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viernes, 29 marzo, 2024
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En marcha, huelga de hambre por trabajadores rescindidos de la UAZ

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ Participarán 11 de las 19 personas que se encuentran en ese conflicto, indican afectados

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■ Anteriormente tres personas involucradas fueron objeto de acoso laboral, señalaron

Dado que no hay respuesta de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a la solicitud de una audiencia con trabajadores rescindidos recientemente, la decisión de realizar una huelga de hambre sigue en pié y participarán 11 de las 19 personas que se encuentran en ese conflicto.

Viridiana Reyna de Luna, Nancy Evelyn Rodríguez Ornelas y Miguel Reyes Cardona, adscritos a la Defensoría Universitaria, afirmaron que su rescisión fue arbitraria e ilegal, por lo que apelaron “a la sensibilidad del Rector” para evitar la huelga de hambre, cuyo inicio está programado para este sábado.

Reyna de Luna comentó que su ingreso laboral ocurrió luego de participar en una convocatoria emitida en febrero de 2012 para cubrir vacancias como docente de tiempo determinado, y de 10 participantes 6 aprobaron la evaluación.

Su centro de adscripción fue el Campus Siglo 21, donde fungió como auxiliar jurídico de la Defensoría Universitaria y entre sus funciones estaba proporcionar asesoría, orientación o canalización a las autoridades competentes, recibir, admitir o rechazar las quejas, auxiliar a los defensores en la investigación de las quejas y formular proyectos de recomendación o acuerdos.

Ante el argumento que en la Defensoría Universitaria hay exceso de personal, manifestó que hay otras personas que no cumplen con el perfil para desempeñarse en esa área o no cumplen con sus obligaciones contractuales, por lo que su elección para ser rescindidos fue ilegal y arbitraria, además de que el procedimiento no se realizó conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo.

“Suponiendo que seamos de confianza (como lo argumenta la Rectoría), para despedir a una persona de confianza hay procedimientos, y éstos no se aplicaron con ninguno de nosotros. Además, no somos de confianza porque no ejercemos funciones de dirección, vigilancia o fiscalización”, agregó Reyna de Luna.

Puntualizó que el ingreso a la Universidad de los tres se llevó a cabo conforme a los mecanismos legales, a través de una convocatoria, no por contratación directa de algún funcionario universitario, por lo que ese señalamiento de las autoridades “es sin fundamento, para excluirnos”.

Rodríguez Ornelas se refirió también al argumento de la Rectoría para su despido, que son personal de confianza, y explicó que ello es falso pues no realizaban ninguna actividad de dirección o fiscalización, como lo define la ley, además que enteraban sus aportaciones al sindicato con puntualidad.

Su función dentro de la Defensoría Universitaria era recibir las quejas en la Oficialía de Partes, para luego integrar el expediente correspondiente y asignarlas a los defensores, ello con el objetivo de atender los problemas de los docentes, trabajadores o estudiantes de la Universidad.

“La función que realizamos es solucionar conflictos y nosotros nos hemos preparado, hemos ido a los cursos constantemente, y creo que eso es fundamental para que el trabajo salga a flote, pero los compañeros que no cuentan con el perfil difícilmente tienen esa preparación”, expuso.

Rodríguez Ornelas informó que la Defensoría realiza alrededor de 500 asesorías cada año y atiende más de 100 quejas, lo que implica la necesidad de contar con personal especializado en Derecho, motivo por el cual no es comprensible la medida de la Rectoría al rescindirlos.

Reyes Cardona, por su parte, comentó que desde enero de este año había sido objeto de acoso laboral, pues no se le otorgó carga de trabajo en el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles (CASE), donde tenía medio tiempo, y después, en febrero, se retuvo el salario correspondiente al medio tiempo que tenía en la Defensoría Universitaria.

Junto con sus compañeras, decidieron entonces tomar las instalaciones del Spauaz y ello derivó en un acuerdo con las autoridades universitarias, en el que se determinó que se les pagaría el salario que se les adeudaba, pero hasta la fecha no ha ocurrido.

“Lo único que queremos es conservar nuestro trabajo y si hay elementos, que se nos haga ver y que prevalezca el derecho. A nosotros no nos interesan las cuestiones políticas o electorales, lo que estamos haciendo es para conservar nuestro trabajo”, dijo.

Por ultimo, señalaron que las tres personas involucradas fueron objeto de acoso laboral, porque en meses anteriores se les retuvo su salario y ello derivó en una manifestación en las instalaciones del Spauaz. El conflicto se resolvió luego de firmar un convenio en el que se estableció que en caso de reestructuración se actuaría de acuerdo a lo establecido en el contrato “y no sucedió”.

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