■ Flavia Carrillo, funcionaria de la comisión, “observó que las personas no eran agredidas”
■ Tampoco le consta que existiera o no, una orden de un juez para ejecutar el citado acto
La directora de Orientación y Quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Flavia Carrillo, quien se apersonó en el Cerro San Simón el pasado 13 de julio tras una denuncia telefónica acerca de que niños, mujeres y hombres estaban siendo agredidos por elementos policíacos, no pudo dar fe en el acta circunstanciada levantada aquel día, de que se realizara un desalojo en el lugar ni la preexistencia de casas y su posterior destrucción, afirmó María de la Luz Domínguez Campos, titular del organismo.
A su llegada, la funcionaria “observó y constató” que las personas no estaban siendo agredidas por la policía”, y atestiguó que se recogían “escombros de los jacales”.
Integrantes de la Unión de Colonos Solicitantes de Vivienda Trabajadores del Campo y la Ciudad “Tierra y Libertad de Zacatecas” denunciaron la realización de un desalojo violento por parte de la presidencia municipal de Guadalupe en la colonia Ampliación Minas que se ubica sobre el Cerro San Simón, en aquella demarcación.
En la versión de la CDHEZ sobre los hechos sostiene que “no nos consta que hubiera viviendas ni que hubiera desalojo” y tampoco le consta que existiera o no, una orden de un juez para ejecutar el citado acto de autoridad.
“No pudimos dar fe de algo construido y que lo tumbaron. Solamente podemos dar fe que estaban unos camiones recogiendo escombros (…) No había pertenencias de las personas, me comentan que había un colchón pero muy deteriorado, y otras cuestiones pero ya muy deterioradas; no usables pues”, afirmó Domínguez Campos.
Precisó que el organismo sí realizó un interrogatorio a funcionarios de la presidencia municipal de Guadalupe acerca de las razones de su presencia en el lugar, quienes aseguraron que el ayuntamiento era propietario de los predios “y que estaban haciendo labores de limpia, nada más”.
En el acta circunstanciada que levantó la CDHEZ se adjuntaron copias de documentos que sí exhibió la presidencia municipal de Guadalupe: una denuncia penal por el delito de “despojo de bien inmueble y el que resulte” contra una serie de personas, actas de inspección de agentes del Ministerio Público “donde se hace notar que no habita persona alguna en el lugar”, y copia de un documento que acreditaría la propiedad en su favor.
Domínguez Campos precisó que la CDHEZ fue convocada por un abogado de las personas presuntamente afectadas y que la denuncia penal que exhibió el ayuntamiento de Guadalupe fue interpuesta ante la PGJE desde septiembre de 2016, asimismo, que la copia de la escritura del predio que consta en el expediente exhibe en el reverso una leyenda con la “inscripción en tal volumen del libro tal, de la sección tal”.
Dijo María de la Luz Domínguez Campos, que a la llegada al lugar de Flavia Carrillo encontró a un grupo de mujeres a quienes la visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas preguntó si era su deseo interponer en ese momento una queja ante el organismo.
“Entonces ya no se pudo percibir nada. Lo que se hizo fue tomarles los datos a las señoras y preguntarles si era su deseo interponer una queja y que ellas quisieran explicar alguna circunstancia, y las personas dijeron que no era su deseo en ese momento interponer una queja y hasta ahí se quedó la intervención”.
La presidenta de la CDHEZ quiso “dejar claro que están las puertas abiertas para que las personas que consideren que se les haya violentado algún derecho (por los actos ejecutados por la autoridad el pasado 13 de julio en el Cerro San Simón) acudan a interponer una queja formal y entonces se haga una investigación”.
“Ésta habrá de sustanciarse de manera objetiva, imparcial y apegada a la legalidad. Y también si es así el caso, habrá de solicitar todos los documentos a la autoridad a través de un informe” y recibir los que los presuntos afectados quieran presentar.
