Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al Estado garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores, por lo que enfatizó que la inversión estatal debe dar prioridad a políticas y planes que contribuyan al reconocimiento efectivo de las capacidades, habilidades y experiencia de ese sector; que consideren sus características particulares, y coadyuven a dotarlos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de su propio proceso de envejecimiento; entre ellas, la implementación de mecanismos adecuados para garantizar su participación democrática y plural.
Para alcanzar esas metas, subrayó el organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez, «es fundamental» que el Estado mexicano concrete el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y que hasta el momento sólo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
«La firma y ratificación de ese instrumento internacional ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de las personas adultas mayores; obligará a la federación y entidades federativas a armonizar la legislación nacional y a establecer mecanismos efectivos para garantizarlos».
La CNDH reiteró la importancia de continuar los trabajos conjuntos para fomentar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas adultas mayores que favorezca su revaloración y plena integración social, así como procurar la mayor sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y convivencia entre generaciones, con el fin de evitar toda forma de discriminación o abandono por motivo de edad, género, estado físico, condición social, o cualquier otra que impida el goce y ejercicio pleno de sus derechos.
Apuntó que la situación de vulnerabilidad que enfrenta un importante número de personas adultas mayores en el país, «no deriva en sí misma del proceso biológico de envejecimiento, sino del concepto que sobre éste se construye socialmente, el cual, generalmente, asocia la vejez con la disminución de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano y la eventual pérdida de autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas de las familias y la comunidad».
Por ello, el organismo insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente con instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familias, y especialmente con las personas adultas mayores, con la finalidad de que se reconozca su carácter de sujetos plenos de derechos, se promueva su empoderamiento y se aliente su participación directa en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.
«Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena, con tranquilidad, salud e independencia; su realización sólo puede ser resultado la satisfacción integral de sus derechos humanos durante todo el ciclo vital. Por ello, es indispensable generar un cambio de percepción sobre el envejecimiento; diseñar e implementar políticas efectivas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación; asumir los retos y oportunidades de los actores obligados a la protección y garantía de sus derechos para resolver los problemas que afectan a ese sector poblacional, y asegurar su participación en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas dirigidas a su atención».
La CNDH asentó que es de la mayor relevancia que los encargados de la elaboración de esas acciones, consideren el género como un factor que incide en el acceso a los derechos de las personas adultas mayores, ya que se evidenciado que mujeres mayores enfrentan condiciones de desventaja social y económica frente a los hombres, incluso están expuestas a padecer discriminación múltiple cuando pertenecen a un pueblo o comunidad indígena, se encuentran en condiciones de pobreza o padecen alguna discapacidad, entre otras.
«El paradigma garantista de envejecimiento debe superar la visión asistencialista que identifica a las personas adultas mayores únicamente como receptoras pasivas de programas sociales, para estar en posibilidad de consolidar que la línea conductora de los planes de trabajo de las instituciones estatales sea el enfoque basado en sus derechos, y cuyas metas se ajusten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas enfocados en ese grupo poblacional, como lo son, garantizar la seguridad en el ingreso y en el acceso a servicios de salud; incrementar sus oportunidades de empleo y aprendizaje; lograr la igualdad de género, proveerles de viviendas y transportes seguros, y eliminar la violencia en su contra».
