El servicio público conlleva una alta responsabilidad. Tener la oportunidad de representar a un determinado sector de la población, significa que la persona a quien se le otorgó esta encomienda mediante el sufragio, debe convertirse en portavoz; requiere exponer las necesidades más apremiantes de ese grupo social y contribuir en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas.
Se equivocan quienes buscan en el ejercicio político la oportunidad de acceder a riquezas materiales. La política debe entenderse como la actividad que te permite servir a la población, no servirte de ella.
Desafortunadamente, en México la mayoría de la clase gobernante aún no ha entendido esto, y amparándose en el fuero político, han incurrido en una serie de actividades ilícitas bajo la protección del Estado.
Recordará estimado lector aquellas imágenes de septiembre de 2010, cuando el michoacano Julio César Godoy Toscano, quien era perseguido por la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con el crimen organizado, entró al edificio de San Lázaro escondido en un automóvil, pasando así los retenes impuestos por la Policía Federal que buscaba detenerlo e impedir que tomara protesta. Este sujeto, quien además era medio hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pudo ganar tiempo con el fuero que se le otorgó al rendírsele protesta como diputado federal, y después se convirtió en prófugo de la justicia.
Este es sólo un ejemplo de los latrocinios que se pueden cometer bajo el amparo de una figura jurídica, que en esencia nació para evitar que los opositores de algún gobierno fueran reconvenidos por la libre manifestación de sus opiniones.
Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Veracruz, Ciudad de México, Querétaro y Campeche, son de las entidades que se han determinado a cumplir con la exigencia ciudadana de eliminar el fuero a los funcionarios, a fin de que puedan ser procesados si cometen delitos.
A nivel federal se tiene detenida esta disposición, a pesar de que fue uno de los compromisos que se hicieron en el denominado “Pacto por México”, el cual signaron en 2012 el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos de oposición. El tema sigue atorado en la cámara porque el PRI quiere que el presidente mantenga su inmunidad procesal.
En el Estado de Zacatecas se han presentado ya 3 iniciativas. Dos pretenden la eliminación real del fuero; la otra sinceramente es mera simulación. La primera propuesta fue presentada por la diputada de Encuentro Social, Iris Aguirre, y la otra por el coordinador del grupo parlamentario de MORENA, Luis Medina Lizalde. Sin embargo ambas permanecen en la congeladora. La tercera recién la presentó el bloque oficial, con ello al fin se abrirá el debate, pero su iniciativa no tiene como objetivo la eliminación del fuero, sino la modificación de la declaración de procedencia, el fuero se mantiene, y con su mayoría, el PRI y sus aliados lucharán por no perder ese privilegio.
Debemos dar un paso adelante, y tal como lo hemos hecho en materia electoral, en específico con las candidaturas independientes, tenemos que ser punta de lanza en este tipo de propuestas cuyo objetivo fundamental es acabar con la corrupción y la impunidad.
Otro asunto pendiente es la revocación de mandato.
“Si no cumplo me voy”, pregonaba el actual gobernador del Estado durante su campaña.
Una de las formas en que podría abandonar su encomienda, sería mediante la figura de la revocación de mandato. Sin embargo, y como ya es clásico en muchos actores políticos que se han dedicado a desprestigiar esta actividad, solo prometen y no cumplen. Alejandro Tello ha declarado que no ha impulsado esa iniciativa porque teme que se le dé un uso político.
La realidad es que en un régimen democrático se debe someter a la evaluación ciudadana el actuar de quienes fungimos como servidores públicos. Es necesario otorgar a la población el poder de decisión respecto a que si no se está cumpliendo con sus expectativas, tengan la facultad de determinar si el funcionario en cuestión puede permanecer o no en el encargo.
En octubre del año pasado, desde el grupo parlamentario del PT, presentamos una iniciativa en la cual se propone establecer como causal de revocación el incumplimiento de las promesas de campaña, y el parcial cumplimiento del plan de desarrollo, esto con el fin de que los candidatos a puestos de elección popular dejen de hacer promesas falsas para ganar elecciones. Hasta la fecha no se tiene un dictamen de esta iniciativa, como tampoco se tiene de la propuesta que desde septiembre de 2016 presentó MORENA.
En Zacatecas hay varios rubros en los que no se está cumpliendo, la seguridad es uno de ellos. La población zacatecana tiene el derecho de decidir sobre la continuidad de sus gobernantes.
Es irónico que aspiremos a reelegirnos, pero no a renunciar cuando no servimos. ■
*Diputada local de Zacatecas
