■ Se trata del informe de la actuación de la PEP en el desalojo del 23 de diciembre
■ La coordinadora de asesores, Raquel Ortiz, manipuló el documento
■ La alteración fue revelada por el comandante que encabezó operativo
■ El oficial fue obligado a entregar un documento falso a la CDHEZ
La Secretaría General de Gobierno, a través de la coordinadora de asesores de la dependencia Raquel Ortiz Sifuentes, falsificó un documento oficial para ocultar la responsabilidad de la dependencia y de la funcionaria en el operativo de desalojo que llevaron a cabo el 23 de diciembre del año pasado en la comunidad de Salaverna, Mazapil.
Este hecho queda acreditado con los documentos que La Jornada Zacatecas solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEZ) y que forman parte de la recomendación que el organismo hizo a tres dependencias estatales, incluyendo la Secretaría General de Gobierno que rechazó los señalamientos.
Entre los archivos que están en poder de este medio se encuentra la declaración que dio, al ser entrevistado por personal de la comisión, el comandante que encabezó al grupo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que acudió a Salaverna el 23 de diciembre.
Ahí es donde el policía revela que Raquel Ortiz Sifuentes le entregó un parte informativo falso de lo ocurrido ese día en esta comunidad, para que fuera este reporte el que como comandante presentara ante la CDHEZ.
En un primer momento, hace entrega y describe el contenido del oficio original que él presentó el 30 de diciembre y el cual envió al subsecretario de Seguridad Pública, al director de la PEP y al Grupo Aeromóvil Táctico de la Policía Estatal (GATPE) para el expediente.
Sin embargo, ya en la parte final de la entrevista el comandante asegura que “en este momento también adjunto a mi declaración la copia de otro documento que contiene parte informativo de los mismos hechos, en el cual si bien aparece mi firma, no reconozco el contenido de la primera hoja, no tiene los sellos de recibido que tiene el que yo entregué y su contenido tampoco lo reconozco, además de que no está la hoja dos del parte original, el cual tengo yo en mi poder (sic)”.
El funcionario insiste en que “el parte informativo original que yo entregué que es el que reconozco porque así sucedieron las cosas y el otro me fue entregado por la licenciada Raquel Ortiz en jurídico de Coordinación Administrativa de Gobierno del Estado (sic)”.
Asimismo, continúa aseverando que la coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno “me dijo que ese era el parte informativo y que en ese me basara en relación a este asunto, en ese momento le dije que estaba bien, incluso discutimos por este asunto, sin embargo, no es correcto lo que se me indicó porque este parte informativo que así no sucedieron las cosas (sic)”.
Esta declaración, concluye la CDHEZ en la recomendación, “evidencia la intención, por parte de la licenciada Raquel Ortiz Sifuentes, de manipular la información remitida a este organismo, en aras de deslindarse de la participación real que tuvo en los hechos materia de la presente queja”.
De igual forma, la comisión agrega que del parte original hecho por el comandante de la PEP “se desprende claramente que dicha servidora pública era la encargada y responsable del operativo”.
Esto, además, es contrario a lo expresado por la funcionaria quien “rindió su informe respectivo a esta comisión el día 25 de enero de 2017, indicando que su presencia el día de los hechos en la comunidad de Salaverna fue únicamente como observadora, para cerciorarse que la notificación a los pobladores por parte de Protección Civil se realizara conforme a derecho”.
No obstante, el organismo defensor de los derechos humanos recalca que en el informe original del comandante “se establece que era ella, en conjunto con el Lic. Julio César Chávez Padilla, Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, quienes encabezaban los trabajos de dicho operativo. Asimismo, en el documento en comento se advierte, en reiteradas ocasiones, como la licenciada Raquel Ortiz Sifuentes era la persona que ordenó la demolición de diversos inmuebles, así como el desalojo de las viviendas”.
Dos versiones; sólo una reconocida
Los partes informativos en poder de La Jornada Zacatecas son dos. Uno es el original, el cual consta de 5 hojas y está sellado en dos ocasiones por la Policía Estatal. Una de ellas es el acuse de recibido por la Dirección General de la PEP, con fecha 30 de diciembre de 2016 a las 21:55 horas.
También en todos los folios al lado izquierdo del texto aparece la firma del comandante, además de en la última hoja al final del documento.
EL PARTE ORIGINAL CONSTA DE 5 HOJAS
Y ESTÁ SELLADO EN DOS OCASIONES
POR LA POLICÍA ESTATAL
El segundo parte es el que la coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno le entregó al policía para que fuera el que presentara ante la CDHEZ. Éste tiene cuatro hojas, no está sellado de recibido por parte de la Policía Estatal sino que únicamente presenta un sello de la Secretaría de Seguridad Pública sin fecha ni hora y sólo tiene la firma del comandante en la última hoja.
En ambos casos es igual la información relativa a la actuación policial en Salaverna del 24 al 30 de diciembre de 2016; sin embargo, los datos relativos al día 23 de diciembre aparecen modificados en el documento que realizó Raquel Ortiz Sifuentes, resumiéndose además en media hoja, mientras que en el texto del comandante se detallan a lo largo de folio y medio.
La primera hora a la que se hace referencia en los dos documentos es las 3:30 horas de la madrugada del día 23, cuando los elementos de la policía salieron con dirección a Salaverna.
En el original, el comandante informa que él junto con 29 agentes más acudían a esta localidad “para resguardo de la misma comunidad y notificar a los habitantes la necesidad de evacuar de forma urgente las viviendas así como mantenerse alejados del lugar y ubicarse en un sitio seguro y permanente”. Expone como base para esta actuación el oficio número SGG/SP/405/2016 del día 19 de diciembre.
EL SEGUNDO PARTE ES EL QUE
LA COORDINADORA DE ASESORES
DE LA SSG ENTREGÓ AL POLICÍA PARA QUE FUERA
EL QUE PRESENTARA ANTE LA CDHEZ.
ÉSTE TIENE CUATRO HOJAS Y NO ESTÁ SELLADO
DE RECIBIDO POR PARTE DE LA POLICÍA ESTATAL
Por su parte, en el documento falsificado no se precisa la cantidad de elementos que acudieron a Mazapil y se asegura que el traslado obedeció a un oficio de la propia Secretaría de Seguridad Pública. Concretamente, se señala que se acudió a Salaverna para “cumplir con la encomienda del oficio S/N suscrito por el Gral. Brig. DEM y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, Jase María Contreras Estrella (sic)”.
El comandante, por su parte, refiere que a las 4:20 horas de la madrugada una de las patrullas en las que viajaban comenzó a fallar por lo que solicitaron apoyo para cambiar de unidad, reanudando la marcha a las 6:20 horas y retrasando así la llegada a la localidad hasta las 8:40 horas de la mañana.
El texto falso indica que por las fallas en uno de los vehículos se llegó a la comunidad a las 10:30 horas y se agrega a las 11:00 que accedieron al poblado con 10 elementos ataviados con equipo antimotines “para resguardar a los habitantes en el proceso de demolición, tanto de las dos viviendas como de la escuela y el templo”.
Después, en el documento manipulado ya no se hacen más precisiones hasta la 1 de la tarde cuando se refiere que comienzan a sacarse los enseres y muebles de una de las casas que fue demolida para subirlos a dos camiones de mudanzas.
No obstante, en el parte informativo original existen una serie de datos que fueron eliminados en el entregado por Raquel Ortiz Sifuentes y los cuales indicaban la responsabilidad de esta funcionaria y del subsecretario Julio César Chávez Padilla en el operativo.
Por ejemplo, el comandante narra que a las 8:40 horas que llegaron a la comunidad se dirigieron con estos dos funcionarios, a quienes calificó como encargados y responsables de acuerdo a la forma en la que ellos mismos se presentaron.
Se habla también de la presencia de 6 unidades y 40 elementos de la Policía Ministerial, 2 unidades y 6 elementos de Protección Civil del Estado y del vocero de la Secretaría de Seguridad Pública con otros 3 elementos de la corporación.
MAQUINARIA PROPIEDAD DE MINERA TAYAHUA
DESTRUYÓ CUATRO CASAS, PREVIO AL ARRIBO
DE LA POLICÍA ESTATAL; UN BULLDOZER
TAMBIÉN DERRIBÓ LA ESCUELA Y LA IGLESIA
Además, informa que encontraron dos vehículos de transporte público federal de una empresa que denomina como García Expres, los cuales posteriormente identifica como los camiones de mudanza, así como una máquina Bulldozer “propiedad de la minera Tayahua”.
Al llegar al lugar, dice el comandante, “nos percatamos de que ya se encontraban 4 casas derribadas”, por lo que apoyaron para retirar a las personas que se encontraban en la quinta vivienda que “sería la próxima a demoler por orden de la Lic. Raquel Ortiz y del Lic. Julio César Chávez”. También habla de la demolición de la escuela y la iglesia “con todas las cosas que existían en el interior”.
Como “Nota” en el documento original, el policía expone que la funcionaria de la Secretaría General de Gobierno les decía a los pobladores que el operativo lo encabezaba la policía estatal cuando “sólo íbamos de apoyo”, por lo que concluye que “era falsa la información que les daba la Lic. Raquel Ortiz”.
Nada de lo narrado en los párrafos anteriores aparece en el informe falsificado, además de que también se omite la parte en la que el comandante asegura que llegaron al lugar quien se identificó como subsecretario de minería del ayuntamiento de Mazapil y el comandante de la policía municipal.
Tampoco se habla en la versión falsa de que estos dos funcionarios municipales negaron la ayuda a las familias en dos ocasiones. El comandante dice que la primera ocasión fue cuando les pidieron cobijas y colchonetas “porque se estaban quedando a la intemperie”, a lo que los funcionarios respondieron que “no tenían en existencia de las cosas que se solicitaban (sic)”.
La segunda vez fue cuando se les pidió ayuda de los elementos de seguridad municipal para resguardar las pertenencias que con la demolición quedaron en la calle; sin embargo, el policía estatal señala que se les informó a los afectados que éste era un problema federal “que no correspondía atenderlo al estado ni al municipio de Mazapil”.
