Miscelánea
Por fin el gobernador Alejandro Tello se dignó atender el asunto primordial de seguridad pública y ordenó el relevo del General Froylán Carlos Cruz, designando al Licenciado Ismael Camberos Hernández como nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado.
El historial académico y laboral del nuevo secretario y sus primeras opiniones para la creación de una “corporación estatal capacitada, profesional y científica” son motivo de esperanza fundada y la ciudadanía debe dar su voto de confianza, aunque desde luego no a ojos cerrados.
Claro que la mejoría no vendrá por inercia a partir del nuevo nombramiento. El secretario Camberos deberá poner toda su pasión en esta ingrata y difícil tarea que es la prevención del delito con todos sus alcances: Elaboración del mapa delictivo del estado (que al parecer ya lo tiene), las estrategias de vigilancia y disuasión, así como atención a los adictos, sin olvidar políticas sociales en favor de los sectores marginados.
Pero no únicamente el secretario Camberos debe atender su tarea con el mayor esmero. Hablar de Seguridad Pública significa referirse también a la Procuración de Justicia como segunda de cinco (prevención del delito, procuración de justicia, administración de justicia, readaptación del delincuente y reinserción social).
Al asistir a cualquier evento oficial del gobierno del Estado, los presidentes municipales y los funcionarios “de arriba”, llegan con chofer y escolta de entre tres a cinco elementos. Y, ¿sabe Usted de que corporación obtienen los funcionarios y presidentes municipales su “escolta”? ¡De la policía ministerial que depende de la Procuraduría General de Justicia y cuyos elementos deben estar dedicados al 100 por ciento a la investigación de los delitos!
Cada policía ministerial que es distraído de las funciones que por ley le corresponden y que no son otras que las de investigación de hechos delictuosos, es causa generadora de impunidad y es esta precisamente, la impunidad, el factor que más incide en la comisión delictiva. El delito es multicausal, pero la causa principal es la impunidad. Homicidio que no es esclarecido y castigado el responsable, significa el mejor aliciente para los delincuentes.
La tarea de optimización de los agentes de Policía Ministerial, corre a cargo del procurador general de Justicia del estado, quien tendrá que confrontar a los funcionarios y presidentes municipales al tener que negar las escoltas con cargo a su institución de procuración de justicia.
Hecho lo anterior, cada homicidio, cada secuestro, cada violación a las normas penales, deben ser investigadas hasta lograr su esclarecimiento y una vez identificado el responsable se ponga a disposición de los jueces. Los agentes del ministerio público, los peritos (policía científica) y los policías investigadores deben ser elementos bien pagados. El trabajo es además de excesivo de riesgo.
Corre a cargo del gobernador el aliciente económico donde debe darlo: Hoy, en tanto que un agente del ministerio público recibe de 13 a 15 mil pesos mensuales, un diputado local recibe ¡13 mil pesos diarios! La equidad es tarea urgente del gobernante. El aliciente y la justicia social se imponen. El gobernador tendrá el apoyo social para una causa de tal dimensión y si es contra el abuso de los que se dicen legisladores adelante…
El otro asunto, el que tiene que ver con la administración de justicia, es competencia de mi amigo Armando Ávalos Arellano, Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado.
No lo dicen los magistrados, ni los jueces, ni los empleados del Poder Judicial del Estado, pero el índice de asuntos que van cada día a la prescripción es, lo saben, muy alto. Como alto es el grado de impunidad que generan los homicidios y los secuestros que no llegan a los juzgados por la ineficiencia de los órganos encargados de procurar justicia.
Pero no sólo es el rezago judicial o la ineficiencia en la investigación ministerial. Desde el sexenio de Felipe Calderón se cargaron los compromisos del panista perverso para con el Comando Norte de los EE.UU., imponiendo el llamado Sistema de Justicia Penal Acusatorio o adversarial, que tantas alabanzas ha recibido y que hoy requiere con urgencia reformas. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en voz del Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, admite el crecimiento de incidencia delictiva, pero explicó “que se debe a la laxitud del nuevo sistema de justicia penal que es hipergarantista , que además pone a la víctima en la disyuntiva de volver a enfrentarse al presunto delincuente para que pueda quedar en la cárcel” El Universal 16 de junio.
La revisión de ese sistema procesal penal debe hacerse a fondo. La impunidad generada desde su imposición con la reforma constitucional calderonista implica la revisión desde el origen:
“De las directivas del NORTHCOM, al que México fue integrado con EE.UU. y Canadá en 2002, el complemento de esta política absorbente en términos geopolíticos reside la implementación de la reforma penal, cuyo núcleo es el proceso penal adversarial, más conocido como <juicios orales> en el sistema judicial mexicano”, dice Sergio González Rodríguez en “Campo de Guerra”. Edit. Alfaragua.
Contra la impunidad, la revisión integral de todo el Sistema de Seguridad Pública.
