones, además de que “quedó plenamente demostrado” que quien encabezó el operativo de desalojo fue la coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno, Raquel Ortiz Sifuentes.

En cuanto a la falsificación de documentos que se evidencia en la recomendación, y la cual fue revelada por el comandante que dirigió la actuación de la Policía Estatal en Salaverna desde el día 23 al 30 de diciembre del año pasado, Domínguez Campos sostuvo que con este hecho se comprueba “que hubo falta de probidad” de la funcionaria antes mencionada.

Por ello, agregó, “se señalaba de manera puntual en el instrumento recomendatorio que corresponde a la propia Secretaría General de Gobierno y a Gobierno del Estado iniciar los procedimientos administrativos y penales en su caso, a efecto de deslindar responsabilidades y, en determinado momento, imponer las sanciones correspondientes”.

La presidenta de la CDHEZ informó que la recomendación ya ha sido turnada a la Legislatura local para que los diputados puedan citar a la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, para que comparezca y “explique los motivos de su negativa” a aceptar los señalamientos que se le hicieron a la dependencia que encabeza.

También destacó el hecho de que en las declaraciones y el parte informativo original, reconocido por el comandante de la Policía Estatal que acudió a Salaverna el 23 de diciembre del año pasado, queda demostrado que la maquinaria utilizada para las demoliciones de las viviendas, la escuela y la iglesia pertenecía a la empresa minera Tayahua.

Esta compañía, cabe recordar, se encuentra explotando el subsuelo de la localidad referida y es la que ha estado presionando a los habitantes para que abandonen el lugar. Inclusive, construyó un complejo habitacional para lograr que todos los vecinos de Salaverna se mudaran a él, abandonando así sus casas en Salaverna.

Domínguez Campos enumeró, nuevamente, los argumentos que sostiene la CDHEZ en la recomendación para hacer los señalamientos a Gobierno del Estado.

“Se acreditó fehacientemente la violación a los derechos humanos, a la legalidad y seguridad jurídica de los pobladores de Salaverna por asuntos como no contar con la orden de un juez para bloquear accesos de la comunidad, realizar intromisiones en los domicilios, desalojar personas, bienes y enseres domésticos de los habitantes, pero también por la demolición de inmuebles, viviendas, la escuela e iglesia sin orden de un juez”, enlistó.

Tras exponer todo lo anterior, concluyó, “está ahora en manos de los diputados la siguiente parte del procedimiento y, si persiste la negativa, la Comisión seguirá con el proceso y que es la presentación de las denuncias”.

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