30.7% de la población en cárceles en la entidad fue víctima de actos de corrupción en su proceso penal

30.7% de la población en cárceles en la entidad fue  víctima de actos de corrupción en su proceso penal
Exterior del Cerereso de Cieneguillas, ubicado en la capital zacatecana ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Casi uno de cada 4 internos en el país sufrió amenazas o presiones para declararse culpable

■ La información la arroja la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad, de Inegi

■ Pagos por obtener diferentes beneficios o servicios básicos, principales irregularidades

El 30.7 por ciento de la población privada de la libertad en los centros penitenciarios de Zacatecas “fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas relacionadas con su reclusión”. Así lo revela un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) denominado Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad (Enpol).

Por etapas relacionadas con la reclusión, el organismo se refiere al arresto, al proceso penal y al periodo propiamente de privación de la libertad en el que la tasa de víctimas de corrupción es mayor en los centros penitenciarios estatales y municipales, alcanzando los 119 por cada mil, mientras que en los establecimientos del nivel federal es de 17 por cada mil internos.

Los tipos de irregularidades que se presentan con mayor frecuencia son los pagos por obtener diferentes beneficios o inclusive servicios básicos. Por ejemplo, se mencionan como datos generales obtenidos en las visitas a centros de reclusión de todo el país, incluido Zacatecas, el pago hecho principalmente a los custodios por exentar el pase de lista, para tener aparatos eléctricos, cambiar de celda y salir al patio de visita.

También están los cobros de la autoridad para tener agua potable, acceso a un teléfono, a servicios médicos, psicológicos o escolares, para recibir comida y por tener una cama, colchoneta y/o cobija.

Igualmente se enlistan los pagos por tener dispositivos electrónicos de comunicación, ir a los juzgados, tener energía eléctrica en la celda, acceder a la visita conyugal, ir a los locutorios, para usar baños, mingitorios y/o regaderas, los pagos para poder acceder a algún taller y para protección.

Mientras que 87.4 por ciento de estos pagos lo reciben los custodios, el Inegi destaca que también hay 36.1 por ciento de los cobros exigidos para tener acceso a estos bienes, servicios o beneficios que los realizan otros internos.

El estudio del instituto de estadística también refiere que aparte de corrupción, al interior de los centros penitenciarios también tres de cada 10 personas privadas de su libertad han sido víctimas de delitos. La mayoría ha sufrido el robo de objetos personales, mientras que también se han dado lesiones y extorsión.

Entre los elementos destacados por el organismo estadístico en los resultados se encuentra el hecho de que 24.3 por ciento de la población que al momento de levantar la encuesta estaba en los penales, y que ascendía a la cifra de 211 mil en todo el país, “recibió amenazas o presiones para declararse culpable”.

De igual forma resalta que 67.6 por ciento de las personas privadas de su libertad “fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban”, lo que implica que en tres de cada 10 casos no se le dio a conocer a los detenidos la razón por la que iban a ser procesados. Además, sólo 19.8 por ciento “pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado”.

En cuanto a las edades de las personas recluidas en centros penitenciarios, el Inegi advierte que la mayoría son jóvenes, ya que 68.1 por ciento tiene entre 18 y 39 años, mientras que en relación al nivel de escolaridad se señala que la mayor proporción (72.1 por ciento) tiene educación básica terminada.

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