La discusión legislativa en materia de seguridad interior ha sido impactada por el reciente escándalo provocado por la publicación, en el periódico New York Times, de una investigación sobre la utilización de un software, llamado Pegasus, adquirido por el gobierno a una empresa israelí, capaz de infiltrarse en los celulares para controlar la cámara, el micrófono, fotos, mensajes, etc. para espiar las comunicaciones privadas de diversos periodistas, activistas de derechos humanos, políticos y organizaciones de diverso tipo.
Organizaciones de sociedad civil y académicos diversos han señalado que las iniciativas presentadas en el Congreso para emitir una Ley de Seguridad Interior buscan normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública contraviniendo las recomendaciones internacionales y, además, propiciarían una ampliación de las formas en las que podemos ser sujetos de espionaje en nuestro país. El artículo 28 de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por diputados del PRI, otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad de realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.
Por su parte, la iniciativa presentada por la bancada panista en el senado, si bien acota las facultades de vigilancia al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y contempla algunos controles, como la necesidad de autorización judicial, también establece obligaciones vagas y amplias a empresas de telecomunicaciones e Internet que pueden comprometer el derecho a la privacidad.
Desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, se ha pretendido justificar la normalización de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, argumentando la debilidad de las fuerzas civiles de policía, sin embargo, la iniciativa no justifica la razón por la cual resultaría necesario que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia que le corresponden a autoridades civiles. Va quedando cada vez más claro que el gobierno mexicano ha adoptado la doctrina de seguridad nacional elaborada por el gobierno norteamericano, que contempla el involucramiento mayor de los militares mexicanos en tareas ajenas a las contempladas en la doctrina mexicana de seguridad nacional.
En este sentido, es indispensable exigir que, en caso de expedirse una Ley de Seguridad Interior, se elimine cualquier posibilidad de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo intervenciones de espionaje en la atención de amenazas a la seguridad interior. Cualquier intervención en las comunicaciones privadas que lleve a cabo alguna autoridad civil, debe estar regulada de conformidad con estándares de derechos humanos como la autorización judicial que evalúe su necesidad y proporcionalidad, así como contar con mecanismos de rendición de cuentas como la transparencia, la supervisión independiente y el derecho de notificación.
