La inercia de la violencia en Zacatecas
La pacífica y tranquila Zacatecas pareciera que ya no volverá, se ha perdido entre los gobiernos veleidosos, populacheros, desarraigados, narcisistas o inexpertos para enfrentar el arribo de nuevos fenómenos sociales y entre contagio de un país lleno de cementerios en muchas entidades federativas, a causa de la violencia.
El Zacatecas de hace casi 30 años no tiene nada que ver con el actual. En aquellos años de la década de los 80, era muy criticable que el jefe de la entonces Policía Judicial, anduviera por la calle con la pistola fajada al cinto.
Los zacatecanos se incomodaban, se enfadaban, porque argumentaban “no es necesario andar así en Zacatecas, aquí somos muy tranquilos”.
Y en efecto, así era, sobre todo después de la legendaria Toma de Zacatecas, en donde se apilaban los cadáveres en las calles, en las carretas, luego de la batalla en la que Francisco Villa tomó la ciudad y le dio un giro histórico a la lucha armada en contra del traidor Victoriano Huerta.
Después Zacatecas viviría otra época violenta en algunos de sus municipios, cuando se dio el conflicto entre la Iglesia y el Estado, lo que el investigador Jean Meyer investigó con profundidad y que se conoce como La Cristiada.
En estos dos episodios dramáticos muchos zacatecanos dejaron sus casas, sus tierras, sus propiedades y salieron del estado. Se refugiaron en otras entidades y se adaptaron a otras sociedades huyendo de la persecución.
Pero hubo otro acontecimiento que devastó a la población, la epidemia del tifo que acabó con aproximadamente 30 mil zacatecanos entre 1916 y 1917, al quedar en la capital del estado solo unos 15 mil habitantes.
Zacatecas ha sido sacudida traumáticamente por distintos acontecimientos armados pero también por pandemias que han contribuido a su subdesarrollo, pues si a ello agregamos el fenómeno migratorio por la falta de condiciones para encontrar un empleo, nos explicamos en parte la situación que prevalece en un estado que aspira a incorporarse al desarrollo de la región.
Pero los fenómenos de violencia que hoy vivimos en la entidad son inéditos y tal parece que los gobernantes, responsables de proporcionar tranquilidad y protección a la sociedad gobernada, son incapaces de garantizarlas.
Están más preocupados por dos razones que son parte de la mentalidad de las nuevas generaciones políticas: escalar hacia otro puesto de representación popular o al gabinete presidencial y enriquecerse estúpidamente, a costa de la pobreza en la que siguen hundiendo al estado y a su imagen personal. Los gobernados no les importan.
En el estado ya es vida cotidiana la desaparición forzada no solamente de ciudadanos de a pie sino de policías municipales, custodios del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas e incluso, de la propia directora de dicho centro, Fabiola Quiroz Zárate.
El 22 de agosto de 2012 un grupo armado integrado por ocho personas sacaron de su domicilio particular en Fresnillo, Zacatecas, a la entonces directora del Cereso, quien se encontraba con su sobrino, quien realizaba la función de escolta y una mujer que le acompañaba.
Nunca más se supo de ella ni de sus acompañantes. El 7 de diciembre de 2011 había sido nombrada directora del Cereso, en donde estuvo solo ocho meses. Había sido la primera mujer –y hasta el momento la última- que dirigía un penal en el estado. Tenía 43 años de edad.
La última acción que se hizo en su favor fue la declaración del entonces gobernador Miguel Alonso, quien al siguiente día señaló ante la prensa local que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) que atrajera el caso. Nunca más se supo de alguna otra acción, tampoco si la dependencia intervino en las investigaciones.
En el Cereso de Cieneguillas han ocurrido hechos que parecieran chuscos si no fueran preocupantes.
El jueves pasado se fugó un reo, originario de Mapimi, Durango, quien cortó con una segueta los barrotes de su celda, cargó con un bulto de cobijas y atravesó varias zonas del centro penitenciario para subirse a la barda perimetral con una altura de 20 metros y descolgarse para huir.
Nadie vio la introducción del artefacto y menos aún, escuchó el ruido de la sierra cuando partía los barrotes durante días y noches. Nadie lo vio cargar con las cobijas y atravesar los módulos de seguridad, el patio y trepar la barda perimetral para atorar la cobija y descolgarse para huir.
¿Quién lo cree?
En septiembre de 2016 Semáforo Delictivo dio a conocer que Zacatecas agregaba el mayor número de “semáforos rojos” en la acumulación global de delitos de alto impacto como homicidios, secuestro y violación sexual.
En diciembre de ese mismo año, fueron encontrados los cuerpos de cinco mujeres ejecutadas adentro de una camioneta Equinox en el municipio de Juan Aldama.
Un mes antes, en un restaurant de la carretera Calera-Fresnillo, cinco mujeres fueron baleadas. Cuatro murieron en el instante y una más en el hospital.
Las ejecuciones de mujeres han continuado. Este fin de semana se sumaron otras dos a la larga lista de féminas ultimadas de manera violenta.
El pasado 22 de marzo ante el gabinete formal y ampliado el gobernador Alejandro Tello Cristerna –“Me comprometí dar seguridad a los zacatecas y lo voy a cumplir”- presentó la Estrategia Estatal de Prevención Social a la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, acto en el que se comprometió a dar una evaluación trimestral. No se ha cumplido.
El 14 de junio del año en curso el secretario de Seguridad Pública, general Froylán Carlos Cruz, presentó su renuncia al gobernador zacatecano –“buscando sobre todo el bien de Zacatecas, que es lo que me importa”-. Lo sustituyó en el cargo Ismael Camberos Hernández, con una larga trayectoria en la Policía Federal.
Hasta el momento, enero del presente año ha sido el más violento del que se tenga memoria. 75 homicidios dolosos fueron registrados durante este período pero el primer trimestre de este año, enmarcó un crecimiento importante en los hechos sangrientos de impacto.
Nada ni nadie ha podido frenar o al menos, atenuar la tendencia alcista de los asesinatos y ejecuciones en Zacatecas. Tampoco los delitos comunes han sido frenados por las policías preventivas que presentan una gran fragilidad en los 58 municipios del estado, en tanto que el autogobierno se fortalece en los centros de readaptación social.
El fenómeno de la violencia escala y si no se presenta una estrategia eficaz de contención, podría generar no solo inestabilidad social, sino un franco deterioro en la imagen del estado y de su gobierno.
Mientas tanto la inercia de la violencia anticipa cambios sustanciales en la convivencia social.
Al tiempo. ■
@juangomezac
