■ Típico de los prelados de la Iglesia Católica y de otras religiones, “el tener una moral bastante doble”, opina el historiador
“La mayor parte de los mexicanos sabemos que no sólo gracias a la Constitución del 17, sino a otra tradición que viene 1857, hay una tajante separación de las iglesias y el Estado. Esta es una manera de vivir en modernidad y aceptar una vida en la República, que reconoce la existencia de individuos, para empezar, iguales ante la ley”, y que por tanto, son sujetos de derechos y obligaciones, dijo el historiador José Enciso Contreras al respecto de la inexistencia de fueros especiales a los que pudiera acogerse algún grupo o individuo en la sociedad mexicana.
El tema hace referencia al presunto encubrimiento por parte de la curia católica, de sacerdotes que han cometido delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, que volvió a surgir en el debate público a raíz de la reciente demanda que víctimas de pederastia interpusieron contra el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, a escasos dos días de su cumpleaños 75, que según el derecho canónico, le implicó presentar su renuncia ante el Papa.
La querella interpuesta ante la PGR por Alberto Athié y José Barba Martín, basa su argumentación en el reconocimiento público que hizo Rivera Carrera de haber sancionado a 15 sacerdotes por abusos sexuales cometidos contra menores, hechos que no obstante, no fueron denunciados ante las autoridades civiles como lo obliga la ley.
Enciso Contreras refirió que las sociedades más viejas y tradicionales como fue la mexicana en la época colonial, eran “corporativas, basadas no en la igualdad ante la ley, sino que la ley se encargaba de hacer desiguales a las personas” por razones raciales o por estatus, como el caso de los universitarios que tenían un tribunal especial al igual que los militares, pero ante todo, la Iglesia Católica fue la gran beneficiaria de este régimen de privilegio.
Observó que sin ruptura del esquema de privilegios donde un sector social tiene más derechos que otros, “es imposible imaginar un sistema de libertades, y ya ni siquiera un sistema democrático, de tal manera que actualmente por enésima vez, el pueblo de México ha optado por separar las iglesias y el Estado”.
Expuso que esto no quiere decir que el pueblo mexicano sea ateo, sino que ha entendido que la única manera de vivir en un régimen de libertades donde se pretende perfeccionar “este modelo rabón de democracia que tenemos”, es la República, donde no hay nadie que goce de fueros.
Al respecto trajo a colación los serios cuestionamientos que actualmente se esgrimen contra el fuero que han tenido los legisladores, al que refirió como “bastante reducido porque se da y se quita”, pero sobre todo, porque no es vitalicio como lo eran este tipo de protecciones en las sociedades antiguas.
El historiador y abogado descartó como argumento en que pudieran ampararse quienes realizan y encubren delitos sexuales cometidos contra menores de edad y que a la par se ostentan como líderes morales, “la objeción de conciencia”.
“No, sería ridículo…es que yo violo niños porque yo no creo que hay que respetar su integridad sexual…objeto en mi conciencia esa premisa. Es ridículo”.
Dijo al respecto del caso concreto de Norberto Rivera que es típico de los prelados de la Iglesia Católica, pero también de otras religiones, “el tener una moral bastante doble, es decir, juzgar con suma dureza la conducta de sus fieles y no juzgar siquiera con justicia la conducta de quienes dependen por lo menos laboralmente de ellos”.
Sostuvo que este tipo de conductas no quieren decir que toda la Iglesia Católica esté “endemoniada”, pero sí el que muchos de sus integrantes hacen un ejercicio indebido del poder que tienen sobre la conciencia de otras personas, a las que tampoco eximió de responsabilidad, pues dócilmente “se someten a los dictados injustos, crueles en muchos casos, de ciertos curas que se pasan francamente de la raya”.
Observó por otro lado que la influencia de las iglesias sobre sus fieles tiene como sustento una fe muy ciega, “que es la mejor fe para quien pretende conducir personas, dominar su vida privada y pública”.
“El fiel” promedio, dijo, “vive todavía temeroso de las penas del infierno (…) pensando en salvar su alma en el cielo” y por tanto, sabe que “atentar” contra un ministro de dios,” le puede significar un boleto directo y sin escalas al infierno”.
“Entonces esto limita mucho la conducta de los fieles, que han llegado a ser objeto de este tipo de tratamiento criminales por parte de los curas. No hay más que ver el caso de –Marcial- Maciel que es el que nos toca como mexicanos, y a la iglesia universal en lo general”.
Recordó que este personaje se volvió emblemático de los casos de abuso sexual que se verifican al interior de las iglesias.
“A ese monstruo le empezaron a llover denuncias y reclamaciones cuando un puñado de valientes señalaron que en su infancia habían sido toqueteados o francamente violados por él”.
“Entonces ya se viene una especie de cascada de denuncias y de conciencia de la gente para tratar de buscar justicia, que nunca llegó, ni por parte de la autoridad civil ni por parte de la autoridad papal, jamás, sabiéndolo pues”, enfatizó.
El sometimiento de los fieles y la protección de la curia, ha sido causa de una impunidad inmersa en una cifra negra y como tal “incontable pero imaginable de abusos contra menores”.
Lo que preocupa de las prácticas de encubrimiento es la complicidad por parte de la jerarquía católica, “cuando conocen que sus hermanos o sus colegas están actuando no solamente contra los preceptos morales básicos sino contra la ley”.
Reiteró que la ley penal obliga a todos los ciudadanos, sean clérigos o no, conocedores de la comisión de un delito, a comunicarlo a las autoridades para perseguir la impunidad y acabarla, por “lo que nadie puede hacerse de la vista gorda o que le habla Juan Dieguito para no denunciar”, pues en caso contrario, tiene una responsabilidad criminal que debe reclamársele.
José Enciso Contreras propuso desde “un buen sentimiento ético, ya que parece que lo religioso no pesa en estos casos”, que quienes ostentan la autoridad eclesiástica debieran ser ni rudos ni drásticos sino simplemente “ciudadanos” en el cumplimiento de una obligación “que la ley penal nos impone.
Esto es exigible no solo a los clérigos sino incluso a ellos, “debe esperarse esta conducta cívica. No que recen por el arrepentimiento, eso no viene ni al caso (…) si queremos vivir en una sociedad donde se obedezca la ley, en donde se persiga y se trate de eliminar la impunidad, bueno, entonces habrá que someternos ´todos’ a ese imperio de la ley”.
Según informó el pasado domingo en entrevista el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, no ha tenido conocimiento en los cuatro años y medio que tiene al frente en el encargo, de casos de abuso sexual a menores, y por tanto, no ha enterado a las autoridades civiles de la comisión de alguno de estos delitos que hubieren sido cometidos por parte de los sacerdotes que la conforman.
