Como diputados, nuestra obligación primordial es hacer, reformar o derogar leyes. Desafortunadamente, los vicios del poder han deformado la labor parlamentaria, y mucho del tiempo que debería ser invertido en el estudio de normas jurídicas que impacten en la mejora de vida de los ciudadanos, pasa a segundo término; se privilegia la entrega de dadivas con fines electoreros.
Es común escuchar de los ciudadanos que los diputados son flojos y corruptos. Un importante sector de la población cree que un legislador únicamente se dedica a acudir a las sesiones para levantar su mano y votar a favor o en contra de tal o cual disposición. En el informe legislativo 2017, del Instituto Mexicano para la Competitividad, se cita el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México 2015, el cual destaca que el 82 por ciento de los mexicanos no confía en los diputados.
Aunque como en todo, pueden existir representantes populares que hagan honor a esas características, también estamos los que honramos nuestra función como miembros del Poder Legislativo, y podemos afirmar que la tarea de un diputado es exhaustiva.
Uno de mis objetivos primordiales ha sido impulsar la productividad, y generar un trabajo eficiente y eficaz, para así entregar resultados positivos a la ciudadanía zacatecana.
Algunas reformas propuestas por su servidora, y avaladas por el pleno, contribuirán en gran medida a que el trabajo se vea fortalecido en cuanto a producción legislativa, combate al rezago, y prontitud en la resolución de asuntos turnados a las comisiones, factores que sin duda distinguirán a esta legislatura positivamente en cuanto a ejercer una actividad dinámica.
Una propuesta que hice consiste en la aplicación de la figura jurídica de la “afirmativa ficta”, a fin de aplicarse en casos de omisión de dictamen de alguna comisión legislativa dentro del plazo normativo.
Era urgente buscar una alternativa que ayudara a evitar el problema histórico de acumulación de iniciativas sin dictaminar en comisiones. La propuesta no se avaló con esta figura jurídica, pero si con la de preclusión, que consiste en la pérdida de la facultad de dictaminación una vez que se ha agotado el término ordinario, en perjuicio de la comisión de turno primordial, por lo que presentado el caso, será la Mesa Directiva de la Legislatura quien deba incluir el asunto en el orden del día de la sesión para que –por mayoría absoluta– sea aprobado y, de no ser así, se mande al archivo.
Otra característica de mi propuesta de reforma a la Ley Orgánica era para ampliar el periodo de duración de la Mesa Directiva, a fin de dar estabilidad a los miembros y así lograr continuidad a una planeación legislativa de mediano plazo, pero no fue avalado.
Así mismo, planteaba que la Comisión legislativa de Vigilancia fuera presidida por un diputado del partido de primera minoría, lo cual se hubiera convertido en una herramienta para garantizar una mayor imparcialidad en la rendición de cuentas, sin embargo tampoco pudo prosperar esta alternativa.
Un planteamiento que sí logró el consenso, es para que ciertos temas puedan ser considerados como prioritarios a dictaminar en el seno de las comisiones. Un ejemplo es el relacionado con la designación de contralores municipales, lo que representa un conflicto recurrente en el Poder Legislativo, y que debiera contar con una decisión expedita y oportuna, ya que de lo contrario se generan vacíos en la función primordial de vigilar los recursos públicos, lo que además implica consentir circunstancias al margen de la ley. Tradicionalmente el orden de dictaminación de iniciativas y otros asuntos turnados a cada comisión, está regido por el tiempo cronológico en que fueron turnadas, pero ahora podrá darse prioridad a los temas cuya materia demande urgente resolución por ser de interés general, y para el buen funcionamiento de la Legislatura.
Aplaudo que aunado a estas iniciativas, se haya tenido a bien votar a favor la propuesta de mi compañero de bancada Samuel Reveles Carrillo, cuyo propósito es reducir el plazo de dictaminación de las iniciativas de punto de acuerdo, de 40 a 20 días. Aunque es necesario aclarar que mediante una reserva, el plazo aprobado finalmente fue de 30 días, y aunque la acotación de tiempo no fue del todo la deseable, si fue la posible, y se dio un paso adelante.
Reconozco que además se haya aprobado la iniciativa del diputado Luis Medina Lizalde para mejorar el mecanismo de enajenación de bienes patrimonio de la Legislatura del Estado. Con esto se logrará erradicar actos que vulneren el estado de derecho y que concluyen en acusaciones públicas. La enajenación de bienes de este poder, se deberá hacer ahora mediante el voto de mayoría calificada.
Sí, hay grandes avances en esta legislatura; estos son sólo algunos, en próximas ediciones hablaremos de más logros en tan sólo un año de trabajo.
