Miscelánea
7.-El 2 de Julio del 2012 se comete otro fraude electoral y por segunda vez en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador, comprando millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones de pesos antes y durante el proceso electoral.
18.- Cuatro partidos nacionales suscriben el llamado “Pacto por México”. Se trata de un acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México en el que participan:
1.- Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
2.- Gustavo Madero Muñoz, Presidente del Partido Acción Nacional.
3.- Cristina Díaz Salazar, Presidenta Interina del Partido Revolucionario Institucional.
4.- Jesús Zambrano Grijalva, Presidente del Partido de la Revolución Democrática.
5.- El Partido Verde Ecologista de México, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del acuerdo el 28 de enero de 2013.
Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos como:
1) Reforma Laboral
2) Reforma educativa
3) Reforma fiscal y hacendaria
4) Reforma en telecomunicaciones
5) Reforma al sector salud.
6) Reforma energética y,
7) Ley General de aguas.
19.- El 11 de Diciembre del 2013 el PRI, PAN, PVEM y PANAL aprobaron la Reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a empresarios privados.
20.- El 4 de Marzo del 2015 el PRI, PAN y PVEM, aprobaron la Ley general de aguas, que no es otra cosa que la entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales.
21.-La mancuerna PRI-PAN aprueba en el Senado que agentes de EU porten armas en territorio nacional.
Todo lo anterior no es más que una muy pequeña semblanza del carácter delincuencial de los partidos políticos neoliberales al servicio de la oligarquía, amén de los gigantescos atracos al presupuesto nacional por parte de las élites económicas y políticas del país.
TABULADORES Y TRANSPARENCIA FINANCIERA
La opacidad, el abuso y la desviación de los recursos públicos que fue referente en el gobierno de Miguel Alonso Reyes, se reproduce en el gobierno de Alejandro Tello. Los medios informativos, dan cuenta el día de ayer de sueldos y bonos, asignados de manera selectiva bajo un supuesto estímulo por productividad.
Sin que exista ningún referente para determinar lo que se entiende como estímulo a la productividad ni mucho menos la forma en que es medido, lo cierto es que la diferenciación económica entre funcionarios obedece, más que nada, a la cercanía del funcionario para con el gobernador.
Los informes de la Secretaría de Finanzas hacen aparecer a un gobernador que recibe sumas menores que muchos de sus colaboradores. Eso va para quien quiera creerlo. Los bonos son subrepticios, se entregan sin sumarlos al salario y su principal característica es la opacidad. ¿En realidad el jefe del ejecutivo percibe menor cantidad que muchos de sus funcionarios? Mientras el bono de la secretaria de gobierno lo es por la cantidad de 52 mil pesos, el que corresponde al gobernador es por 30 mil. ¿Lo cree?
Aparecen enlistados como productivos una serie de personajes ajenos a cualquiera de las dependencias del gobierno, parientes de funcionarios federales o de dirigentes del Partido del gobernador. Personajes que no radican ni siquiera en la entidad. En este caso hay delito ¿procederá la procuraduría? Obviamente no por la dependencia jerárquica del procurador respecto del gobernador que autorizó el pago ilícito y que se coloca también fuera de la ley.
La única posibilidad de corregir a futuro el asunto de los “bonos de productividad”, es, lo hemos dicho, la creación de una Ley General de Tabulador de Sueldos que emita la Legislatura y que obligue en plazo perentorio a todas las dependencias del gobierno del estado y municipios, incluyendo organismos descentralizados, a elaborar sus respectivos tabuladores, mismos que se harán públicos y donde se precise la cantidad anual que, incluyendo otras prestaciones diferentes al salario recibe cada servidor público.
No puede ni el gobernador, ni presidentes municipales ni funcionario alguno modificar los tabuladores, que pueden ser motivo de actualización de acuerdo a la depreciación del peso.
Entregar o recibir mayor cantidad que la especificada en el tabulador constituye delito, por lo cual debe crearse en el Código Penal el tipo respectivo y su sanción.
Esa es la idea, pero como dice la canción: se me olvidaba que, son precisamente los diputados quienes reciben bonos por cantidades que van arriba de los 200 mil pesos, lo que suma entre dieta y otras prestaciones la cantidad de $385mil 688.73 pesos mensuales.
Aquí el dilema: ¿Habrá decencia y honestidad en el cuerpo legislativo para encausar la Ley General de Tabulador de Sueldos, aun cuando ello implique un auto -sacrificio? La otra posibilidad es que el gobernador formule la iniciativa de ley ¿Quién lo hará?
