■ Se niegan a entregar sus tierras a la minera Frisco Tayahua, propiedad de Carlos Slim
■ Resistieron un desalojo forzado, como así denominan al operativo del 23 de diciembre de 2016
La dignidad de los habitantes del pueblo de Salaverna, quienes se niegan a entregar sus tierras a la minera Frisco Tayahua, propiedad del magnate Carlos Slim, y que resistieron a un desalojo forzado, como así denominan al operativo del 23 de diciembre de 2016, es lo que aún mantiene en pie a la comunidad.
La que fuera la vivienda de Leticia, en la entrada de la comunidad, está derrumbada, con el tinaco del agua destruido. En la avenida principal, a un lado de la fuente del jardín, siguen los escombros de las escuelas y de la iglesia, que fueron destruidas con máquinas, el pasado 23 de diciembre.
Roberto de la Rosa, delegado municipal, menciona que “la codicia de Carlos Slim, reflejada en la codicia del capitalismo, es apoyada por la traición de los gobernantes, que se venden al mejor postor, depredando el país”.
Y sostuvo que la resistencia a irse es porque una mina a cielo abierto acabará con los recursos naturales de los pueblos cercanos a Mazapil. Por lo que hizo un llamado al mandatario estatal, a la secretaría y al subsecretario de Gobierno, que reconozcan con calidad moral lo que ocurrió ese día.
Los habitantes que quedan recuerdan lo que pasó ese día. El joven Ángel relata que ese día salió a trabajar. Y enfrente de la señora Leticia estaban policías ministeriales, que de manera prepotente lo bajaron de su camioneta para hacerle una revisión.
“Llegué a mi casa, estaban mi madre y mi padre, y atrás de mi llegó un señor que dijo que era de Protección, Civil, y dijo que nos iban a desalojar porque estábamos en zona de riesgo. Y le respondí que deberían vigilar la mina, hace un año mi padre tuvo un accidente y le amputaron su brazo y su pie”.
Añadió: “les dije que eran unos corruptos porque venían a lastimar a la gente. Me siguieron y me bajaron de la camioneta y un señor me golpeó, en eso se metió mi mamá y un tío y me obligaron a disculparme”.
Micaela Zamarripa, aún en cama, le avisaron que estaban derrumbando la casa de Leticia. Al llegar a la plaza ya había policías estatales. Y personal de Protección Civil le indicó que tenía que sacar sus pertenencias porque estaba en zona de riesgo.
Le entregaron una notificación, pero respondió que ella estaba viviendo ahí bajo su responsabilidad, y se negó a firmar el documento.
“Se fueron y dijeron que sólo iban a notificar. Llegaron y dijeron esas señoras están solas, vamos a tumbarle de una vez, y me dicen que iban a tumbar y que sacara mis cosas. Y les dije, mi casa es mi casa, no quiero irme”.
“Entonces le dice un señor que se llama Julio César, a una de las estatales, ya dale, y le da patadas a la puerta de mi casa. No me dejaban sacar mis cosas. Ya andaban adentro y me sacaron mis muebles, y me dijeron que ahí después yo a ver a dónde me los llevaba”, relata.
Apunta que cuando sacaron la mayor parte de los muebles, cuenta que llegaron otras personas a decirles que se detuvieran y que dejaran de sacar cosas. Por su parte, Efraín Arteaga, representante en Zacatecas de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, leyó un comunicado para el pueblo de Zacatecas y para la opinión pública nacional e internacional.
En el documento, se expone que ante la negativa de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, y del gobernador Alejandro Tello Cristerna para asumir su responsabilidad con relación a la violación de los derechos humanos de los habitantes de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, señalan que:
“El gobernador del estado miente cuando afirma que no se trató de un intento de desplazamiento forzoso. Las notificaciones que Protección Civil entregó a algunos jefes, o jefas de familia en medio del violento operativo del 23 de diciembre dicen que la autoridad determinó aplicar de manera inmediata la medida de seguridad”, leyó Arteaga.
“Consistente en la evacuación de la construcción que habita o (sic) ocupa junto con cualquier persona que ahí se encuentre. Así como de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil”. Por lo que se exige la destitución de la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez de su cargo, agregó.
Al igual que los demás funcionarios involucrados en el caso, otro punto es que se cancele la concesión otorgada a la empresa minera Frisco Tayahua para transformar la explotación minera. Y que el mandatario acepte las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Tragedia en Mazapil por megaminería: pobreza, desplazamiento forzado y escasez de agua
Problemas por la posesión de la tierra; contaminación del medio ambiente; desplazamiento forzado de comunidades enteras; escasez de agua y marginación y pobreza, son algunas de las tragedias constantes que ha padecido a lo largo de los últimos años el municipio más extenso de Zacatecas: Mazapil.
Pese al recurrente discurso empresarial y gubernamental que justifica la permanencia de las empresas mineras en el estado, como presuntas generadoras de crecimiento y desarrollo, los últimos datos ofrecidos por el Coneval, en el año 2010, reflejan lo contrario, pues siete de cada 10 habitantes en el municipio de Mazapil viven en condiciones de pobreza.
El investigador de la UAZ, Federico Guzmán, quien realizó su tesis doctoral acerca del despojo territorial que ha provocado la megaminería a cielo abierto en Zacatecas, reveló que tan sólo 16 empresas mineras consumen más agua que toda la población del estado.
De acuerdo con su estudio académico, la megaminería en el estado tiene concesionados 55.7 millones de metros cúbicos anuales, lo que significaría que con esta cantidad de agua se le podría dar abasto a un millón 528 mil 247 habitantes, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada persona debería tener acceso a entre 50 y 100 litros diarios de agua, lo que representaría 36.5 metros cúbicos de agua cada año.
Cabe destacar que en Mazapil está establecida la mina a cielo abierto más grande del mundo: Peñasquito, propiedad del grupo empresarial canadiense Gold Corp. Únicamente este centro minero explota anualmente el volumen de agua equivalente a medio siglo de uso doméstico para los habitantes de este municipio del semidesierto zacatecano.
Peñasquito extrae 49.9 millones de metros cúbicos por año, acaparando 11 por ciento del agua de la industria minera en el país. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Zacatecas las personas requieren de 150 litros diarios para consumo humano, lo cual comprende desde lavar alimentos hasta la higiene personal.
Esto significa que los 17 mil 813 habitantes de Mazapil anualmente deben recibir 0.97 millones de metros cúbicos para sus labores de aseo. Es decir, un año de explotación acuífera en Peñasquito equivale a cubrir el servicio de agua potable en la región durante 51 años.
Pero no sólo el capital canadiense ha provocado problemas graves entre la población nativa y el medio ambiente, uno de los casos más graves y que ha tenido ya reflectores tanto de la prensa local, nacional e internacional, es el de Salaverna, comunidad que está siendo atacada por la empresa Frisco Tayahua, propiedad del multimillonario Carlos Slim.
Esta comunidad ha sido contantemente presionada para que abandone su tierra a fin de que pueda ser explotada a tajo abierto por el corporativo mexicano. Sin embargo, un grupo de pobladores ha resistido estos embates del gran capital y aún permanece en el lugar donde nacieron ellos y sus hijos.
